*Por Mons. Nicholas DiMarzio

En un artículo reciente publicado en noviembre de 2025, un grupo que favorece restricciones a la inmigración afirmó: “Políticos, líderes empresariales y grupos activistas han explotado durante mucho tiempo este tema en beneficio propio.” A lo largo del artículo, bien podría haberse añadido a esa lista a la Iglesia católica, desde el Papa, los obispos y los sacerdotes, hasta los fieles laicos.

Existen malentendidos fundamentales respecto a la enseñanza de la Iglesia sobre la cuestión social de la migración. El artículo citado abordó extensamente lo que el Catecismo de la Iglesia Católica enseña sobre la migración, en particular el uso de la prudencia al emitir juicios sobre cuestiones sociales complejas. Sin embargo, no hace referencia a la enseñanza contenida en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, mucho más amplia y fruto de más de un siglo de experiencia.

Los recientes comentarios de nuestro Santo Padre, el papa León, han subrayado claramente la necesidad de compasión en la aplicación de las leyes migratorias, al igual que la declaración emitida por los obispos de Estados Unidos en noviembre. La doctrina social católica es clara al afirmar que las naciones tienen derecho a proteger sus fronteras. Pero este derecho debe equilibrarse con una distribución justa de los recursos cuando los migrantes buscan refugio.

Sin embargo, las causas profundas de la migración irregular no han sido abordadas. Si bien se reconoce que algunas personas se han beneficiado de este proceso, no se ha explicado por qué no se han actualizado las leyes migratorias vigentes ni se han ofrecido soluciones que permitan el ingreso de trabajadores necesarios en sectores como la agricultura, la atención médica, la hotelería y otras industrias. La virtud de la prudencia exige emitir juicios competentes basados en hechos. Los efectos adversos del trabajo irregular recaen principalmente sobre los propios migrantes, que en ocasiones son explotados al verse obligados a trabajar sin beneficios.

La protección del mercado laboral requiere la cooperación de los empleadores y una evaluación exhaustiva de los trabajadores potenciales, en lugar de limitarse simplemente a imponer sanciones a los empleadores. Tanto la seguridad en los lugares de trabajo como la seguridad fronteriza son necesarias y, en realidad, inseparables. Nuestra nación se beneficia de la migración laboral irregular y no puede dar la espalda a quienes han contribuido a su prosperidad.

No obstante, existe un motivo más profundo y pernicioso detrás de las políticas antiinmigración: el deseo de restringir la inmigración para mantener a Estados Unidos, como alguna vez fue o como algunos creen que fue, como una nación predominantemente blanca. Las reformas introducidas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 abrieron la migración hacia Estados Unidos desde todo el mundo. Hemos sido testigos de migraciones provenientes de todos los continentes, lo que ha hecho del país una nación más diversa y más fuerte. La unidad no consiste en la uniformidad; por el contrario, es la diversidad la que puede fortalecer el tejido de cualquier país cuando todas las partes buscan objetivos democráticos. Es lamentable que, como nación, no sepamos ver esta oportunidad de unidad y, en cambio, acentuemos la división.

Las objeciones a seguir la orientación de la Iglesia en materia migratoria suelen centrarse en el papel de los fieles, cuyo deber propio es participar en el ámbito público. Sin embargo, sin una interpretación auténtica de la doctrina social católica, algunos pueden no comprender cuál es realmente su enseñanza: la búsqueda del bien común y el respeto de los principios morales fundamentales.

Al comenzar un nuevo año, se nos presenta una oportunidad para reflexionar sobre los hechos. La justicia para los trabajadores inmigrantes, con o sin documentos, es una necesidad absoluta para fortalecer el tejido de nuestra nación y nuestro compromiso con el ideal estadounidense de justicia para todos.