WASHINGTON (CNS) — El gobierno de los Estados Unidos anunció el 12 de agosto un plan para negar estatus de inmigración legal permanente a personas que usan fondos públicos como cupones de alimentos o vivienda pública.
La noticia no fue una sorpresa ya que los funcionarios de la administración habían estado discutiendo públicamente durante meses instituir una política de “carga pública” que perjudicaría las posibilidades de los inmigrantes para obtener residencia permanente, ciudadanía e incluso amenazó con la deportación de aquellos que se inscriben para recibir beneficios públicos.
La organización National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes de Inmigración) dice que el término “carga pública” en la ley de inmigración se refiere a “una persona que depende principalmente del gobierno para sobrevivir”, y explicó que la nueva regla “ampliaría la definición de quién debe ser considerado una carga pública” para incluir a los inmigrantes que usan uno o más programas gubernamentales enumerados en la regla propuesta “.
Aunque los inmigrantes han tenido que demostrar su autosuficiencia para obtener la residencia permanente, la expansión de la definición agregaría un obstáculo para algunos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos una vez mas expresó su oposición a esta norma en un comunicado de prensa publicado el 13 de agosto pasado, aunque ya había argumentado durante mucho tiempo en su contra y en septiembre de 2018 dijo que tal acción “evitaría que las familias accedan a importantes servicios médicos y sociales vitales para la salud pública y el bienestar”.
La nueva política entrará en vigencia en 60 días, aunque se espera que sea impugnada en los tribunales. De no serlo, denegará a los solicitantes de residencia legal permanente y otros beneficios de inmigración, como visas, si usan asistencia alimentaria.
No afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen residencia permanente, ya que no tiene carácter retroactivo.
