Columna del editor

La hora cero, otra vez, en Nicaragua

EL SÁBADO 28 DE ABRIL, cientos de miles de nicaragüenses, convocados por los obispos católicos, se lanzaron a las calles para protestar pacíficamente contra el gobierno de Ortega y Murillo.

El pasado 18 de abril había comenzado en ese país una ola de protestas contra las reformas al seguro social anunciadas por el gobierno. Fue la clásica gota que colmó la copa. Tras once años en el poder —22 en total— tras dos elecciones de dudosa legalidad, el pueblo nicaragüense parece haber llegado al límite de su paciencia.

La historia de Ortega reproduce la de varios de sus colegas en América Latina: manipulación de la legalidad para eternizarse en el poder, erosión progresiva de las instituciones democráticas, limitación de la libertad de prensa, creciente corrupción… Ahora, como antes Maduro, ha recurrido a la violencia para seguir instalado en el poder.

Policías y familiares trasladan el féretro de un oficial asesinado durante las protestas. (CNS/Oswaldo Rivas, Reuters)

La actual ola de protestas ha producido entre 10 y 60 muertos, según la fuente que se consulte. De acuerdo a fuentes de la Iglesia y organizaciones de derechos civiles, los muertos son el resultado de la brutal represión del régimen. Según el gobierno, los manifestantes son terroristas a sueldo de Estados Unidos.

Aunque el gobierno anunció la suspensión de la anunciada reforma al seguro social, los diques ya están desbordados. El obispo auxiliar de Managua, Mons. Silvio Báez, ha sido la cabeza visible del esfuerzo de la Iglesia por forzar al gobierno al cese de la represión. Durante la jornada de protestas del sábado 28 de abril, Mons. Báez recordó a los “jóvenes reprimidos y torturados” y las “lágrimas de padres y madres que lloran en estos días la muerte de sus hijos a causa de la violencia irracional”.

El trauma nacional producido por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa ha puesto de nuevo a Nicaragua al borde del caos. La represión y los muertos de las últimas semanas vienen a sumarse la larga tragedia nacional de la últimas décadas, a la que han contribuido la dictadura de la familia Somoza, dos guerras civiles, la intromisión de potencias extranjeras y un devastador terremoto.

En medio de la crisis, la Iglesia nicaragüense ha aceptado moderar un diálogo entre el gobierno y sus detractores. Conociendo el historial del régimen, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, dijo el sábado 28 que, si no el gobierno no ofrece las necesarias garantías, los obispos no participarían en el proceso. “El diálogo va a pasar por el respeto a la justicia, la verdad, la libertad y el perdón”, dijo el Cardenal, y dio un plazo de un mes al gobierno para demostrar su voluntad de dialogar seriamente.

El cardenal Leopoldo Brenes Solorzano, arzobispo de Managua, llega a la conferencia de prensa del 24 de abril. (CNS/Jorge Cabrera, Reuters)

“Los obispos […] expresaron que al mes de instaurado este haríamos un alto para valorar la voluntad, la implementación y cumplimiento serio y real de los acuerdos a los que hayan llegado las partes. Si […] evaluamos que no se están dando estos pasos, informaríamos al pueblo de Dios, a quien acompañamos, y les diríamos que así no podemos seguir y que no se pudo”, dijo el Cardenal.

Al convocar la marcha del 28 de abril, la Iglesia de Nicaragua, una vez más, ha entrado en el riesgoso mundo de la política cotidiana. La cercanía a la Revolución sandinista de algunos de sus sacerdotes a fines de los setenta, la oposición al sandinismo totalitario en los ochenta y el apoyo a Ortega hace diez años, son ejemplos de los riesgos de esa vocación. Por el bien del pueblo nicaragüense, pidamos que el valor y el deseo de justicia que hoy esa Iglesia ejemplifica rindan frutos.