QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO:
En mis estudios de maestría y doctorado en trabajo social, me especialicé en política pública. A principios de los años ochenta, cuando comencé a estudiar política pública, los diversos factores de influencia eran básicamente los mismos de hoy en día. Sin embargo, la proporción ha cambiado considerablemente. Hay tres ramas de gobierno a nivel federal: legislativo, ejecutivo y judicial. Las tres influyen enormemente en la política pública. Pero al parecer, en la actualidad la Corte Suprema tiene mayor influencia en la decisión de temas controvertidos. En los niveles estatal y local, funciona el mismo equilibrio de poderes.
Aparte de los grupos de reflexión (think tanks en inglés), las universidades y las organizaciones sin fines de lucro, la opinión pública —que está muy influenciada por la prensa y la televisión, YouTube y otras redes sociales— también influye en la implementación de políticas públicas. Con frecuencia afirmo que la libertad de prensa y de religión se mencionan en el mismo párrafo de la Primera Enmienda (Enmienda I) de la Constitución de Estados Unidos: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios”.
¿Por qué estas dos cuestiones tan importantes se mencionan en el mismo párrafo? Mi hipótesis es que ambas están comprometidas con la verdad. Si la religión no expone la verdad sobre Dios y los seres humanos, es falsa. Si los medios no informan la verdad, tampoco son dignos de esa libertad asegurada.
Recientemente hemos estado escuchando la frase: “noticias falsas”. Permítanme ponerles un ejemplo personal relacionado con “noticias falsas”. Hace varios meses, fui acusado de ofrecer un soborno a una funcionaria público para que suspendiera la prescripción de acción penal (statute of limitations en inglés) en casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia Católica y su capacidad para continuar nuestra misión.
El periódico llamó para confirmar la veracidad de la información y se envió una carta a través de nuestro abogado alegando que la acusación era evidentemente falsa, junto con la declaración jurada de un testigo que estuvo “presente” cuando el presunto soborno habría tenido lugar, afirmando que esto nunca había sucedido. Aun así, el Daily News publicó en primera plana un titular que decía: “Funcionaria pública de N.Y. afirma que el Obispo de Brooklyn intentó sobornarla con el fin de anular un proyecto de ley en casos de niños abusados sexualmente; la Diócesis declara que su alegación es una ‘falsedad flagrante’ ”. Este es un buen ejemplo de “noticias falsas”.
Hace poco escuché una noticia donde explicaban que los medios de comunicación ya no se toman la molestia de verificar los hechos a la hora de cubrir un reportaje, porque les lleva demasiado tiempo y es más costoso. Contrario a la manera en que trabajaban antes, ahora la premura obliga a los medios a simplemente reproducir lo que se dice, sin verificar las fuentes ni la veracidad de los hechos.
Hay dos áreas de la política pública que hoy en día son influenciadas de diversas maneras por los artífices de las políticas públicas, pero particularmente por los medios de comunicación.
Una de ellas es la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles (ACA, por sus siglas en inglés), también llamada Afordable Care Act u Obamacare. Una vez fui blanco de crítica en público por decir que haberla nombrado Obamacare le daba una fuerte carga política. Poco después la ley fue promulgada y el término Obamacare se puso de moda. Ahora estamos volviendo a llamarla Afordable Care Act, la cual el Presidente Trump y el Partido Republicano se han comprometido a derogar con o sin reemplazo. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha instado a que la ACA no sea derogada sin un reemplazo que ampare a los pobres y vulnerables —incluyendo a los inmigrantes— y proteja a las futuras generaciones y apoye los derechos a la libertad de conciencia.
La asistencia médica es un tema complejo de política pública. La primera premisa para nosotros como cristianos católicos es que la salud es un derecho humano básico, como mismo lo son la alimentación, la vivienda y la educación. Estos son tres elementos básicos para una existencia humana digna que las sociedades modernas deben garantizar a sus ciudadanos.
La atención médica se ha vuelto muy enrevesada y costosa; y es porque se ha convertido en una mercancía para generar beneficios. La atención médica se está haciendo cada vez más inasequible porque las compañías de seguros deben no sólo proporcionar, sino también obtener beneficios. Hemos inventado un formidable intermediario que está conduciendo la política pública más allá de la influencia de los medios de comunicación.
Los seguros de salud surgieron como organizaciones sin fines de lucro formadas por líderes comunitarios, encargados de crear entidades de seguros que asistieran a los miembros de la comunidad. Sin embargo, esto se ha transformado en enormes conglomerados aseguradores que son responsables ante los accionistas de producir una ganancia. Si bien no estoy en contra del sistema capitalista, en este caso parece que algo ha fallado.
La mayoría de las personas recibe sus planes de salud a través de sus empleadores. En cambio, quienes no lo reciben de esta manera, deben confiar en el seguro privado o los intercambios subsidiados por el gobierno como parte de la ACA, que ahora no estará disponible en algunos estados porque las compañías de seguros no pueden obtener ganancias de la A ordable Care Act. La ACA, y aquí la llamo Obamacare, fue aprobada sin la debida consideración de muchas cuestiones problemáticas. El análisis cuidadoso de cómo podemos ofrecer este derecho humano básico debe ser estudiado con la colaboración de los dos partidos… y no solo del que está en el poder o de la oposición.
Otra cuestión que también evidencia este método insustentable de definir políticas públicas es la reforma migratoria. En 1986, comencé a trabajar en Washington, DC, para la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y durante esos años se aprobó la reforma de 1986 con el apoyo y la cooperación bipartidista. Desafortunadamente, debido al incumplimiento de las sanciones penales para el empleador que forman parte de esa reforma, nos encontramos en una situación peor que en 1986.
La clave del problema de la migración ilegal es cómo se hacen cumplir la ley en los centros de trabajo. Si no hubiera puestos laborales para los extranjeros indocumentados, no vendrían; como vimos durante la recesión económica de hace algunos años. Hoy vemos soluciones insostenibles, como la construcción de un muro. El problema no está en las fronteras o los límites; el problema está en el lugar de trabajo. Si empezáramos a hacer cumplir las sanciones penales para los empleadores, de modo que no atrevieran a contratar a ninguna persona “por la izquierda”, sin deducir los impuestos, casi estaríamos resolviendo, de la noche a la mañana, el problema de la llamada migración ilegal.
Lo que sí es un hecho es la migración de trabajadores indocumentados, ya que evidentemente los necesitamos. De alguna manera el mensaje que ha llegado a los medios de comunicación desde el poder ejecutivo es que cuando se deporte a todos estos indocumentados, sus puestos de trabajo serán fácilmente ocupados por ciudadanos estadounidenses. La mayoría de los economistas no estaría de acuerdo con esta comprensión tan simplista del mercado laboral segmentado, pero siempre habrá quienes ocupen las posiciones menos remuneradas y quienes tengan los mejores puestos de trabajo.
Es lamentable que actualmente nuestra política pública esté menos influenciada por la investigación reflexiva que por la opinión pública formada por los medios de comunicación, que han renunciado a su misión de informar sobre la verdad de un asunto. Puedo afirmar que se trata de un fenómeno mundial, que no se limita a los Estados Unidos. Cuando participé en la Comisión Mundial sobre Migración Internacional, auspiciada por las Naciones Unidas, nuestras reuniones abarcaron cinco continentes. En cada lugar, el tema dominante era que los medios de comunicación no mostraban adecuadamente la realidad de la migración. No podemos culpar a los medios, pero tampoco son parte de la solución.
La política pública, por definición, es remar mar adentro en la formación de una sociedad justa. El propósito de la política pública es llevar la justicia y la verdad a todos los ciudadanos. Únanse a mí en oración para tratar de salir de este pantano de la política pública en que estamos, y hallar la manera de promover una política pública más humana.
