LA DISYUNTIVA POLÍTICA de la Isla del Encanto podría llegar a un punto definitivo este año tras una nueva ley que dispone un plebiscito electoral sin precedentes en el que los puertorriqueños decidirán si le piden la estadidad a Estados Unidos u optan por iniciar el camino hacia la independencia.

El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló firmó en febrero la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico (Ley 7 de 2017) que dispone la celebración de un plebiscito el próximo 11 de junio en el que los votantes tendrán únicamente dos propuestas: la anexión definitiva a Estados Unidos o la libre asociación rumbo a la independencia, según el reporte oficial de la oficina del gobernador.

Al firmar la ley, Rosselló puntualizó ante los medios que “la condición colonial que actualmente define a Puerto Rico ha privado a los puertorriqueños de participar plenamente en el gobierno federal, de votar por el presidente de los Estados Unidos, de elegir a representantes con voz y voto en el Congreso Federal, y de recibir un trato igualitario en oportunidades que fortalezcan el desarrollo socioeconómico  y la calidad de vida”. De concretarse la alternativa de la estadidad, la ley dispone que se comience de inmediato un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos “en igualdad de derechos y deberes con los demás estados”, de acuerdo al comentarista local y ex alcalde de la capital San Juan, Dr. Hernán Padilla.

“La estadidad es la única opción que garantiza la ciudadanía americana por nacimiento en
Puerto Rico, mientras que bajo ‘la Libre Asociación’, Puerto Rico tendría que ser independiente y la ciudadanía estaría sujeta a negociación con Estados Unidos”, escribió Padilla en su página editorial del diario el Nuevo Día.

De triunfar el voto de la independencia/ libre asociación se llevaría a cabo otro referéndum el 8 de octubre entre la independencia y la independencia con libre asociación.

El caso está en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que tiene hasta el 16 de este mes de abril para expresarse sobre las enunciaciones de estatus divisadas para el plebiscito o de lo contrario el silencio se entendería como señal de aprobación.
De lograrse una respuesta federal afirmativa para esta consulta, esta sería la primera vez que Puerto Rico cuenta con un respaldo para solucionar la centenaria disyuntiva luego de que en el 1952 se acordara la actual relación territorial bajo la creación del Estado Libre Asociado (ELA).