Era un niño de 11 años cuando iba caminando con su hermana mayor cerca de un río, el día que un grupo de hombres se la llevaron mientras él observaba sin poder ayudarla. No la volvió a ver. Su hermano mayor también fue asesinado en otro incidente.
Cuando el obispo salvadoreño Oswaldo Escobar Aguilar habla sobre sanación de las víctimas que sufrieron crímenes cometidos durante la guerra civil en El Salvador, no está simplemente compartiendo anécdotas.
“Lo que la gente necesita es que pidan perdón y reconozcan su error y que digan dónde están y qué fue lo que pasó”, dijo el obispo de 51 años durante una charla el 8 de noviembre en el Centro para la Justicia Social de la Universidad Georgetown en Washington. Fue parte de una visita de tres días compartiendo con inmigrantes de su diócesis, al igual que con otras personas vinculadas a El Salvador, incluyendo parroquianos de la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad de Georgetown que llevan décadas conectados con una parroquia en ese país.
El 2 de diciembre Monseñor Escobar celebró una Misa en la catedral de su diócesis para recordar a los mártires católicos de Chalatenango e incluyó los retratos de cuatro religiosas estadounidenses que fueron asesinadas en El Salvador un día como ese en 1980. Ellas eran las hermanas Maryknoll Ita Ford y Maura Clarke, la misionera laica Jean Donovan y la hermana ursulina Dorothy Kazel. Se exhibieron sus fotos cerca del altar.
Explicó que aunque en El Salvador hubo acuerdos de paz en 1992, no se puede llegar a una paz verdadera por la ausencia de la justicia –en el caso de las religiosas estadounidenses, en la muerte de muchos otros miembros de la iglesia, incluyendo a san Óscar Romero de ese país, en la muerte de más de 70,000 civiles y aproximadamente 10,000 desaparecidos.
“Nunca se escucharon las víctimas y se ampararon crímenes de lesa humanidad”, dijo.
Una ley de amnistía que impidió el enjuiciamiento por muchos crímenes de guerra en El Salvador, no solo ha dejado “una deuda judicial” sino también gran dolor en los corazones de muchos salvadoreños que han sufrido la muerte o desaparición de sus seres queridos.
“Nadie está deseando que se pudran en la cárcel, no”, dijo en referencia a los responsables. “Esa etapa ya pasó. Pero debemos al menos saber qué pasó con ellos. Pero, sí, la gente quiere saber qué pasó con sus familiares. ¿Dónde están? Los desaparecidos fueron 10,000 y es un número significativo”.
Antes de perder la vida, san Romero, quien también fue víctima de un crimen de guerra en 1980, reclamaba por información sobre los entonces 800 salvadoreños desaparecidos, dijo.
Aunque la iglesia y sus organizaciones han tratado de pedir al gobierno salvadoreño que difunda información que llevaría a la sanación o enjuiciamiento de los acusados de crímenes, algunos en el país actúan con indiferencia. Otros que son de “sectores económicos poderosos” dicen que quieren superar lo ocurrido y seguir hacia adelante, dijo.
Pero los crímenes vinculados al conflicto afectaron profundamente más a los pobres del país y a un gran número de católicos, incluso a muchos en la diócesis del obispo Escobar. Algunos de otras clases económicas siguen, en el mejor de los casos, con indiferencia, dijo.
Incluso cuando estudiantes en la principal institución educativa de San Salvador dedicada a la justicia social, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que son de clase media alta y sectores más adinerados, “los llevan a los museos (a aprender sobre la historia del país), les cuentan lo que pasó, lo hacen como trámite, pero no se enganchan con la situación”, según el obispo Escobar.
Así que el sufrimiento de los pobres, incluso en la muerte, sigue siendo una injusticia.
El obispo dice que aún le conmueve ver y escuchar a personas bajo su cuidado espiritual, esos quienes aún lloran por los seres que perdieron hace décadas.
Algunos dan su testimonio durante las Misas, como la del 2 de diciembre. El prelado les alienta a participar en un peregrinaje anual a la ciudad natal de san Romero –otra víctima cuya muerte ha quedado impune– y en conmemoraciones como la que su diócesis organizara en mayo con ocasión del 40° aniversario de una masacre en la cual más de 600 residentes de Chalatenango fueron asesinados.
Igualmente dijo que la diócesis se ha involucrado en un esfuerzo para que las víctimas sobrevivientes hablen sobre viejas heridas aún abiertas.
A nivel nacional, la Iglesia Católica de El Salvador sufrió la pérdida de dos obispos, 17 ó 18 sacerdotes, un seminarista y un número indeterminado de religiosos y religiosas, y mártires laicos, dijo.
“Yo entiendo el clamor”, dijo el obispo Escobar. “Mi diócesis, por ejemplo, es muy martirial y ahorita estamos en el proceso de recuperar la memoria histórica de las víctimas. Catequistas… nos mataron por centenares. Estamos tratando de recoger todos esos datos y queremos tener un archivo de la memoria histórica de lo que la gente nos cuenta que les pasó. La gente todavía sufre”.
Dijo que ante la falta de justicia, es difícil sanar. Pero hay casos que se están analizando, adjudicados fuera de El Salvador, que pueden traer esperanza en lo que se refiere a eventuales enjuiciamientos.
Uno de ellos tiene que ver con el caso de los seis jesuitas, su ama de llaves y su hija, asesinados en la Universidad Centroamericana en 1989. Recientemente, una corte en España dictaminó en contra de la liberación de un excoronel salvadoreño a quien se ha sospechado por mucho tiempo de estar vinculado a la muerte de los sacerdotes y las salvadoreñas.
Estados Unidos, en 2017, extraditó a Inocente Orlando Montano a España, donde está enfrentando acusaciones de asesinato terrorista y crímenes contra la humanidad. Podría enfrentar una sentencia de 150 años, la cual están buscando las autoridades.
Como pasa con muchos otros crímenes contra miembros de la iglesia y otros en El Salvador, el gobierno salvadoreño ha hecho poco para que sean acusados judicialmente. Pero muchos de los jesuitas asesinados también eran ciudadanos españoles, de modo que España se interesó en los casos.
Montano está limitado fuera de cualquier protección legal o política que el sistema legal de El Salvador le podía ofrecer, porque estaba viviendo en Boston, pero fue deportado porque mintió en documentos para entra a EE.UU. España pidió la extradición bajo su ley de jurisdicción universal, la cual permite juzgar allí crímenes debido a su gravedad.
Muchos salvadoreños, incluso el obispo Escobar, están esperando los resultados de este caso.
“Estamos esperando a ver qué pasa en ese juicio, y si da algunos frutos, pero nunca será así a nivel unánime” por todas las víctimas de la guerra de El Salvador, dijo. “Muchos están dispuestos a perdonar, pero no puede ser así ‘borrón y cuenta nueva’. Esa es una falacia. Nadie perdona un hecho de sangre solo así como así”.
