CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Aunque reconocieron que el Vaticano ha instituido reformas para el manejo del abuso sexual clerical, cuatro relatores especiales de la ONU instaron al Vaticano a hacer obligatorio que los funcionarios de la iglesia en todas partes denuncien acusaciones de abuso a autoridades civiles.

Los cuatro expertos en derechos humanos, voluntarios que investigan y formulan recomendaciones en nombre del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también expresaron “preocupación por los continuos intentos de miembros de la iglesia de socavar los esfuerzos legislativos para mejorar la justiciabilidad de la violencia sexual contra los niños en las jurisdicciones nacionales” y denunciaron lo que llamaron un “lobby de miembros de la Iglesia para preservar la prescripción de estos delitos”.

El informe, enviado al Vaticano en abril y publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU el 21 de junio, fue escrito por relatores especiales que trabajan en la promoción de la verdad, la justicia y la reparación; sobre la venta y explotación sexual de niños; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y sobre los derechos de las personas con discapacidades.

La ley del Vaticano requiere que los funcionarios de la iglesia sigan las leyes locales que obligan a informar a la policía y otras autoridades civiles sobre acusaciones, e incluso cuando no se les exige que lo hagan, se les anima a denunciar los delitos. Sin embargo, al explicar la falta de un mandato general, los funcionarios del Vaticano han sostenido con frecuencia que en algunos países la denuncia de una acusación podría conducir a la persecución en vez de enjuiciamiento justo de un delito.

Los relatores destacaron positivamente la decisión del papa Francisco en 2019 de renunciar a la obligación de secreto para quienes informan haber sido abusados ??sexualmente por un sacerdote y para quienes testifican en un juicio o proceso eclesiástico relacionado con abuso sexual clerical, y aplaudieron la decisión de la corte civil del Vaticano de procesar a un sacerdote acusado de abusar de un compañero de estudios en un seminario menor en el Vaticano.

Si bien dijeron que es importante que la iglesia permita informar a la policía de casos sospechosos de abuso sexual, insistieron en que la denuncia debería ser obligatoria.

“Además”, dijeron, “estamos seriamente preocupados por las persistentes acusaciones de obstrucción y falta de cooperación de la Iglesia Católica con los procedimientos judiciales internos para evitar la rendición de cuentas de los perpetradores y la provisión de reparaciones adecuadas a las víctimas”.

Los relatores pidieron al Vaticano “que establezca, lo antes posible, un mecanismo de investigación para esclarecer y establecer la verdad sobre todas las denuncias de violencia sexual cometidas contra niños” por sacerdotes católicos de todo el mundo.

“Tal mecanismo”, dijeron, “debe ser independiente, autónomo de las autoridades eclesiásticas y de conformidad con las normas internacionales”.