WINDSOR TERRACE – Las imágenes de la frontera entre Estados Unidos y México en Del Río muestran una escena sin precedentes: Más de 10.000 migrantes hacinados bajo el puente internacional de la ciudad en busca de asilo, y muchos más que continuamente atraviesan las aguas del río Grande con el mismo deseo.

Lo que comenzó con unos 2.000 migrantes cruzando a Del Río hace dos fines de semana ha desbordado por completo a las autoridades fronterizas a finales de la semana pasada. El número total de migrantes -en su mayoría haitianos- reunidos bajo el puente alcanzó el lunes un máximo de más de 14.000.

“Es una crisis humanitaria”, dijo el arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller.

El gobierno de Biden anunció el sábado que comenzaría rápidamente la deportación a través de los vuelos de expulsión hacia Haití y otros países de los que provienen los migrantes, negándoles el derecho de asilo. Esto es posible en virtud del Título 42, una política promulgada el año pasado que permite la expulsión de migrantes por razones de salud. El presidente Biden permitió que la política de la era Trump continuara.

Unos 300 haitianos, en su mayoría adultos solteros, llegaron de nuevo a Haití en tres vuelos de expulsión que despegaron el domingo.

Se espera que el número de flujos de expulsiones aumente a lo largo de la semana. El gobierno federal se encarga de los menores no acompañados, y remite a las familias a organizaciones como Caridades Católicas.

El obispo Nicholas DiMarzio de Brooklyn calificó las imágenes de Del Río como “desgarradoras”. En su opinión, se podría haber utilizado un enfoque más humano.

“Deberíamos echar una mano en lugar de agitarla para decirles ‘desaparece, vete'”, dijo el obispo DiMarzio. “Hay cosas que podrían hacerse. Algunos procesos que permitan entender la historia cada persona individualmente.”

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El senador Ted Cruz (republicano de Texas) afirmó en una entrevista que el problema se agravó el 8 de septiembre, cuando el gobierno de Biden canceló los vuelos de deportación a Haití y las personas programadas para salir “sacaron sus teléfonos, enviaron mensajes de texto a sus amigos, enviaron mensajes de texto a sus familias y en ocho días esas 700 personas bajo el puente pasaron a … 10.503.”

“Es una crisis en nuestra frontera sur”, dijo, “porque Joe Biden y Kamala Harris se niegan a hacer cumplir la ley”.

El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajó a Del Río el lunes y enfatizó que la frontera “no está abierta”. También tuvo un mensaje punzante para los haitianos sobre la información falsa que pueden haber recibido.

“Estamos muy preocupados porque los haitianos que están tomando este camino de migración irregular están recibiendo información falsa de que la frontera está abierta o que el Estatus de Protección Temporal (TPS) está disponible”, dijo Mayorkas. “Quiero asegurarme de que se sepa que esta no es la forma de venir a Estados Unidos. Esa información es falsa”.

El TPS es un programa federal que permite a los inmigrantes vivir y trabajar en Estados Unidos porque no es seguro que regresen a su país de origen.

Además de los 55.000 haitianos acogidos ya al TPS, el gobierno federal introdujo en mayo una nueva designación de TPS para Haití que permitía a otras 100.000 personas solicitarlo.

Para ser elegibles, los haitianos tenían que demostrar que estaban presentes de forma continua en los Estados Unidos desde el 3 de agosto de 2021.

Los individuos que intentaron viajar a los Estados Unidos después de esa fecha no son elegibles para el TPS, y están sujetos a la expulsión o remoción.

Las personas que están siendo enviadas de vuelta a Haití se enfrentan a circunstancias terribles. La pequeña nación caribeña se ha visto sacudida por dos acontecimientos catastróficos en los últimos meses: El presidente Jovenel Moïse fue asesinado el pasado mes de julio, seguido de un terremoto de magnitud 0,2 ocurrido en agosto, que destruyó edificios y casas y mató a miles de personas. Asimismo, grupos delictivos han invadido la capital, Puerto Príncipe, y han bloqueado las principales arterias, impidiendo que la ayuda humanitaria llegue a Les Cayes, la comunidad remota más cercana al epicentro del terremoto del 14 de agosto.

Los expertos creen que los haitianos que se encuentran en Del Río pueden haber abandonado su país ya en 2010, tras el grave terremoto de ese año. La idea es que a lo largo de los años han acudido sistemáticamente a Sudamérica y Centroamérica, y ahora, con la pandemia de COVID-19 que limita las oportunidades económicas en esos países, han decidido hacer el viaje a través de México hasta llegar a Estados Unidos.

Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, señaló que los vuelos de expulsión son una respuesta sistemática de la administración de Biden a la oleada de inmigrantes ilegales que se ha producido a lo largo del año. Sin embargo, dijo, no deja de ser impactante.

“Teniendo en cuenta que estamos haciendo esto justo después del terremoto en el contexto general de la disfunción en Haití, resulta increíble”, dijo Corbett. “Esto debería sacudir realmente nuestra conciencia, y debemos ayudar a los refugiados que merecen la oportunidad de presentar solicitudes de protección en la frontera”.

Uno de los mayores retos para las autoridades federales, estatales y locales a la hora de controlar la última afluencia de migrantes es el lugar donde se produjo. Del Río es una pequeña parte de la frontera; no tiene la capacidad de gestionar el elevado volumen actual de migrantes, a diferencia de otras ciudades fronterizas más grandes de Texas, como Brownsville, McAllen y El Paso.

Por ejemplo, en McAllen, el Centro de Apoyo Humanitario de Caridades Católicas del Valle del Río Grande tiene capacidad para atender a unos 1.200 inmigrantes a la vez, y últimamente ha ayudado a entre 800 y 900 diariamente. Del Río no tiene una instalación con esa capacidad.

Antonio Fernández, presidente y director ejecutivo de Caridades Católicas San Antonio, dijo que en los últimos dos años ha habido un flujo de 50 a 200 migrantes en el puerto de entrada de Del Río “de forma regular”, pero lo que está ocurriendo ahora ha “desbordado todo el sistema en el suroeste de Estados Unidos”.

El obispo García-Siller explicó además que es difícil transportar a los inmigrantes por el interior desde Del Río hasta San Antonio -una ciudad más adecuada para gestionar la tramitación de los solicitantes de asilo- porque hay “tres horas y media de aquí hasta allí y no hay mucho en medio”. Otro reto es la barrera del idioma, ya que el francés o el creole es la primera lengua de muchos haitianos. La archidiócesis de San Antonio está utilizando una conexión que ha establecido con personas del Congo, la nación africana donde el francés es la lengua oficial, para facilitar el diálogo con los inmigrantes, dijo.

Caridades Católicas de San Antonio estuvo en primera línea de respuesta a la crisis en Del Río el pasado fin de semana. El sábado 18 de septiembre, los miembros del staff llevaron miles de artículos de primera necesidad – pañales para bebés, agua, comida, mantas, ropa – y luego llevaron a las familias migrantes al interior del país para ayudarles a continuar su viaje a Estados Unidos. Alojaron a 150 personas, cifra récord de la organización, gracias a la colaboración con hoteles locales. Fernández dijo que seguirán ayudando como puedan durante toda la semana.

“En toda esta locura, cada persona que ha venido a Caridades Católicas ha recibido alojamiento, independientemente de su procedencia, y haremos lo mismo esta próxima semana”, dijo Fernández. “Estamos aquí esperando con una sonrisa, dando la bienvenida a la gente tanto como podamos y sabemos que todo lo que tengamos que hacer por la gente que llama a nuestras puertas se lo proporcionaremos.”