PROSPECT HEIGHTS – La coalición Right to Counsel NYC pide al alcalde Eric Adams que triplique el presupuesto 2024 destinado a pagar a los abogados que representan a los inquilinos indigentes en los casos de los tribunales de vivienda.
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La ciudad de Nueva York aprobó en 2017 una ley que garantiza la representación legal en los tribunales de vivienda a los inquilinos que se enfrentan a un desalojo. Desde 2020, el 84% de los inquilinos que recibieron abogados a través de la ley de derecho a un abogado (RTC) ganaron sus casos y evitaron quedarse sin hogar, según la coalición.
Pero ahora, 17.000 litigantes que cumplen los requisitos para recibir abogados gratuitos siguen sin tener la representación legal prometida. Y sus casos siguen adelante en los tribunales de todos modos.
Catholic Migration Services, un organismo de servicios jurídicos sin ánimo de lucro afiliado a Caridades Católicas de Brooklyn y Queens, pertenece a la coalición RTC.
Bryan Fotino, organizador de inquilinos del Programa de Defensa del Inquilino de CMS, dijo que su equipo lleva a cabo una estrategia de “vigilancia del tribunal” para informar a los inquilinos de su derecho a un abogado y de su derecho a solicitar un aplazamiento hasta que finalmente consigan un abogado.
Aún así, dijo Fotino, el equipo de CMS se encuentra con “un número significativo de inquilinos” a los que se les han denegado sus derechos.
“Lamentablemente”, añadió Fotino, “los jueces no conceden aplazamientos ilimitados, lo que la Right to Counsel Coalition considera una violación de la ley sobre el derecho a un abogado aprobada en 2017. Se sigue desalojando a inquilinos que nunca han tenido una representación adecuada.”
En la actualidad, el programa cuenta con 110 millones de dólares en contratos, y el presupuesto de Adams elevaría esa cifra a 166 millones. Aún así, los defensores del Derecho a un Abogado dicen que la promesa del alcalde es lamentablemente insuficiente.
En su lugar, exigen que se incremente en 351 millones de dólares, lo que elevaría el total a 461 millones.
Adams hizo público su proyecto de presupuesto para 2024 el 26 de abril, y aún no ha comentado las exigencias de triplicar la financiación para RTC. Sin embargo, ha pedido que se mejore la forma en que la ciudad paga a las organizaciones sin ánimo de lucro, como los abogados financiados por RTC.
La escasez de abogados para RTC se ha achacado en parte a la insuficiente remuneración y a la tramitación de la misma. En consecuencia, muchos abogados declinan su participación en este programa.
“Durante demasiado tiempo, la ciudad ha confiado en las organizaciones sin ánimo de lucro para prestar servicios esenciales sin cumplir su parte del trato”, dijo Adams. “La falta de pago puntual a nuestras organizaciones sin ánimo de lucro no sólo ha perjudicado a nuestro sector sin ánimo de lucro, formado predominantemente por trabajadores negros y latinos, sino también a los neoyorquinos que dependen de sus servicios”.
Los funcionarios de los tribunales de vivienda han dicho que la ley estatal obliga a los jueces a mantener los casos en movimiento. Añadieron que los inquilinos que piden un aplazamiento ponen al tribunal en peligro de cometer una discriminación inconstitucional contra los demandados.
Aún así, los funcionarios del tribunal no son indiferentes a los inquilinos sin abogados.
“Nos comprometemos a apoyar estrategias creativas para aumentar la disponibilidad de representación legal en los procedimientos de vivienda, a fin de permitir la resolución rápida de los conflictos y minimizar el recurso al desalojo”, declaró el juez jefe en funciones del Tribunal de Apelaciones, Anthony Cannataro, que supervisa los tribunales de vivienda.
El juez hizo sus comentarios a principios de este año en un discurso sobre el “Estado de nuestro poder judicial” en Albany.
“Muchos tribunales de todo el estado han adoptado medidas para facilitar un mayor acceso a los recursos de autoayuda y a la representación legal en los litigios de vivienda”, afirmó.
Mientras tanto, Fotino dijo que CMS y la coalición RTC trabajarán para convencer a los funcionarios de los tribunales de vivienda de que ralenticen las solicitudes y los procedimientos de desalojo. También piden la aprobación de una ley estatal de derecho a un abogado.
“Sabemos que tener un abogado es importante”, dijo Fotino. “Tras la aprobación de la ley de derecho a un abogado en la ciudad, los desalojos cayeron un 40%”.
Luis Cardoso, de Williamsburg, es uno de los inquilinos que se beneficiaron del asesoramiento jurídico gratuito organizado por la coalición.
“Me retrasé en el pago del alquiler debido a una lesión en el trabajo y mi casero inició un proceso contra mí”, dijo. “Al principio, acudí al tribunal sin representación legal y me dijeron que tenía un mes para solucionar el problema del alquiler o me desalojarían”.
Pero, dijo Cardoso, el abogado le ayudó a negociar un acuerdo con el casero para cubrir el alquiler atrasado con un plan de pagos.
“Eso era factible para mí”, dijo. “Era una situación caótica hasta que tuve representación legal. Sería bueno que los inquilinos de esta ciudad tuvieran representación legal, para que no les pase lo que a mí”.
