WINDSOR TERRACE — La Diócesis de Brooklyn llevará al gobernador Andrew Cuomo a los tribunales.
La diócesis ha presentado una demanda federal contra el gobernador en la que pide una orden que le impida aplicar las nuevas reglas que prohíben la asistencia de grupos de más de 10 o 25 personas a los servicios religiosos en las llamadas “zonas rojas” que han sido designadas como focos de un rebrote del COVID-19.
En la demanda, la diócesis alega que las restricciones impuestas por Cuomo en su iniciativa para la contención de nuevos focos infecciosos (New Cluster Action Initiative) viola los derechos garantizados por la Primera Enmienda. El gobernador anunció su iniciativa el 6 de octubre. Las nuevas medidas deben entrar en efecto a más tardar el 9 de octubre.
De acuerdo a la directiva de Cuomo, se han creado tres tipos de zonas” roja, naranja y amarilla. Las zonas rojas tendrán las restricciones más severas. En las zonas naranja, la asistencia a los servicios religiosos se limitará a un máximo de 33 por ciento de la capacidad del lugar de culto hasta un máximo de 25 personas. En las zonas amarillas se permitirá usar un 50 por ciento de la capacidad del templo.
Hay 28 iglesias y parroquias católicas en zonas clasificadas como roja y naranja.
Mons. Nicholas DiMarzio, obispo de Brooklyn, declaró que la diócesis no tenía otra opción que presentar la demanda. “Las órdenes ejecutivas anunciadas esta semana no nos dejan otra opción que recurrir a los tribunales. Nuestras iglesias tienen capacidad para recibir a muchos fieles y limitar la asistencia a 10 personas en la zona roja, y 25 en la zona naranja, cuando no tenemos un aumento de casos significativo, viola nuestro derecho y no pueden aceptarse”, dijo en un comunicado.
“El estado ha ignorado completamente el hecho de que nuestros protocolos de prevención de contagio han sido efectivos. Es un insulto penalizar nuevamente a todos los que han trabajado tanto por reiniciar los servicios religiosos con éxito”, concluyó el obispo.
“Este caso se refiere a la indiscriminada violación por parte del gobierno de un derecho fundamental garantizado por la Primera Enmienda: la libertad religiosa. Si se permite que esta orden ejecutiva entre en efecto, la misma impedirá que los fieles católicos de Brooklyn y Queens puedan participar en misa incluso cuando la orden ejecutiva en cuestión ni remotamente se ajusta al criterio de interés público vital que se requeriría para justificar la interferencia del gobierno sobre ese derecho fundamental”, dice la demanda.
La diócesis anunció la presentación de la demanda el 8 de octubre
En una entrevista con el noticiero Current News, Randy Mastro, el abogado que representa a la diócesis, dijo que esperaba una rápida reacción de los tribunales, de modo que los fieles puedan ir a misa en sus parroquias este domingo. “Esperamos presentarnos ante el juez mañana,” dijo el abogado el 8 de octubre.
“Los funcionarios públicos tienen el sagrado deber de hacer justicia a quienes sirven, pero esta orden es errónea y terca”, dijo Mastro en su declaración. “Si esta nueva orden ejecutiva se aprueba, los católicos no podrán ir a misa este domingo, incluso cuando la diócesis ha hecho todo lo indicado para garantizar la seguridad de los fieles en sus iglesias. A esta comunidad religiosa se le estaría negando su derecho fundamental —el libre ejercicio de sus creencias religiosas— y es por esa razón que hemos ido a los tribunales para impedir que esta orden ejecutiva entre en efecto y se aplique a las iglesias de la diócesis”.
La diócesis indica que la orden del gobernador “está evidentemente diseñada para la diócesis, dadas las muy distintas consecuencias que tendrá para los negocios seculares, pues permite, por ejemplo, que cientos de personas entren a la vez en un supermercado, pero limita la asistencia a un servicio religioso en una iglesia con capacidad para 1,200 personas sentadas a sólo 10 personas (nueve, si contamos al sacerdote).”
Además, la demanda sostiene que Cuomo está imponiendo restricciones injustas a todas las instituciones religiosas, incluso a aquellas, como la diócesis, que han obedecido los requisitos de distanciamiento social.
“Y sin embargo, este delicado equilibrio entre la libertad religiosa y la y la seguridad salud pública ha sido alterado por la decisión del gobernador de combatir nuevos focos de COVID-19 en algunas comunidades religiosas imponiendo a todas las comunidades de fe en las áreas afectadas un trato injusto, sin tomar en cuenta si esas comunidades han cumplido con las regulaciones previamente establecidas y funcionan de manera segura, como es el caso de las iglesias de la diócesis”, dice la demanda.
Técnicamente, la orden del gobernador permite usar el 25 por ciento de la capacidad de una iglesia en la zona roja. Pero la misma regla establece un máximo de 10 personas en un servicio religioso
Todos los lugares de culto del estado de Nueva York tuvieron que cerrar por orden del gobierno el pasado mes de marzo, cuando la pandemia del COVID-19 se extendió por Nueva York.
En la demanda, la diócesis indica que no solo obedeció la orden de cierre original del gobierno en marzo, sino que desde antes de la misma ya había establecido severas restricciones por iniciativa propia.
“Este periodo en que las iglesias estuvieron cerradas fue muy doloroso para la Diócesis de Brooklyn y su comunidad de fieles”, dice el documento. “Además de los efectos físicos y emocionales de la pandemia en nuestra comunidad, los fieles no podían participar en misa en persona, lo cual es de gran importancia para la fe católica. Además, la cancelación o estrictas limitaciones para la celebración de bautismos, bodas, funerales y otras ceremonias de enorme significación personal y religiosa fueron muy duras para los fieles católicos. Sin embargo, la Diócesis obedeció las severas restricciones del gobierno e impuso sus propias restricciones en varias parroquias, incluso antes de que el gobierno ordenara el cierre de los lugares de culto, pues hacerlo era beneficioso para la comunidad de nuestra diócesis”.
Una vez que el estado retiró la orden de cierre, la diócesis reabrió las iglesias, pero solo después de que un comité especial organizado por Mons. DiMarzio y encabezado por Joseph Esposito, antiguo comisionado del Departamento de Control de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, elaborara un detallado plan e implementara medidas de seguridad en cada iglesia.
La demanda enumera las medidas adoptadas por el obispo por recomendación del comité, como el distanciamiento social, el uso obligatorio de máscaras, y tener desinfectante para las manos disponible para los fieles.
Muchas iglesias tienen capacidad para 800 o más personas, de modo que permiten el distanciamiento social, dijo Mons. DiMarzio en una entrevista reciente.
“Nuestras iglesias son amplias”, dijo. “Podemos tener servicios religiosos sin grandes riesgos.”
Aunque en varios barrios de Brooklyn y Queens ha aumentado el número de casos de COVID-19, no se ha visto una incidencia semejante en las iglesias, dice el obispo.
La demanda de la diócesis forma parte de una reciente tendencia de demandas por violación de la libertad religiosa a lo largo y ancho del país.
El padre Trevor Burfitt, un sacerdote que dirige las iglesias de misión de cuatro condados de California — Kern, San Bernardino, Los Angeles y San Diego — presentó una demanda contra el gobernador de California Gavin Newsom en el Tribunal del Condado Kern el 29 de septiembre.
La iglesia bautista Capitol Hill Baptist Church presentó una demanda contra la ciudad de Washington D.C. y la alcaldesa Muriel Bowser el 22 de septiembre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha expresado su apoyo a la iglesia en este caso legal. El Departamento de Justicia presentó un documento conocido como “declaración de interés” en el caso.
La Sociedad Thomas More presentó una demanda el 12 de agosto contra el gobernador Newsom a nombre de la iglesia Grace Community en Los Angeles. La demanda sostiene que la restricción de la asistencia no se debe imponer a las iglesias porque el gobierno no puso restricciones semejantes a las protestas recientes .
La Sociedad Thomas More también presentó una demanda contra el gobernador de Minnesota Tim Walz en relación con la regla de obligar a los fieles a usar máscara en la iglesia.
