CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — Un tribunal de la capital hondureña de Tegucigalpa dictaminó que Roberto David Castillo, exejecutivo de Desarrollos Energéticos (DESA), colaboró en el asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos indígenas Berta Cáceres en 2016.
Cáceres lideró la oposición a la construcción de una presa en el río Gualcarque, que se consideraba importante para su pueblo Lenca. La empresa de Castillo estaba construyendo la presa. Cáceres fue asesinada en su casa en el occidente de Honduras.
Siete personas habían sido condenadas por participar en el ataque a Cáceres. Castillo fue inicialmente acusado de ser el autor intelectual del asesinato, pero el tribunal lo condenó por ser colaborador.
“Esta es una victoria popular del pueblo hondureño. Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia”, tuiteó COPINH, la organización de derechos indígenas que fundó Cáceres, el 5 de julio.
✊🏽🔴Esta es una victoria popular del pueblo hondureño.
Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia.¡Berta vive, la lucha sigue! #FaltanLosAtala
— COPINH (@COPINHHONDURAS) July 5, 2021
Cáceres era bien conocida en Honduras por liderar la oposición a la deforestación y proyectos hidroeléctricos que amenazaban con desplazar a las poblaciones pobres y rurales. En 2015 ganó el Premio Goldman, considerado el Nobel por acciones ecológicas.
El padre jesuita Ismael Moreno Coto, quien conoció a Cáceres, dijo que la decisión de la corte “rompe una larguísima tradición, más bien, una tradición permanente, de impunidad”.
El padre Moreno, director de Radio Progreso, dijo que la “presión internacional”, junto con la intensa presión social en Honduras, logró el resultado de la condena.
“Si hay presión para llegar a estos niveles altos, uno puede creer entonces que el muro de impunidad se está cayendo”, dijo el padre Moreno el 6 de julio. “El juicio nos dice que finalmente se comienza a tocar a los intocables… quienes han comprado la justicia hasta este momento”.
El caso fue un acto raro de justicia en un país conocido por la impunidad, y donde los asesinatos de personas que protestan crímenes ecológicos y el despojo de tierras, a menudo quedan impunes.
Global Witness, una organización de derechos humanos, informó en marzo, con ocasión del quinto aniversario del asesinato de Cáceres, que “al menos 40 defensores de la tierra y del medio ambiente han sido asesinados en Honduras desde la muerte de Berta”.
