El revés les llegó a los nicaragüenses días antes de la Navidad. Más de 5,300 de ellos que estaban amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se quedarán sin sus permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos dentro de un año luego de que la administración del presidente Trump decidiera ponerle fin al programa, según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado.
“No renovar el TPS para Nicaragua allana el camino para la deportación de decenas de miles de individuos que están legalmente en este país, en muchos casos han vivido en Estados Unidos por muchos años, tienen hijos nacidos aquí y para quienes regresar a su país no es una opción realista”, dijo el congresista demócrata de Nueva York, José Serrano en conferencia de prensa en Washington.
El rechazo a la controversial medida proviene de representantes de ambos partidos que ya se preparan para actuar. “Estoy profundamente dolido y en total desacuerdo con la decisión de terminar el Estatus de Protección Temporal para los ciudadanos nicaragüenses que viven en Estados Unidos. Ellos son individuos muy trabajadores que tiene sustanciales raíces en este país y han hecho contribuciones a nuestra sociedad y economías locales”, señaló el legislador republicano de Florida, Mario Díaz-Balart.
Además, queda en suspenso la situación migratoria de más de 86,163 inmigrantes hondureños, ya que su TPS fue extendido, pero únicamente hasta el 5 de julio de 2018.
En cuanto a esto, Serrano dijo que “la decisión de postergar cualquier acción concerniente al TPS de Honduras también es preocupante, dado que continua dejando a los hondureños beneficiarios del TPS con un futuro incierto”.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses. Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justifican la concesión del programa.
Estados Unidos concedió el TPS en 1998 a inmigrantes de Honduras y Nicaragua tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica. El Salvador lo recibió en 2001 a raíz de una serie de sismos y Haití en 2010 por su catastrófico terremoto.
Para rescatar a los cientos de miles que pudieran estar en peligro de deportación, un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes propuso un proyecto de ley que ofrecería residencia permanente a inmigrantes amparados bajo el TPS, según informara un grupo de representantes a la cadena Univisión.
La propuesta de ley, llamada “ASPIRE”, permitiría que cualquier inmigrante que haya estado protegido por el TPS desde antes del 1 de enero de 2017, pueda solicitar la residencia legal permanente si puede demostrar, ante un juez de inmigración, que enfrentaría un peligro extremo si se ve obligado a regresar a su país de origen.
Sin embargo, las posibilidades de éxito son pocas. Según cifras oficiales, el proyecto de ley podría beneficiar alrededor de 220,000 indocumentados salvadoreños protegidos de la deportación desde marzo de 2001, y cerca de 57,000 haitianos cuyo TPS fue prorrogado por seis meses y por última vez el pasado 24 de mayo, otorgando amparo de deportación hasta el 22 de enero de 2018.
“Mientras continúo comprometido a trabajar con mis colegas para encontrar una solución legislativa permanente, exhorto a la administración a extender el TPS para los ciudadanos haitianos, hondureños y salvadoreños, y a reconsiderar seriamente la decisión en relación a los ciudadanos nicaragüenses”, concluyó Díaz-Balart.
Las “ciudades santuario”
A finales de noviembre, el Departamento de Justicia dio un jaque político a 29 ciudades del país exigiéndoles que sus policías locales colaboren con las autoridades federales para facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados, según una carta oficial de la agencia enviada el mes pasado a líderes de localidades consideradas “santuario”.
El mensaje fue enviado en un tono de ultimátum para las llamadas ciudades “santuario”, que se niegan a asignar recursos para ayudar a agentes de inmigración en la captura de quienes no tienen papeles.
“Las jurisdicciones que favorecen las llamadas políticas de santuario también adoptan la visión de que la protección de los delincuentes extranjeros es más importante que la protección de los ciudadanos que respetan la ley y el estado de derecho”, puntualizó el fiscal general Jeff Sessions en un comunicado explicando la acción de su departamento. Por su parte, funcionarios de las ciudades mencionadas en la carta, en su mayoría demócratas, sostienen que es el Departamento de Justicia el que está poniendo en riesgo al país imponiendo una política que solo lograría debilitar la cooperación de la policía local con las comunidades inmigrantes.
En su carta, el Departamento de Justicia exige a las diferentes jurisdicciones locales que le informen si están cumpliendo o no con la ley que obliga a autoridades municipales a delegar información al gobierno federal sobre el estatus migratorio de las personas que detienen o salen de la cárcel.
En las llamadas “ciudades santuario”, la policía local se niega a informar a los agentes de inmigración del estatus legal de las personas que detiene y tampoco les avisa cuándo los van a poner en libertad.
El Departamento de Justicia sostiene que esas acciones permiten escapar a inmigrantes que representan un riesgo y que, al contar con antecedentes, deben ser deportados de acuerdo con la ley.
Entre las ciudades que recibieron la carta están Los Ángeles y San Francisco de California, Seattle en el estado de Washington y la capital del país. Los estados de Illinois, Oregón y Vermont también recibieron la advertencia.
En su primera semana en el poder, el presidente Trump dictó una orden ejecutiva con el fin de dejar sin fondos federales a las localidades “santuario”, sin embargo, el pasado octubre un juez de Chicago dejó sin efecto la orden al considerar que el presidente no puede decidir sobre presupuestos municipales.
