EL DÍA 16 DE JULIO se produjo en Venezuela un hecho histórico: millones de venezolanos, suficientes como para darse la mano y rodear el mapa completo, salieron a consignar su opinión. Y al gobierno — como decimos en criollo— “se le subió la gata a la batea”. El verdadero revocatorio del mandato de Maduro se cumplió en las urnas.
En la víspera, no solo amenazaron a los empleados públicos, aumentaron sueldos a policías, ofrecieron prebendas a los militares y armaron más colectivos —turbas oficialistas— con intención intimidante sino que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), tristemente célebre por sus constantes multas y acoso a los medios de comunicación, prohibió al espectro radioeléctrico siquiera mencionar las palabras plebiscito y consulta popular.
Pero aquí tenemos otra expresión coloquial para significar la desgracia en que caen los gobiernos y los malos políticos cuando han perdido el favor del pueblo: se les volteó el santo. Cuando el santo se voltea, todo sale mal.
Ciertamente así ha ocurrido, pues cada decisión que el gobierno espera produzca temor o acatamiento, resulta en todo lo contrario. La gente salió a expresarse de manera masiva, particularmente en los sectores populares que representaron, tiempo atrás, el fuerte del respaldo al chavismo.
Uno de los secretos de la decidida y masiva participación fue el hecho de que un acto medularmente civil estuviera organizado y supervisado tan solo por civiles, como debe ser. La desconfianza que genera el Consejo Nacional Electoral (CNE), absolutamente plegado al régimen, brilló por su ausencia esta vez. También los militares se abstuvieron de aparecerse en el escenario y la sociedad civil salió a las colas feliz y confiada en que el gobierno tenía las manos fuera de la jornada. El pueblo venezolano sintió que rescataba un derecho cívico de una manera cívica.
La necesidad de frenar la Constituyente ilegítima a la cual convocó el gobierno de Maduro para el 30 de julio, saltándose a la torera el mandato constitucional de consultar primero al pueblo si la aprueba o no, actuó igualmente como un acicate.
La gente sabe que, de imponerse esa Constituyente, la “constitucionalización” del comunismo, como bien señaló públicamente monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, sería un hecho. Había que conseguir que los ciudadanos dejaran claro, sin lugar a la menor duda, que rechazaban esa pretensión, lo cual ha ocurrido de manera inequívoca.
La Iglesia ha sido el factor clave en este proceso. Viene acompañando a su pueblo a lo largo de todo este calvario autocrático, orientando, denunciando y animando. Nuestros obispos han logrado mantener la esperanza más que ningún dirigente ni partido. Los documentos y exhortaciones pastorales son dignos del mayor elogio. Son citados, leídos y releídos como la referencia más clara para enfrentar a un régimen dictatorial que ha rebasado todo límite.
Días antes de la Consulta Popular, mientras el gobierno la satanizaba en medio de oscuras advertencias, los obispos resaltaban la incuestionable legitimidad del acto, conminaban a Maduro a retirar su propuesta constituyente y alertaban: “Si se impone al Constituyente, habrá reacción violenta”. Otro anuncio importante es que la Iglesia, a través de Cáritas Venezuela, resolvió activar su propio canal humanitario en vista, según revelaron, de que “se cerraron las puertas con el gobierno después de las conversaciones iniciales”.
La Iglesia Católica sigue siendo uno de los factores más activos, no sólo mostrando la cara oculta de las intenciones oficialistas sino insistiendo en lo que pudiera significar la Constituyente de Maduro, de concretarse para el país. También llama a la paz, a la convivencia y la tolerancia entre los venezolanos.
Los obispos en este país han mantenido un pulseo muy saludable para evitar que las cosas se salgan de cauce. Y lo puede hacer porque se ha ganado sus galones a punta de coraje y manejo inteligente de la situación. De hecho, recibe los mayores puntajes en todas las mediciones sobre credibilidad y confiablidad como institución. En un país donde, por efecto de la malicia roja nadie cree en nadie, la Iglesia católica ronda el 80% mientras todos los partidos políticos juntos apenas alcanzan un 30%.
No obstante, luego de este plebiscito no vinculante por no haber sido realizado bajo la tutela y dirección de un organismo del Estado, ha tenido un efecto político devastador para el gobierno y lo coloca ante dos urgencias: la Hora Cero decretada por la oposición y la decisión que, tarde o temprano, deberá tomar Maduro a los fines de dejar el poder y abrir paso a una democracia como la que todo venezolano desea y merece. Dios nos ayude.
