WASHINGTON (Por Rhina Guidos/CNS)—. Un juez en Texas dictaminó el 6 de febrero que la Diócesis de Brownsville, Texas, debe permitir a funcionarios federales inspeccionar parte de su propiedad para la probable construcción de un muro fronterizo en la misma — una acción previamente impedida por el obispo Daniel E. Flores de Brownsville, quien al principio dijo que no podía permitirlo porque tal estructura “limitaría la libertad de la iglesia de desempeñar su misión”.
Pero el juez de distrito Randy Crane dijo que inspeccionar el terreno no constituiría un “crucial obstáculo” para la iglesia y que los funcionarios federales podían proceder.
Los abogados que representan a la diócesis se opusieron a la inspección, particularmente en el tramo del terreno donde está la histórica capilla La Lomita. La estructura, en la ciudad fronteriza de Misión, está cerca de un dique donde el gobierno quiere construir una parte del propuesto muro fronterizo del presidente Donald Trump.
Mary McCord, del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Leyes de la Universidad Georgetown y principal asesora de la Diócesis de Brownsville, dijo el 7 de febrero en una entrevista telefónica con Catholic News Service que aunque la decisión no se trata de quitarle la propiedad a la diócesis en este momento, los abogados que representan a la diócesis querían dejar clara la oposición fundamentada en cómo esto afectaría el derecho constitucional a practicar la religión.
“Consideramos que es importante”, dijo.
La diócesis no se sorprendió de que la corte otorgara al gobierno el acceso temporal a la propiedad en la cual la capilla de La Lomita está ubicada, y donde se inspeccionará, evaluará y desarrollará otra labor de investigación necesaria para planear el propuesto muro fronterizo, dijo McCord.
“Incluso este acceso temporal es una intromisión en aquellos que utilizan la capilla para orar”, dijo
McCord en un comunicado. “Pero, como la diócesis lo reconoce, el problema más importante —el cual se considera que violará sus derechos a practicar la religión, según la Ley de Recuperación de la Libertad Religiosa— emergerá cuando el gobierno tome posesión de la propiedad para la construcción de un muro aislando La Lomita de aquellos que van a rezar allí”.
McCord dijo que no hay razón para creer que el área donde los funcionarios federales quieren construir el muro cerca de la capilla es de particular importancia o muestra incrementada actividad que lo haría crucial para la seguridad de Estados Unidos. Al contrario, construir un muro cerca de la capilla solo sería un impedimento para aquellos que la frecuentan para servicios religiosos y oración.
El gobierno ha propuesto cierto tipo de portal o estructura que permitiría el acceso a la capilla, si se construye, pero incluso un portal obstaculizaría el fácil acceso y podría desalentar a los fieles ya que pueden ser sujetos a interrogatorios solamente por ir a un espacio religioso a orar, dijo ella.
“Se destruiría el sentimiento de paz en el lugar”, McCord dijo a CNS, y por el momento funcionarios federales “no nos dieron ninguna indicación que ellos no iban a construir el muro”.
El gobierno federal podría quitarle otra propiedad a la diócesis para el muro, y “el obispo se opone”, dijo, pero el área cerca de la capilla será la más afectada por su propia naturaleza por ser lugar de culto.
“Aún tenemos esperanza” de que el gobierno cambie de idea, dijo McCord. “No tenemos que tener un muro aquí”.
El caso del muro fronterizo cerca de La Lomita podría significar una larga batalla por delante, enfrentando el derecho de expropiación del gobierno, su derecho a una propiedad privada adecuada para el uso público, contra los derechos de la ciudadanía a ejercer la libertad de religión.
“Este es solo el primer paso en nuestra lucha por proteger el derecho de la comunidad católica del Valle del Río Grande a la libertad de culto”, dijo McCord.
