VALENCIA, España (CNS) — Los líderes de la iglesia española manifestaron preocupación por el futuro de su país, luego de que el gobierno se comprometió a legalizar la eutanasia, secularizar la educación y despojar a la iglesia de “activos indebidos”.
“España enfrenta una situación crítica, una verdadera emergencia para nuestro futuro”, les dijo el cardenal Antonio Cañizares Llovera de Valencia a los católicos en una carta pastoral. Pidió que se realicen oraciones y misas especiales para ayudar a España “mientras se aclara este futuro incierto”.
La carta, fechada el 4 de enero, estuvo circulando justo antes de que el presidente del gobierno Pedro Sánchez formalmente entrara en funciones el 8 de enero como líder de un gobierno de coalición, el primero en España desde la recuperación de la democracia en 1978. Sánchez había sido presidente del gobierno provisional desde inicios del 2019.
El cardenal Cañizares dijo que sus advertencias no eran “retórica o drama estéril”, sino un llamado a la iglesia a “dar testimonio de Cristo con palabras y hechos” y ayudar a “construir una nueva mentalidad y una nueva España”.
Otro arzobispo dijo que le estaba pidiendo a María que “salvara a España”.
El arzobispo Jesús Sanz Montes de Oviedo dijo el 8 de enero en un tuit: “La incertidumbre se dibuja en el horizonte, pero sabemos que el sol se levantará detrás de las nubes y las tormentas. …El sol devolverá el color después de toda la torpeza, mentiras y vanidad que nos acosan”.
El acuerdo de los partidos de coalición, calificado por algunos medios como “frágil”, propone una legislación que permita “la eutanasia y una muerte digna” pagadas con fondos públicos y una gama de “políticas feministas”, así como una mayor degradación de las conmemoraciones del ex dictador español, Gral. Francisco Franco.
También “facilitará la recuperación de activos registrados incorrectamente en la iglesia” y garantizará “la secularidad y neutralidad del estado hacia todas las denominaciones religiosas”, eliminando la enseñanza religiosa de los currículos escolares y mejorando la educación sexual integral.
En un mensaje a Sánchez, quien rechazó el tradicional juramento con la mano sobre una Biblia y un crucifijo en la toma de posesión, el cardenal Ricardo Blázquez Pérez de Valladolid, presidente de la conferencia episcopal, dijo que los líderes de la iglesia ofrecerían una “colaboración leal y generosa” para ayudarlo a “trabajar al servicio del bien común”, porque creen que “la auténtica vida religiosa contribuye al bien general de la sociedad española”.
Sin embargo, en una declaración de noviembre, la conferencia advirtió que al restringir la educación religiosa se corre el riesgo de violar los derechos básicos en el país, donde los católicos representan aproximadamente el 67 por ciento de los 47 millones de habitantes.
En diciembre, el presidente del Foro Católico Español de la Familia acusó al gobierno interino de Sánchez de “métodos totalitarios” e instó a los ciudadanos preocupados por “la familia, la vida y la libertad” a impedir sus reformas.
La confederación de escuelas católicas de España, Escuelas Católicas, que emplea a más de 82.000 maestros en más de 5.000 escuelas, también acusó a Sánchez de “romper el consenso social” con las planeadas restricciones a la enseñanza religiosa. Dijo que el derecho de los padres a elegir “la capacitación religiosa y moral en línea con sus convicciones” estaba garantizado por la constitución, así como por las regulaciones de la Unión Europea y el derecho internacional.
El semanario católico de España Alfa y Omega dijo el 9 de enero que la promesa del nuevo gobierno de luchar contra el cambio climático y la trata de personas, y aplicar “una política de inmigración justa y solidaria” podría acercarlo a la doctrina social de la iglesia.
Sin embargo, agregó que la coalición “incongruente y volátil” de Sánchez también corría el riesgo de polarizar la vida política.
