LA HABANA, Cuba — Luego de las protestas del 11 de julio, el gobierno cubano siguió instigando a sus ciudadanos a reafirmar lo que ellos llaman revolución, que no es otra cosa que reafirmar el poder comunista hegemónico en el país. Durante las protestas resultó detenida una buena parte de la comunidad universitaria, sobre todo de las provincias de La Habana, Camagüey y Holguín. Hasta el momento ninguna institución de enseñanza superior se ha pronunciado en apoyo a los actos injustos que se cometieron con los manifestantes y, en particular, contra algunos de sus alumnos.

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Varios estudiantes del Instituto Superior de Arte (ISA), de la Facultad de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) y de la Universidad de la Habana (UH) fueron violentados durante las detenciones. Aunque algunos ya fueron liberados, dichas instituciones no hicieron un seguimiento público sobre los casos de sus estudiantes detenidos, no reclamaron sus derechos y, menos, condenaron la violencia cometida en los actos de detención o las injusticias con la que fue violado el Código Penal y el Código Internacional de Derechos Humanos.

A pesar del silencio de dichos centros de enseñanza sobre los sucesos del 11 de julio, no repararon sus directivos en convocar a los estudiantes a un acto de reafirmación del poder comunista y de repudio a toda muestra de disidencia. Aun sabiendo el gobierno que Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos respecto a la pandemia del coronavirus y la decadencia del sistema de salud pública, citaron obligatoriamente a más de un centenar de cuadros de Partido Comunista de Cuba a la tristemente célebre zona del malecón habanero, conocida como Tribuna Antiimperialista.

Todo ello sirvió de fachada al gobierno para preparar su campaña de descrédito contra la oposición política. Un sucio juego de guerra no convencional que se ha desplazado al complicado terreno de los mass media y las redes sociales. Una manipulación total para incidir directamente en la opinión internacional y lograr, de alguna manera, que se restaure la imagen dañada de la “Cuba Socialista”.

Los decanatos de algunas facultades convocaron a los jóvenes universitarios a participar de estos actos. Las respuestas fueron de contundente negación a esos actos que, primeramente, exponían a los ciudadanos al contagio del COVID-19 y, en segundo lugar, tenían una intención rancia de contraatacar las manifestaciones espontáneas del 11 de julio. Resulta penoso, a la altura del siglo XXI, que el gobierno cubano quiera reafirmarse en su discurso pasando incluso por encima de peticiones concretas que ha hecho el pueblo. Claramente ha habido un divorcio entre la gestión del estado y las peticiones de los ciudadanos; que si ya se venía anunciando desde décadas anteriores, el 11 de julio se confirmó que Cuba es una dictadura militar. Solo necesita actos de reafirmación un estado que tiene que velar por sus propios privilegios e intereses, una cúpula que reprime cualquier expresión de protesta ciudadana.

Los primeros desacuerdos de los estudiantes estuvieron recogidos en una Carta abierta al Ministro de Educación Superior Dr. José Ramón Saborido Loidi.  En dicha misiva, la comunidad estudiantil universitaria recogió algunos reclamos contra las acciones anticonstitucionales que se llevaron a cabo por la policía política y el gobierno cubano:

1. Exigimos la libertad inmediata de los estudiantes detenidos durante y posterior al pasado 11 de julio en el marco de las manifestaciones acontecidas.
2. Exigimos el pronunciamiento inmediato del Ministerio de Educación Superior respecto a estos hechos y la publicación sistemática de la situación de cada uno de los estudiantes hasta que obtengan su libertad definitiva.
3. Esperamos que por parte de los respectivos decanatos no se tramita una sanción a los estudiantes ya liberados, teniendo en cuenta la conducta que les caracteriza y su responsabilidad en los hechos por los cuales fueron detenidos.

Más tarde los estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) y la Facultad de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) se pronunciaron en favor de estudiantes de su gremio que se encuentran bajo procesos judiciales arbitrarios. Convidaron a las autoridades a reconocer el disenso y el pensamiento crítico, el derecho a la protesta pacífica, la no manipulación de los hechos y la no difamación de las personas disidentes en los noticieros de Televisión Nacional en honor a la verdad, a la que se debe el periodismo ciudadano y los medios de comunicación oficiales.

Asimismo se pronunciaron los estudiantes de la Facultad de Biología, alegando que la convocatoria a una acto masivo de reafirmación política solo traerían al país más complicación a la crisis sanitaria que atraviesa. En el comunicado los estudiantes animaron a las autoridades a ser consecuentes con le medida de aislamiento social. Para el cumplimiento de dicha medida, el gobierno impone altas multas a los ciudadanos, pero ninguna vida importa para este gobierno cuando se trata del poder político y la imagen internacional. Así lo demostró el pasado 17 de julio, en esa penosa conglomeración del alto mando militar del país, junto a directivos de empresas estatales y simpatizantes del régimen. Un espectáculo donde pocos jóvenes asistieron, y aparentemente un solo un hombre, el ciudadano Frank Ernesto Sánchez Aguilar, alzó su voz en contra de la masa y fue golpeado, sacado del lugar y arrestado.