*Por Mons. Nicholas DiMarzio

El fenómeno de una casi instantánea ilegalidad se ha repetido en los últimos meses, con la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y la revocación del “parole” humanitario para muchos grupos de migrantes. Mi experiencia con la migración se remonta a varias décadas. Al revisar mis archivos, encontré un documento de análisis de políticas de 1988 que coescribí con mi colega de aquel entonces, Demetrios Papademetriou, quien falleció en enero de 2022.

Nuestro trabajo se titulaba: “Hacia un nuevo estándar legal para quienes huyen de crisis: respuestas humanitarias y políticas”. Este análisis finalmente llegó a los pasillos del Congreso y fue incorporado a la Ley de Inmigración de 1990, que permite al Secretario de Seguridad Nacional (entonces conocido como el director del Servicio de Inmigración y Naturalización) conceder un estatus temporal a migrantes que huyen de desastres naturales, convulsiones políticas y otras condiciones peligrosas.

La designación general se aplicaba a todos los nacionales indocumentados de los países afectados que se encontraban en Estados Unidos al momento de la declaración. La primera aplicación de esta designación fue para migrantes que llegaban a Estados Unidos desde El Salvador, un país que en ese momento atravesaba una guerra civil.

Hasta hace poco, esa legislación era celebrada como un programa humanitario acorde con la reputación de Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, recientemente, el nuevo aislacionismo que se ha apoderado de nuestro país ha llevado a la administración Trump a cancelar este estatus protegido, así como las visas de trabajo que lo acompañan. Para más de una docena de países designados para TPS — como Afganistán, Haití, Somalia, Sudán del Sur, Venezuela y otros — el retorno aún no es posible.

El reciente aumento de migrantes venezolanos ha cambiado la percepción de este programa: de ser un gesto humanitario a considerarse una carga pública, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su valor. Sin embargo, hay poca evidencia de que la ayuda inicial brindada a estos migrantes temporales haya causado un daño irreparable a nuestra economía. De hecho, el TPS ayuda a la economía, ya que sus beneficiarios pueden trabajar y aportar su parte justa en impuestos y en producción.

Además, envían remesas a sus países de origen, ayudándolos a estabilizarse. Una de las críticas al programa es que lo “temporal” se ha vuelto casi siempre “permanente”, en el sentido de que muchos de estos migrantes temporales encuentran soluciones permanentes a sus problemas migratorios mediante otros beneficios de inmigración, como el matrimonio o vínculos familiares. El programa también es criticado por opositores a la inmigración porque no sería verdaderamente temporal, ya que para algunos países suele extenderse indefinidamente. Por desgracia, la situación mundial sigue siendo inestable.

Quizás comprender las razones iniciales de su creación nos ayude a detenernos y considerar que este estatus, semejante al de los refugiados, ha seguido manteniendo a Estados Unidos como un faro de esperanza para el mundo. Los acontecimientos recientes en Venezuela, quizá, son el mejor ejemplo. El flujo venezolano llevó a muchos a cuestionar el programa, ya que incluso el propio presidente Donald Trump dijo — después del arresto de Maduro — que quizá algunos venezolanos quisieran quedarse y otros regresar. Eso es exactamente lo que desean la mayoría de los titulares del TPS. Algunos regresan cuando la situación mejora, y otros permanecen legalmente. Sin embargo, revocar el TPS convierte a sus titulares en objetivos del enorme programa de deportación actualmente en marcha.

Es cierto que la mayoría de los países de los que provienen estas personas no han mostrado mejoras que permitan su retorno.

Por ejemplo, muchos afganos con TPS fueron colaboradores de Estados Unidos en la transformación de ese país hasta nuestra retirada. Si regresaran, ahora enfrentarían persecución por parte de los talibanes. Haití es un Estado fallido, donde el retorno es imposible. La situación en Venezuela difícilmente es lo bastante estable como para que quienes se han ido puedan regresar en este momento. La guerra en Ucrania aún no ha terminado, y la intensidad del peligro para los civiles impide un retorno seguro.

Las razones del Estatus de Protección Temporal son hoy tan válidas como lo eran en 1988, cuando un simple análisis de políticas sostuvo la necesidad de fortalecer la historia de la inmigración hacia Estados Unidos como un lugar presentado ante el mundo como un faro de libertad, refugio y derechos.

Debemos luchar por preservarlo.