WASHINGTON (CNS) — Tras la indignación internacional que siguió a los movimientos que consolidaron en manos del presidente todo el poder sobre El Salvador, los obispos católicos del país centroamericano expresaron preocupación e instaron a los legisladores a guiar a los ciudadanos a construir “juntos una auténtica democracia”.
“Aunque hubiese causas suficientes para destituirlos y la Asamblea Legislativa tenga la facultad constitucional para realizar tales destituciones, desaprobamos la forma en que se realizaron las mencionadas destituciones, por no haberse seguido el proceso que establece la ley”, dijo un comunicado de los obispos el 5 de mayo. Los seis funcionarios fueron despedidos y reemplazados el 1 de mayo durante la primera sesión de una nueva asamblea general controlada por una abrumadora mayoría de partidarios del presidente Nayib Bukele.
Los nuevos funcionarios fueron enviados a sus despachos esa noche —un sábado— escoltados por la policía, ya que los jueces destituidos calificaron de “inconstitucionales” las acciones llevadas a cabo por los nuevos legisladores y un “golpe a la separación de poderes que tendrá graves consecuencias para nuestro país”.
Los obispos apelaron a los legisladores que pusieron la crisis en acción pocas horas después de asumir sus nuevos cargos. Los instaron a “trabajar con entusiasmo y generosidad por un nuevo El Salvador, libre de violencia, de impunidad y corrupción, pero bajo estricto cumplimiento de la ley”.
“Los obispos de El Salvador creemos que nuestro amado país reclama un cambio de rumbo, no por caminos de violencia —harto conocidos por la población— sino por caminos de diálogo, la comprensión, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, la libertad, el orden, la justicia y la paz”, expresa el pronunciamiento.
Los jueces habían estado en desacuerdo con Bukele y detuvieron algunas de sus medidas más estrictas al comienzo de la pandemia. Según reportes, el fiscal general habría estado investigando la corrupción de dos funcionarios de la administración. Por eso algunos vieron los despidos no solo como una venganza, sino como una forma de hacerse cargo del control político restante que eludió a Bukele.
Las elecciones de mitad de período celebradas el pasado 28 de febrero pusieron al partido Nuevas Ideas, fundado por el popular Bukele, firmemente en control de la asamblea legislativa nacional. Lo que les permitió usar esa mayoría legislativa para destituir a los opositores del presidente en el poder judicial, diciendo que era solo el comienzo.
Bukele y sus partidarios atacan repetidamente a miembros de los dos principales partidos políticos del país que, hasta que llegó Nuevas Ideas, gobernaron El Salvador, llamándolos ladrones e insultándolos. Algunas de las acusaciones no son infundadas ya que ambos partidos principales han tenido su parte de corrupción. Pero los obispos instaron a los salvadoreños a no convertir esas experiencias “en una fuente de resentimiento”, particularmente porque los desacuerdos políticos del pasado en el país terminaron desembocando en una guerra civil.
“Estamos convencidos de que o los ciudadanos y gobernantes actuales perdonan las faltas del pasado y las corrigen o este país quedará atado y condenado a una cadena de venganza, agresión, resentimiento y odio que impedirá la convivencia y el pleno desarrollo de la actual y generaciones futuras”, escribieron.
La declaración salió a la luz el mismo día en que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó a Bukele a reconsiderar las acciones tomadas o El Salvador estaría destinado a entrar en una lista de naciones con problemas en el hemisferio occidental.
“El caso de El Salvador es un caso muy particular… Si el presidente actúa incorrectamente, (El Salvador) tomaría un camino en el que ya están Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, con poderes cooptados, persecución política. No podemos empujar a un país más en esa dirección”, dijo Almagro.
Las Naciones Unidas, varios legisladores y diplomáticos estadounidenses, así como la vicepresidenta Kamala Harris, Canadá y varias naciones europeas, reaccionaron rápidamente con críticas. Solo China, que ha estado considerando a El Salvador como un punto de apoyo comercial estratégico a las puertas de Estados Unidos, dijo que el país era una nación soberana y que otros no deberían interferir.
Cuando Bukele convocó a los diplomáticos a una reunión el 4 de mayo, Brendan O’Brien, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, no asistió.