CIUDAD DEL VATICANO—. Dándole seguimiento a los desafíos de la cumbre del Vaticano en febrero para abordar la lucha de la Iglesia contra el abuso sexual clerical, el Papa Francisco promulgó una nueva ley el jueves que obliga a todos los clérigos y miembros de órdenes religiosas del mundo a reportar casos de abuso sexual clerical a las autoridades eclesiales, incluso cuando sean cometidos por obispos o cardenales.
“Es bueno que se adopten a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles”, dice el documento firmado por el Papa Francisco el 7 de mayo.
El título del documento, técnicamente un motu proprio, que significa un cambio a la ley de la Iglesia bajo la autoridad del Papa, es Vos estis lux mundi, “Vosotros sois la luz del mundo”, abre con esa frase y en la primera línea presenta íntegra la cita del Evangelio según San Mateo: «Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte» (Mt 5,14).
El motu proprio entrará en vigor el 1 de junio de 2019.
En un encuentro con las prensa en el Vaticano el jueves, el portavoz papal Alessandro Gisotti dijo que era “un día importante para la protección de los menores en la Iglesia” y describió las nuevas normas como una contribución para “hacer de la Iglesia una casa más segura para nuestros hijos, los débiles y los vulnerables”.
El arzobispo Charles Scicluna de Malta, el oficial informal elegido por el Vaticano a cargo de los casos de abuso sexual clerical, dijo que el motu proprio es un “documento importante”, ya que pretende dejar claro, entre otros puntos, que “el encubrimiento no es aceptable, y nunca fue aceptable”.
El documento regula la forma en que los representantes de la Iglesia deben responder cuando se enfrentan a delitos contra sexto mandamiento del Decálogo que consistan en: obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas.
Entre otras cosas, la nueva ley estipula que:
- Cada diócesis del mundo debe establecer un “sistema para informar” a más tardar el 1 de junio de 2020 y notificar al representante del Vaticano en el país que el sistema se ha implementado.
- Todos los sacerdotes y miembros de órdenes religiosas deben reportar los casos de abuso sexual y encubrimiento a las autoridades de la Iglesia, pero también deben cumplir con la ley local cuando se trata de informar a las autoridades civiles.
- Expertos laicos deben participar en cualquier investigación de la Iglesia de una denuncia contra un sacerdote, un religioso masculino o femenino, un diácono, un obispo y un cardenal.
- Al denunciar delitos o encubrimientos debe seguirse la estructura jerárquica de la Iglesia.
- El abuso o encubrimiento por parte de obispos debe hacerse a la atención de los arzobispos metropolitanos, pero en caso de que el Metropolitano sea acusado de abuso (como en el caso del ex cardenal Theodore McCarrick), los informes se pueden hacer directamente a la Santa Sede a través del representante papal en el país. Si la persona acusada es el Nuncio, la denuncia debe enviarse directamente a la Secretaría de Estado del Vaticano.
- La persona que reporte un caso de abuso o encubrimiento debe estar protegida, y no se le puede obligar a guardar silencio sobre el contenido de cualquier informe presentado.
- “La persona investigada goza de la presunción de inocencia”.
- Las conferencias episcopales nacionales deben crear un “fondo común” para ayudar a financiar la investigación de las acusaciones.
- El motu proprio también está diseñado para abordar el encubrimiento del abuso sexual clerical, “que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con respecto a delitos señalados”.
“Esto envía una señal rotunda de que incluso el liderazgo [de la Iglesia] está sujeto no solo a la ley divina sino a la ley canónica”, dijo Scicluna en la sesión informativa del martes. “Nadie está por encima de la ley, y el procedimiento lo establece claramente”.
“La gente debe saber que los obispos están al servicio de sus comunidades”, dijo Scicluna. “No están por encima de la ley, y si hacen algo incorrecto, deben ser informados y sujetos a procedimientos”.
Vos estis lux mundi define a los menores de 18 años o legalmente equiparados a esta edad como menores de edad, y “cualquier persona en estado de enfermedad, deficiencia física o psicológica, o privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa”, como un adulto vulnerable.
Según el documento, los delitos de abuso sexual “ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la comunidad de fieles”.
“Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia”, dice el documento papal.
Las autoridades de la Iglesia también son llamadas para asegurar que aquellos que han sido lastimados, así como a sus familias, sean “tratados con dignidad” y reciban la asistencia espiritual necesaria y el apoyo médico y psicológico requerido.
Todas las denuncias de abuso de un menor deben ser investigadas por una de varias oficinas del Vaticano, incluida la Congregación para la Doctrina de la Fe, que actualmente se ocupa de casos de abuso clerical de niños; la Congregación para las Iglesias Orientales; la Congregación para los Obispos; la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; la Congregación para el Clero; y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
En un movimiento que puede considerarse revolucionario para un sistema famoso por su falta de comunicación interna, la oficina que maneja un caso será la encargada de informar a la Secretaría de Estado del Vaticano y a cualquier otra oficina directamente relacionada sobre el informe y el progreso de la investigación.
El edicto papal emitido el jueves también estipula que un dicasterio del Vaticano tiene 30 días para abordar la acusación desde el momento en que se informa por primera vez. La investigación preliminar, realizada por el arzobispo metropolitano o una persona asignada por él, debe realizarse dentro de los 90 días, aunque puede solicitar una extensión de dicho tiempo al dicasterio competente del Vaticano.
El arzobispo Scicluna recalcó que la ley contiene una disposición que insiste en que nada de lo que contiene debe menoscabar los “derechos y deberes establecidos en cada lugar por la ley del estado”, señalando que es un “principio esencial” y destacando que es la primera vez que se establece directamente en una ley universal de la Iglesia.
Según el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos del Vaticano, el motu proprio es uno de los resultados concretos de la cumbre del 21 y 24 de febrero celebrada en Roma para abordar el “flagelo del abuso”.
“Mientras preparábamos ese encuentro sinodal, muchas veces el Santo Padre dijo que quería concreción y eficiencia, para que cada obispo o superior religioso saliera de Roma teniendo claramente en mente qué hacer y qué no hacer”, dijo Mons. Ouellet a Vatican News. “Este nuevo documento establece procedimientos nuevos y eficientes para combatir el flagelo del abuso”.
Sin embargo, no todos los funcionarios del Vaticano están contentos. Algunas fuentes, que hablaron con Crux en condición de anonimato, porque no están autorizadas para abordar el documento públicamente, dijeron estar preocupadas por que se haya emitido de manera “precipitada” con algunos puntos que no están claros, como la oficina del Vaticano que se encargará de una denuncia si hay menores involucrados pero en ves de un sacerdote, el abuso fue perpetrado por una monja o religioso.
La redacción del documento fue coordinada por la Secretaría de Estado, pero se pidió a otras oficinas que dieran su opinión sobre al menos dos versiones preliminares, una a principios de abril y otra a finales de ese mismo mes.
Otro elemento que en el que muestran preocupación las personas a quienes se les pide que comenten sobre el documento es la amplia definición de “personas vulnerables”, ya que, según esas fuentes, no está del todo claro cómo se debe entender el término.
Según una serie de recomendaciones de los funcionarios del Vaticano con respecto a la versión de borrador del nuevo motu proprio del 16 de abril, algunos creyeron que dado el “impacto que tendrá en la ley universal [de la Iglesia]”, habría sido mejor ” retrasar su publicación “a la espera de un documento que no necesita ser publicado ad experimentum, aunque se debe tener en cuenta que prácticamente toda la nueva legislación del Vaticano se publica inicialmente de forma experimental.
Anne Barrett Doyle, codirectora del grupo de activistas Bishopaccountability.org, emitió un comunicado el martes en el que expresa dudas sobre las nuevas normas.
“El edicto tiene tres serias debilidades”, dijo Barrett Doyle. “No establece sanciones para quienes lo ignoran, no exige transparencia al público y no exige la expulsión permanente de los abusadores del ministerio”.
“Esta no es la acción drástica que se necesita desesperadamente”, dijo. “Una ley sin sanciones no es una ley en absoluto, es una sugerencia”.
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Inés San Martín es una periodista argentina, jefa del Buró de Noticias de Crux en Roma. Antes de unirse a Crux, Inés fue mánager de redes, directora de contenido y diseñadora gráfica de Contá con Nosotros, y trabajó como reportera y editora de Valores Religiosos en Buenos Aires. También dirigió la oficina de prensa internacional para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013. Inés es licenciada en comunicaciones sociales y periodismo por la Universidad Austral en Buenos Aires y la Universidad de Navarra en Pamplona, España.