Fracasado el reciente diálogo entre la oposición y el gobierno venezolanos en República Dominicana, se abren varios escenarios para Venezuela.

Uno de ellos es continuar de la manera que vamos, rumbo a más hambre, más muertes por falta de medicamentos y un mayor deterioro generalizado. Ello conduciría inevitablemente a un colapso. Colapso que ya está en ciernes.

Ya en este país no se puede hablar de crisis porque lo que se vive es una auténtica catástrofe social cuyas cifras circulan por el mundo. Se multiplican las denuncias y los llamados al gobierno venezolano para que acceda a la apertura de un canal humanitario.

Maduro se ha negado sistemáticamente a ello bajo el argumento de que la ayuda humanitaria significa injerencia e “intervención militar extranjera en Venezuela”. La comunidad internacional, por primera vez y con toda seriedad, parece estar considerando la posibilidad de obligar al gobierno —a través de distintas formas de presión sostenida— a permitir la recepción y distribución confiable de alimentos y medicinas.

Hasta ahora, el régimen de Maduro ha provocado la salida de más de 4 millones de venezolanos, a pesar de que los venezolanos jamás hemos sido emigrantes. Tan solo por la frontera colombiana, se calcula que un promedio de entre 40.000 y 50.000 personas–cifras de los últimos cinco o siete días- cruzan el puente de Cúcuta a diario para acceder a territorio colombiano. Esto plantea un problema de insostenibilidad para cualquier país, aunque Colombia, en especial la Iglesia colombiana, maneja el asunto como mejor puede, comenzando por servir cientos de miles de comidas diarias y habilitando atención de salud y otras necesidades.

Es así como, desde Ginebra, los funcionarios de Naciones Unidas han dejado conocer un documento que emplaza al gobierno acerca de la urgencia humanitaria. Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud; Philip Alston, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, lanzaron ayer su campanada de alerta: “Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, mencionaron los expertos en un comunicado conjunto.

Y advierten: “Las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas. De hecho, las medidas de austeridad que fuesen necesarias, no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales”, señaló uno de los expertos, Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud.

Toda vez que las condiciones empeoran ostensiblemente y se carece de cifras procedentes de información oficial actualizada, prosiguen: “Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.

Para finalizar, agregaron: “No podemos dejar de señalar que estas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales suceden en un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas, de persecución de opositores políticos y de una falta de respeto de los derechos civiles y políticos en el país”.