CARACAS—. Mientras el gobierno en Venezuela arrecia en persecuciones y amenazas, la hiperinflación, la pobreza y el deterioro generalizado del país crecen y la migración aumenta expandiendo la diáspora, la Iglesia Católica venezolana emprende iniciativas de formación y organización encomiables en semejante panorama.
Semanas atrás, el país quedó en shock cuando un concejal en ejercicio, de la ciudad de Caracas, fue detenido y declarado muerto un par de días después en circunstancias para nada despejadas, estando en poder de la policía política del régimen. La versión oficial fue suicidio: el joven político habría saltado por el piso 10 del lugar donde lo tenían incomunicado. Versiones extraoficiales refirieron torturas que lo habrían llevado a la muerte y luego habría sido lanzado al vacío por sus verdugos. Su nombre era Fernando Albán, católico comprometido y un dirigente social muy apreciado por su trabajo, honestidad y sensibilidad hacia los más necesitados de apoyo y asistencia.
Otro dirigente juvenil, preso desde hacía 4 años en los tenebrosos calabozos del Sebin, fue liberado por gestiones internacionales, sospechosamente justo después de que estallara el escándalo Albán. Las revelaciones del joven, una vez en Madrid, fueron tan terribles que recordaban los relatos y descripciones de las cárceles de la Stassi en Berlín.
La ONG Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin, elaboraron un meticuloso informe sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas, tristemente en aumento en Venezuela.
Las desapariciones forzadas e involuntarias fueron el foco del estudio como una práctica del Estado que no informa sobre el paradero de personas detenidas, ya sea por períodos cortos, largos, o durante traslados posteriores a la detención oficial.
El informe, que contiene casos documentados entre 2014 y 2018, da cuenta de la falta de medidas para la prevención e investigación de estas violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, la ya crónica falta de alimentos, la quiebra de empresas, el cierre de comercios, el pésimo servicio en los hospitales y el caos generalizado en los servicios públicos (básicamente, electricidad, agua y gas) está llevando a límites inaguantables la paciencia popular.
Bajo el régimen de Nicolás Maduro, Venezuela “es un campo de concentración donde se están exterminando a los mismos venezolanos”, afirmó el obispo de Carúpano, Jaime Villarroel, durante una rueda de prensa en Ciudad de México hace pocos días. Se cuidó de enfatizar: “Hablo en nombre de todo el episcopado”. Precisó que “se está cometiendo una tragedia de unas dimensiones inimaginables” de las que “no se puede salir solo”.
Mons Villarroel denunció que el gobierno de Maduro trata a los venezolanos “como unos delincuentes”, y recordó el caso de un sacerdote que fue vejado por las autoridades en un aeropuerto: “Presentó las credenciales. Lo desnudaron, lo hicieron defecar, le dijeron que era una persona sospechosa de llevar droga, lo sacaron del aeropuerto, perdió el avión, le robaron el dinero que llevaba”.
Estas y otras circunstancias han provocado una movilización más fuerte de la Iglesia en función de la activación de un compromiso mayor, tanto de laicos como de religiosos. El mensaje, nítido y a toda voz, es a no resignarse sino a luchar, a no callar sino a denunciar, a no encerrarnos sino a salir, a no deprimirnos sino a proyectar ánimo y esperanza, como corresponde a los buenos cristianos.
El presbítero Carlos Márquez, vicario episcopal de la Arquidiócesis de Caracas, quien presidió días atrás la misa en conmemoración por la muerte del expresidente –democristiano- de Venezuela, Luis Herrera Campins, insistió en su homilía: “La esperanza no tiene nada qué ver con la resignación… ésa no es una virtud cristiana. El primer paso del cambio es la aceptación. Pero el cristiano acepta la realidad y con los ojos puestos en la esperanza lucha para cambiarla”.
El gobierno de Maduro, además, ha emprendido diversos ataques contra la Iglesia católica, intentando crear una iglesia nacional con ministros de otras denominaciones cristianas y sacerdotes católicos que abandonaron el ministerio.
El nuevo Administrador Apostólico de Caracas, Cardenal Baltazar Porras Cardozo, está motorizando una reorganización de las estructuras eclesiales para adecuarlas a los nuevos retos y está armando equipos que repiensen y reinventen las respuestas que el país demanda de su Iglesia. Los jóvenes están enrolándose con gran mística en los continuos e intensivos talleres de manejo de redes sociales y entrenamiento comunicacional.
Los pastores de la Iglesia se han mantenido unidos, con una sola voz, con un solo criterio. El trabajo solidario que realiza la Iglesia en Venezuela se orienta, igualmente, a la formación en la doctrina social de la Iglesia, a formar las conciencias, a evitar que las personas se dejen manipular o engañar por un sistema totalitario que impone la cultura de la muerte en el país.
Están respondiendo al llamado del Santo Padre que les agradeció, durante la última visita ad limina, por permanecer cercanos al pueblo que sufre. También les dio las gracias por ser una Iglesia en resistencia. Están resistiendo los insultos, los golpes, los desprecios, las amenazas del mismo gobierno hacia nuestros obispos, y hacia todos aquellos que de alguna u otra manera somos parte de la Iglesia.
La próxima reunión de la Conferencia de Obispo en Enero, cuando el régimen de Maduro entra en un limbo de legitimidad que representa un grave escollo para su permanencia, promete ser movida y definitoria.-