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“Esto se está cayendo solito”: En Venezuela, el episcopado le sube la parada al gobierno

CARACAS—. Con razón decía Juan Pablo II que “allí, donde la dignidad humana está en peligro, eso es un asunto de la Iglesia”. Por acá se lo han tomado al pie de la letra. Cuando las voces políticas andan por otros rumbos, la Iglesia Católica venezolana alza su voz en nombre de todos aquellos que no tienen cómo hacerse escuchar.

El caso de la reciente detención, abusiva y violenta, de un dirigente opositor —práctica que por estos lados es constante y se lleva por delante a cualquier ciudadano, con o sin inmunidad parlamentaria— condujo a la difusión de documentos donde los obispos fijan posición en torno a las perversiones de la justicia en este país.

El joven, de nombre Juan Requesens, un destacado dirigente estudiantil convertido actualmente en diputado a la Asamblea Nacional, estuvo incomunicado por días hasta que la familia logró comunicarse con él telefónicamente. Se filtraron fotos, así como un video donde el muchacho aparece visiblemente maltratado y ya es vox populi que le administraron drogas para que confesara lo que la policía política necesitaba: quería, a toda costa, que se implicara e involucrara a otros opositores en el aún nada claro “atentado” contra el jefe del Estado días atrás. Un claro “protocolo” comunista aplicado acá por los cubanos, a su vez, heredado por ellos de la Unión Soviética. El evento, ocurrido durante un desfile militar, fue aprovechado por el gobierno para arreciar la represión contra opositores y correr una cortina de humo sobre asuntos tan delicados como el plan discriminatorio que se apresuran a poner en marcha con la distribución de gasolina y que tiene crispado al país. Un asunto verdaderamente espinoso en estos delicados momentos.

Paralelamente, militares de distintos grados y fuerzas vienen protagonizando episodios que apuntan a un desajuste seriamente riesgoso para el gobierno en los mandos castrenses. Desaparecen sin pedir la baja, algunos se van al exterior de incógnito, otros la solicitan directamente y, según lo que alega el régimen para justificar sus detenciones, es que se descubrieron formando parte de conspiraciones para derrocar a Maduro. De ser esto exacto y no una excusa para sacar de juego a los virtualmente peligrosos por su ascendencia dentro de la Fuerza Armada, sería la confirmación de una situación sobre la que los Altos Mandos militares podrían —o ya es así— perder el control. Las capturas están a la orden del día y siempre de la misma manera, como en el caso de los civiles, sin respetar los debidos procesos judiciales.

Maduro ha llegado al extremos de ofrecer villas y castillas —que ya no tiene— a los oficiales para garantizar su lealtad. Pero no sólo eso: al mejor estilo hitleriano, ha advertido a los militares que seguir frecuentando a sus familiares opositores —aún hijos y esposas, padres o hermanos— implicaría perder sus carreras castrenses.

Una primera toma de posición por parte del episcopado correspondió a la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, la cual comienza por recordar que “Nadie puede ser privado de la dignidad” y continúa: “las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos”.

Horas después siguió el Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ante el deterioro evidente y escandaloso de la justicia, cuyo lamento era una denuncia: “en el país, quienes se sienten con poder están usando la única arma de los que no tienen razón: la violencia represiva. Para ejercerla están violando leyes, los articulados de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos. Perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente, es el componente que se observa, mientras hay una multitud de pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, transporte público, gas, sueldos dignos, detener la inflación. Pero nada de esto está ocurriendo; por el contrario, se quiere ejercer un control social y se promueve el quiebre de la disidencia”, al tiempo que exhortaban a no sucumbir en el justo reclamo de los derechos ciudadanos, recordando que “la protesta cívica, la organización comunitaria, la unidad como pueblo, el reclamo legítimo del buen funcionamiento de los servicios públicos que les pertenecen al pueblo, son acciones que están avanzando”.

El Papa Francisco quien, como decimos en criollo, tiene el bobo bien lejos, picó adelante al gobierno al nombrar —hace menos de un mes— como Administrador Apostólico al Arzobispo de Mérida, Cardenal Baltazar Porras Cardozo, uno de los prelados más vejados verbalmente por el régimen y más molestados por sus huestes en la arquidiócesis donde ejerce su ministerio pastoral.

El Cardenal Porras es célebre por su acompañamiento, solicitado por el propio Hugo Chávez entonces detenido en Fuerte Tiuna, durante toda una noche terrible a lo largo de la cual el depuesto mandatario temía por su vida. Esta reciente designación dejó perplejo a los mandos políticos del gobierno pues el Santo Padre se saltó el procedimiento rutinario de consultas. Previendo la negativa de Maduro optó por hacerlo, directamente, Administrador Apostólico de la capital, lo cual está entre sus atribuciones de acuerdo a lo fijado en el Modus Vivendi vigente con la Santa Sede. Un inequívoco mensaje del Papa Francisco sobre y para Venezuela.

Estrenándose, el Cardenal Porras, no solo reclamó a la oposición su dispersión al anteponer sus distintas apetencias de poder ante los problemas reales de la gente, sino que, ante la detención arbitraria del dirigente político Juan Requesens, se apresuró a puntualizar en torno a las acciones que ha llevado a cabo el gobierno contra algunos dirigentes políticos, “se les irrespeta la libertad y se castiga la disensión de manera casi express (…) Uno de los problemas graves que vive nuestra sociedad es la falta de consenso y credibilidad hacia el gobierno lo que se evidenció en lo ocurrido el sábado pasado contra el Presidente de la República, pues hay desconfianza entre los ciudadanos y preocupación por los detenidos señalados como responsables de los hechos”.

Por eso decimos que la Iglesia “sube la parada”, lo que en venezolano vale decir, no se calla sino que fustiga.

Así las cosas, el gobierno tendría mejores asuntos en los que ocuparse: la hiperinflación avanza a pasos agigantados, el hambre aprieta y el deterioro general del país ha hecho que algunos analistas aseguren: “esto se está cayendo solito”.-