La decisión del presidente Donald Trump de negar la entrada de solicitantes de asilo a los EE.UU. en la frontera sur ha dejado a más de 60,000 personas en el limbo y exacerbado los problemas alimentados por la pandemia mundial, según nuevo informe.
“Varados: El impacto de la política de EE. UU. en los solicitantes de asilo“, publicado en mayo por el Servicio Jesuita a Refugiados de Estados Unidos (JRS/EE.UU.), recoge testimonios de refugiados atrapados en México mientras esperan fecha para una audiencia de asilo.
La autora del informe, Giulia McPherson, directora de Defensa y Operaciones del JRS/ EE.UU., dice que la peor parte ha recaído en México, donde el gobierno local ha tenido que gastar recursos para acomodar a los rechazados por EE.UU., mientras enfrenta su propia crisis en la frontera con Guatemala.
“Los migrantes continúan llegando a la frontera sur de México”, dice. “Quienes buscan protección están desesperados por las oportunidades que les permitan conseguir esa seguridad, y la capacidad general es muy limitada”.
“El COVID-19 ha afectado la capacidad para responder a esas necesidades”, agregó.
Como se documenta en el informe, desde el 20 de marzo, cuando EE.UU. anunció que terminaría con el asilo para recién llegados, más de 20,000 migrantes han sido expulsados desde los EE. UU. sin oportunidad de solicitar asilo y otros 64,000 permanecen en el limbo debido a los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), más comúnmente conocidos como “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes a esperar en México hasta que su reclamo pueda ser procesado.
Esos reclamos están pendientes de forma indefinida ya que la mayoría de los tribunales están cerrados y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado un retraso general de un mes para las citas restantes.
Para McPherson, esa medida es “la última dirigida a limitar el acceso al derecho de asilo” dentro de una larga serie de esfuerzos antiinmigración de esta administración.
Ella rechaza la explicación de que sea una medida necesaria para la salud pública durante la pandemia, y dice que tal justificación pretende enmascarar una agenda de cierre de la frontera que el presidente y su equipo han instrumentado desde su elección.
“El gobierno puede tomar medidas para proteger la salud pública sin suspender las oportunidades de asilo”, dice.
Caitlin-Marie Ward, asesora principal sobre migración en la Oficina de Justicia y Ecología de la Conferencia Jesuita, está de acuerdo, y señaló que esta es “una oportunidad para encontrar soluciones creativas“.
Ward, junto con el padre Ted Penton, secretario de la Oficina de Justicia y Ecología de la Conferencia Jesuita de Canadá y EE.UU., rechazan la idea de que la salud pública sea la motivación principal detrás de la medida.
“La decisión de marzo fue el último clavo en un ataúd que han estado construyendo durante mucho tiempo”, afirma el padre Penton,
señalando que incluso ese nombre de la política “Protocolo de Protección al Migrante” era un “eufemismo cínico”.
“En vez de proteger a las personas las pone en peligro”, dice. “Quienes enfrentan persecución, no son ”viajeros no esenciales“ y no vemos que la administración haga ningún esfuerzo para equilibrar esto en absoluto”.
