QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO:
La historia de la inmigración en Estados Unidos no es algo de lo que debamos sentirnos precisamente orgullosos. Por desgracia, el nativismo, el racismo, la xenofobia y otras reacciones públicas negativas, han influenciado en el desarrollo de nuestras leyes y prácticas migratorias. Incluso desde antes de Ellis Island, los inmigrantes eran examinados al entrar al país, por si padecían enfermedades, trastornos mentales y cualquier otro desorden que representara un perjuicio para nuestra sociedad.
El primer mensaje contra la inmigración se refería a los chinos, y fue aprobado en 1882 por el presidente Chester Arthur. Todos conocemos la orden ejecutiva del presidente Franklin Roosevelt el 19 de febrero de 1942, por la que se autorizaba la reclusión de alemanes, italianos y japoneses.
Esta historia está llena de altibajos. Sin embargo, resaltan algunos momentos positivos, como cuando la legislación de origen nacional de 1924 —que discriminaba a los europeos del sur y del este— fue reemplazada en 1965 por el sistema que tenemos en la actualidad. Este sistema, aunque se le han hecho algunos ajustes, necesita grandes modificaciones. Esto es lo que llamamos “reforma migratoria integral”.
Una parte olvidada de la ley de inmigración desde 1929 es que los trabajadores que han prolongado su estancia en los Estados Unidos han tenido una forma legal de regularizar su estatus. Esto fue incorporado
a la ley desde sus inicios, reconociendo que la mayoría de las personas vienen a Estados Unidos para trabajar y contribuir, lo cual se olvida habitualmente en los debates actuales. Desafortunadamente, el presidente Trump no fue bien asesorado sobre el tema al preparar sus discursos de campaña. Un grupo mencionado por el entonces candidato presidencial es el Centro de Estudios de Inmigración, que ha publicado 79 acciones ejecutivas, las que en conjunto proponen a la nueva administración un plan para reducir la inmigración.
Me desempeño como presidente de dos centros de estudios no partidistas sobre inmigración: el Instituto de Política de Migración en Washington, DC y el Centro de Estudios de Migración en la ciudad de Nueva York, patrocinado por misioneros scalabrinianos. También fui miembro del Comité de Migración y Servicios para Refugiados de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Constantemente recibo informes, actualizaciones semanales e información no solo sobre órdenes ejecutivas, sino también sobre otras cuestiones relacionadas con asuntos de inmigración. De 1985 a 1991, fui el director ejecutivo de ese comité de la conferencia episcopal.
La primera orden ejecutiva presidencial fue firmada por George Washington el 22 de abril de 1793, por la cual permitía a las autoridades federales enjuiciar a los ciudadanos estadounidenses que estaban interfiriendo en la guerra entre Gran Bretaña y Francia. Recientemente, nos enteramos de muchas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Obama en el crepúsculo de su administración. En especial, derogó una norma que permitía a los cubanos que huyen de la dictadura castrista recibir protección automática como refugiados si lograban pisar territorio estadounidense.
“La defensa del extranjero,
no importa cuál sea su estatus,
es nuestra obligación”.
En Cuba todavía no hay libertad. Dejar esa ley vigente podría ser un incentivo para que los cubanos intentaran llegar a Estados Unidos arriesgando hasta sus vidas. El presidente Obama, que pretendió iniciar una distensión con la isla, derogó la orden en detrimento de los miles que ya estaban en camino y muchos otros que realmente necesitan escapar y no pueden usar la ley regular de inmigración que tenemos con Cuba.
Además, el presidente Obama, por orden ejecutiva, decretó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). También intentó emitir otra orden ejecutiva, la de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos estadounidenses y residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés) que habría protegindo a los padres de los ciudadanos estadounidenses y a los residentes legales permanentes. El programa DAPA nunca fue implementado a causa de sus desafíos judiciales. El presidente Trump no ha derogado el DACA, pero tampoco lo renovará.
¿Cuáles son algunas de las cuestiones que nos ocupan? Primero, la propuesta electoral del entonces candidato Trump de construir un muro entre Estados Unidos y México es probablemente una estrategia desacertada, irrealizable y muy costosa para proteger la frontera entre ambos países. Estados Unidos tiene el derecho y la obligación de asegurar sus fronteras; pero levantar un muro es simplemente el enfoque equivocado. Sería tan desmesurado como matar una mosca a martillazos. Ya tenemos 700 millas de muros o vallas en las más de 2000 millas de la frontera sur. Eso no es necesario, ya que existen otros métodos de vigilancia para nuestra frontera que podrían ser más eficaces y menos costosos.
El verdadero modo en que puede controlarse la inmigración indocumentada en Estados Unidos es restringiendo la oportunidad de que estas desventuradas personas entren a trabajar a nuestro país. Los sistemas están disponibles, sin embargo, los empleadores necesitan trabajadores indocumentados y están en contra de verificar sus números de Seguro Social.
Nuestro país tiene el derecho de proteger sus fronteras, pero también tenemos el deber de mostrar compasión por quienes vienen a trabajar, especialmente aquí en la ciudad de Nueva York, donde el Centro de Estudios Migratorios estima que en el 2014 había 574,542 inmigrantes ilegales, y la mayoría de ellos sirven en nuestros restaurantes y trabajan en la construcción.
La otra cuestión es la prohibición temporal de la entrada de inmigrantes de ciertos países musulmanes, sin duda una medida exagerada para evitar la posibilidad de que un refugiado llegue a Estados Unidos como terrorista o se convierta en terrorista. La probabilidad estimada de que esto ocurra es de uno en cientos de millones.
El “escrutinio extremo” del presidente Trump es un obstáculo indefinido que está afectando a los refugiados, incluso a los iraquíes que ayudaron a las fuerzas armadas estadounidenses. Como mencioné anteriormente, dirigí los Servicios de Migración y Refugiados de la conferencia episcopal durante más de seis años y soy consciente del escrutinio al que se debe someter cada refugiado. No sé qué podría ser más extremo. En general, el proceso dura dos años y es realizado minuciosamente el Departamento de Estado en colaboración con varios organismos gubernamentales.
Hace poco, un juez emitió una intervención judicial para revocar la orden ejecutiva. Mientras escribo esta carta, no estoy seguro de cuál será el resultado, sin embargo, estoy seguro de que órdenes ejecutivas como estas no resolverán nuestros problemas de inmigración.
Otro asunto es el recorte de ayuda financiera federal a las llamadas “ciudades santuario”, una de las cuales es Nueva York. Aunque el término “santuario” no es legal, sí significa que muchas ciudades que normalmente tratan de promover una buena relación entre la policía y los inmigrantes, no denuncian o entregan a los indocumentados detenidos por delitos menores.
Obviamente, el gobierno federal tiene maneras de acceder a los delincuentes a través de sus sistemas de alerta de criminales. Nada impide que el gobierno federal detenga y deporte a un criminal. La orden ejecutiva de bloquear subsidios federales podría costarles a estas ciudades santuario millones de dólares y tal vez podría ser una ley difícil de implementar.
Una posibilidad interesante sería establecer una orden que prohíba a los indocumentados que trabajan en
“La misión de la Iglesia
es poner la verdad
a la luz pública”.
el sistema de Seguro Social pagar sus contribuciones para así no recaudar beneficios. En verdad, esto es parte del esfuerzo para que las personas se deporten a sí mismas. Una vez más, mi tesis constante es que este es un problema de los trabajadores indocumentados. La mayoría de ellos, y a veces sus cónyuges e hijos, llegan a nuestro país en busca de trabajo.
Cuando me enfrento a este tipo de situaciones, no puedo dejar de recordar las palabras de san Juan Pablo II cuando dijo que el trabajo humano es la clave esencial de toda la cuestión social. La manera en que tratamos a los trabajadores define la esencia de nuestra nación. No podemos beneficiarnos por un lado del trabajo de los extranjeros con o sin estatus legal, y no ofrecerles el mismo apoyo que damos a los trabajadores regulares, como la compensación y la Seguridad Social, entre otros beneficios laborales. Al hablar de su visita a Lampedusa en el 2013, el papa Francisco dijo: “Inmigrantes muertos en el mar, en esas barcas que en vez de ser un vía de esperanza se convirtieron en un camino de muerte. He conocido la noticia que por desgracia tantas veces se ha repetido y se me ha clavado como una espina en el corazón”.
Ciertamente, hay muchas otras cosas que podrían decirse. Desde el punto de vista moral, sin embargo, debemos alejarnos de las políticas que, examinadas detenidamente, no son más que una muestra del racismo, el nativismo y la xenofobia, que representan el miedo a los extraños. La obra de la Iglesia es poner la verdad a la luz pública. Esperemos que podamos seguir combatiendo las restricciones de inmigración mal concebidas que la mayoría del pueblo estadounidense ni siquiera apoya.
Cualquier incursión en este aspecto de nuestra política nacional generará siempre muchas “Cartas al editor”, pero es hora de alzar mi voz, como siempre lo he hecho. La defensa del extranjero, no importa cuál sea su estatus, es nuestra obligación, pues remamos mar adentro tratando de entender el mandatodelSeñor:“Fuiextranjeroytú merecibiste”.
