WASHINGTON (CNS) — La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) se unió a representantes de dos importantes organizaciones católicas caritativas para pedirle a una agencia federal que retire o modifique un plan que busca requerirles a algunos adultos que reciben asistencia alimenticia, que trabajen o se inscriban en programas de entrenamiento de lo contrario perderán el beneficio gubernamental.
En una carta al Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) fechada el 27 de marzo, los representantes católicos dijeron que la regulación propuesta “solo genera obstáculos a la asistencia alimenticia, a la vez que brinda poco o ningún apoyo adicional” para los 1.2 millones de adultos que verían acabar sus beneficios si no cumplen las nuevas disposiciones del gobierno.
La normativa perjudicaría a adultos sin discapacidades y sin dependientes que son elegibles en el momento para recibir ayuda por parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como estampillas de comida.
La carta fue firmada por Anthony Picarello Jr., secretario general adjunto y asesor general de USCCB; Brian Corbin, vicepresidente ejecutivo de servicios a los miembros de Caridades Católicas USA; y Jack Murphy, presidente nacional de abogacía para cambios sistemáticos de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
“Si bien aplaudimos los esfuerzos para fortalecer la implementación del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional para proveer una mayor independencia económica, estamos profundamente preocupados de que la propuesta al ser aplicada impacte negativamente el acceso a la necesaria asistencia alimenticia y nutricional, a la vez que haría poco para apoyar el acceso a los programas que promueven la autonomía”, escribieron.
Las normas fueron desarrolladas en el Proyecto de Ley de Mejoramiento de la Agricultura 2018. Entre sus provisiones, se limita la cantidad de tiempo del beneficio para los adultos sin discapacidades y sin dependientes entre 18 a 49 años, a menos que cumplan los requerimientos de que deben trabajar o participar en un programa calificado de educación y entrenamiento al menos unas 80 horas al mes.
Calificando el acceso a alimentos como “un derecho humano fundamental”, los representantes católicos dijeron que apoyan políticas que “brinden un mayor apoyo a individuos y familias de modo que puedan aprender las habilidades necesarias para contribuir al bienestar de sus familias y comunidades”.
Del 1.2 millón de personas que verían acabar sus beneficios con esta regulación, un 88 por ciento tiene un ingreso familiar ubicado en el 50 por ciento del nivel de pobreza o inferior y un tercio de esos afectados tienen un ingreso familiar mensual promedio de $557, según la carta.
La línea de pobreza federal del 2019 para un hogar de una sola persona es de $12,490.
Los emisores de la carta también señalaron que por cada $1 billón de desembolso por SNAP, $1.79 billón de actividad económica se genera anualmente.
El Departamento de Agricultura de EEUU, el cual administra el programa, reportó que fueron otorgados $60.6 billones en beneficios a 40.3 millones de participantes en el año fiscal 2018. Los desembolsos federales a los beneficiarios alcanzaron un máximo de $74.6 billones en el año fiscal 2012 y desde entonces han ido disminuyendo.
Aunque la regulación propuesta permite que los estados emitan exenciones basándose en altos índices de desempleo y falta de trabajo en una región, los líderes católicos exhortaron a los funcionarios del Departamento de Agricultura a que consideren cuidadosamente las necesidades de los individuos “que están pasando por momentos difíciles y están luchando para encontrar una forma de salir de la pobreza”.
No obstante, continúa la carta, el 89 por ciento de los adultos sin discapacidades y sin dependientes viven en áreas que no calificarían para ninguna exención.
Los tres líderes dijeron que cualquier reducción en los beneficios de SNAP aumentaría la inseguridad alimenticia y requeriría que las agencias caritativas y bancos de alimentos suplan las necesidades básicas de cientos de miles de personas.
“En vez de trabajar para reducir el acceso a alimentos como una manera de lograr la autonomía de las personas, la USDA debe trabajar para implementar plenamente muchas de las reformas incluidas en el Proyecto de Ley de Mejoramiento de la Agricultura 2018, lo cual fortalecería las condiciones de la educación y los programas de entrenamiento y brindaría formas más efectivas y significativas para asistir a los individuos para que se preparen y para que encuentren un trabajo digno”, enunció la carta.
Ellos también le pidieron a la USDA que anime a los estados a apoyar los servicios de administración de casos de SNAP para el grupo de personas afectadas, mientras ellos participan en entrenamiento laboral, trabajan en una iniciativa de emprendimiento social o en la transición a la fuerza de trabajo.