CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — El candidato favorito a ganar la elección presidencial de México dijo que si triunfa el 1 de julio nombraría a un sacerdote activista como su director de derechos humanos.
Andrés Manuel López Obrador declaró en una reunión de víctimas de la violencia que nombraría al padre Alejandro Solalinde al puesto de derechos humanos e invitaría al poeta católico Javier Sicilia —cuyo hijo fue secuestrado en 2011 y más tarde organizó las familias de los que sufren atrocidades— a participar en una comisión para encontrar los millares de desaparecidos en México.
El padre Solalinde, fundador de un albergue en el estado de Oaxaca para proteger a los migrantes centroamericanos que viajan a través de México, aceptó la oferta; Sicilia dijo que no aceptaría.
“Seguro que lo haré porque es por México, provisto que sea sin salario”, dijo el padre Solalinde. “No necesito salario. Soy misionero. Sería un honor servirle a México de esta manera”.
López Obrador, candidato de tendencias izquierdistas, figura primero en todas las encuestas para la elección del 1 de julio y ha prometido buscar enfoques alternativos para devolver la seguridad a un país que está enfrentando sus peores tasas de criminalidad y violencia. El pasado año 2017, México experimentó el año con más asesinatos registrados de su historia.
López Obrador ha dicho que quiere abordar las causas radicales de la violencia (como la pobreza) y que convocará foros con expertos y líderes espirituales —incluyendo una invitación al papa Francisco— para ayudar a resolver los problemas de seguridad de México.
Él también ha propuesto una amnistía para los que estén involucrados en negocios ilegales de drogas, algo que los críticos dicen que dejaría sin castigo a los que cometen delitos como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, los proponentes dicen que una amnistía le ofrecerá una salida a los que están atrapados en actividades ilícitas y a los se unieron a carteles de la droga debido a coerción o por falta de opciones económicas.
“La amnistía no incluye impunidad”, dijo el padre Solalinde a Catholic News Service en abril. “López Obrador se dio cuenta de que al atender el narcotráfico hay personas de alto nivel que se benefician y los que menos se benefician y arriesgan todo son los pobres, los que cultivan la marihuana, los que cultivan las amapolas”.
Posiblemente las leyes mexicanas prohíban que el padre Solalinde acepte una posición alta en el gobierno y continúe siendo sacerdote, aunque algunos sacerdotes han aceptado puestos públicos. Un sacerdote jesuita en el estado de Chihuahua, el padre Javier Ávila, fue nombrado miembro de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. El nombramiento fue declarado legal, ya que el puesto fue considerado “honorario”.
Las leyes canónicas prohíben que los sacerdotes ocupen puestos públicos que conlleven participación en el ejercicio del poder civil.
El padre Solalinde se ha convertido en uno de los prelados más reconocidos de México y opina frecuentemente sobre asuntos de derechos humanos y política en los medios mexicanos —algo problemático para la Iglesia Católica porque técnicamente se supone que esta se mantenga en los márgenes de la vida pública del país. También ganó el Premio Nacional de los Derechos Humanos de México en 2013 y ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz por su defensa de los emigrantes.
La jerarquía de la iglesia en México ha tenido la tendencia de no entrar en la defensa de asuntos de derechos humanos. Algunos analistas de la iglesia dicen que asumir posturas fuertes podría alienar a líderes políticos locales, que buscan el apoyo de la iglesia y a veces ayudan con proyectos caritativos y la construcción de parroquias.
El alto perfil de padre Solalinde ha causado un poco de incomodidad entre los sacerdotes de la Diócesis de Tehuantepec, donde él abrió el Albergue Hermanos en el Camino y soportó persecución política y amenazas del crimen organizado. El obispo Óscar Campos Contreras, quien fue transferido a otra diócesis en septiembre, le pidió a padre Solalinde que asumiera las responsabilidades parroquiales en vez de servir como sacerdote ambulante, pero una ola de publicidad causó que el obispo retrocediera.
“El obispo anterior estaba en una posición muy delicada”, dijo el padre José de Jesús Gutiérrez, portavoz diocesano. “Hubo mucha presión social” de parte de personas que no son consideradas amigas de la iglesia, añadió el padre Gutiérrez. “Durante la última reunión de sacerdotes que tuvimos, a este hombre, al padre Solalinde, se le pidió que rindiera cuentas… pero él no ha aparecido”.
