Por Mons. Nicholas DiMarzio
Dos recientes decisiones de la Corte Suprema han tenido un efecto significativo en materia de inmigración.
La primera confirmó que la ciudadanía por nacimiento ha estado consagrada en la práctica de nuestro país desde sus orígenes, y que la Decimocuarta Enmienda consolidó esa práctica en la Constitución.
La segunda decisión, también fundamentada en la ley y no en la política partidista, establece que el presidente tiene la facultad ejecutiva de otorgar y revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La Corte también determinó que no existían pruebas suficientes de que la administración Trump hubiera violado los procedimientos correspondientes al cancelar el TPS para Haití y Siria. Lamentablemente, no es competencia de la Corte Suprema asesorar a una administración sobre qué condiciones en un país hacen que el regreso sea irrazonable para los refugiados.
Pero ¿cuáles son las razones que justifican este programa de deportaciones masivas?
La administración ha presentado varios argumentos, entre ellos el consumo de beneficios sociales. Sin embargo, un estudio reveló que los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, consumen un 24% menos en prestaciones sociales que los ciudadanos nacidos en el país. Y aún más revelador es que los inmigrantes indocumentados consumen un 53% menos en ayudas de bienestar social que los estadounidenses nativos.
En general, los trabajadores de bajos salarios admitidos en los Estados Unidos necesitan asistencia dada su situación económica. De hecho, se hace muy poco para apoyar a estos trabajadores esenciales para nuestra economía en sectores como la construcción, la agricultura y la salud.
La administración Trump también sostiene que los inmigrantes indocumentados están ocupando empleos que los estadounidenses podrían desempeñar. No obstante, dos grandes estudios concluidos este año coinciden en que las medidas de control actuales han hecho poco por generar beneficios reales para los trabajadores estadounidenses, ni han provocado disrupciones generalizadas en el mercado laboral.
Lo que sí ha generado esta ofensiva son impactos concretos en industrias como la agricultura y la construcción, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante.
Las consecuencias de las deportaciones masivas aún no se han dejado sentir de manera generalizada. Sin embargo, pareciera que hemos regresado a las políticas racistas de 1924, cuando nuestro país cerró las puertas a ciertos inmigrantes —concretamente, a los provenientes del sur y el este de Europa— para preservar el legado de quienes tenían ancestros aquí antes del cambio del siglo XIX al XX. Esta misma ideología racista resurge hoy y es la única razón lógica que explica la implementación de políticas tan drásticas.
Lamentablemente, la población haitiana que reside aquí bajo el TPS, ante la imposibilidad de regresar a un Estado fallido, se ha convertido en el símbolo más visible de este inhumano programa de deportaciones. Se ha informado que varios vuelos ya han regresado a Haití con personas esposadas y con solo la ropa que llevaban puesta.
Las implicaciones morales de estos desacertados programas de deportación masiva han sido señaladas por el Papa León XIV, quien nos recuerda que “la dignidad humana no tiene pasaporte”, y que por ello debe ser protegida.
Mientras el pueblo estadounidense no tome conciencia de la profunda huella que estas políticas dejarán en la conciencia nacional y no se oponga firmemente a ellas, los programas de deportación continuarán.
Los métodos de control utilizados (controles de tráfico, redadas en lugares de trabajo, arrestos en juzgados y obtención ilegal de datos) deben preocuparnos a todos.