Como embarcación a la deriva, la Isla del Encanto lucha por mantenerse a flote tras haberse declarado incapaz de pagar una deuda pública que asciende a casi 72 mil millones de dólares.

El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, dejó atónitos a millones de puertorriqueños cuando anunció en días pasados que la deuda era “impagable” y que el gobierno federal en Washington había hecho “muy poco” para ayudar a solucionar la profunda crisis fiscal. Y es que el estatus político de Puerto Rico —que figura legal y jurídicamente como un “Estado Libre Asociado” de Estados Unidos— impide que la isla pueda ampararse bajo el capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. “Durante los últimos 117 años, Puerto Rico ha sido tratado como si fuera menos que el resto de nuestra nación. Ha sido ignorado, subfinanciado y marginado. Los problemas económicos que enfrenta Puerto Rico están directamente relacionados con su actual estatus territorial”, subrayó el congresista neoyorkino José Serrano, quien es portavoz demócrata en el subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que supervisa el presupuesto del Tesoro Federal.

Ante la negativa actual de la Casa Blanca de ofrecer un rescate financiero a la isla, Serrano y otros congresistas de origen puertorriqueño están luchando contra viento y marea para lograr la aprobación de un proyecto de ley (HR-870), que permitiría que las corporaciones públicas de la isla se acogieran a un proceso ordenado de quiebra.

La también congresista boricua Nydia Velázquez pidió al presidente Barack Obama que utilice el Grupo de Trabajo para Mercados Financieros para sentar en una misma mesa a los acreedores y al gobierno de Puerto Rico, en busca de un acuerdo que permita reestructurar la deuda pública.

A mediados de julio se llevó a cabo en Nueva York la primera reunión entre los miembros del gobierno de Puerto Rico con los acreedores, con el objetivo de renegociar la deuda pública. El encuentro se transmitió en vivo desde las oficinas en Manhattan de los asesores externos de la isla, CitiGroup. Se quería de esa manera “ofrecer total transparencia” ante el pueblo sobre la ruta que tomarán para reestructurar la deuda del país, según señaló el secretario de la gobernación de la isla, Víctor Suárez.

Economistas que analizan el caso opinan que los orígenes de la deuda puertorriqueña están en deficiencias presupuestarias cubiertas con préstamos, baja competitividad, sistemas de pensiones deficitarios, altos niveles de evasión contributiva, gasto público elevado, alto endeudamiento y poca transparencia en las estadísticas económicas.

“Aquí la estrategia de cada cual debe ser llegar para aportar. Ser parte de la solución, no parte del problema. No puede ser ocasión para controversias divisorias. Tiene que ser ocasión para unidades en el país. Yo no pido unanimidad, yo pido que logremos convergencia”, puntualizó el gobernador.