WASHINGTON (CNS)—. Líderes católicos han protestado públicamente en contra de una propuesta de la administración Trump anunciada el 22 de septiembre que le negaría lo que popularmente se llaman “green cards,” permisos de residencia permanente, a inmigrantes que usan programas de ayuda pública.
La propuesta de 447 páginas, llamada “Inadmissibility on Public Charge Grounds“, se ha publicado en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional, www.dhs.gov. Un comunicado anunciando la propuesta dice que el propósito es “definir claramente” la ley que se ha usado por mucho tiempo para asegurar que aquellos que buscan entrar y quedarse en los Estados Unidos, temporalmente o permanentemente, puedan mantenerse económicamente y no dependerán de ayuda pública.
Las leyes federales siempre han exigido que quienes solicitan “green cards” —los permisos que le permiten a los inmigrantes vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos— deben comprobar que no serán una carga para el gobierno estadounidense, pero nunca se ha considerado el uso de beneficios públicos —por ejemplo, cupones de alimento (food stamps) o subsidios de vivienda— en la decisión para proporcionar estos permisos de residencia.
La acción podría obligar a millones de inmigrantes a renunciar a cualquier ayuda económica suplementaria, y en muchos casos vital, por medio de Medicaid, cupones de alimento, subsidios de vivienda u otras formas de ayuda pública, para no poner en riesgo sus permisos de residencia para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La acción de la administración debilita “décadas de políticas y directrices administrativas sobre cómo los inmigrantes” han sido tratados por el gobierno de Estados Unidos, dijeron dos obispos en un comunicado del 23 de septiembre.
El obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, presidente del Comité sobre Inmigración de los Obispos de Estados Unidos, y el obispo Frank W. Dewane de Venice, Florida, presidente de Comité sobre Justicia y Desarrollo Humano Nacional, dijeron que la regla propuesta “complica más las directrices estrictas” que existen para prevenir que muchos inmigrantes reciban ayuda pública federal.
Los obispos dijeron en su comunicado que apenas estaban comenzando a revisar la regla propuesta por la administración Trump, pero que un análisis inicial indica que la norma puede hacer daño a familias y puede incrementar el miedo que ya sienten familias inmigrantes que se encuentran “luchando para lograr el sueño estadounidense”.
También dijeron que es probable que la acción “prevenga que las familias tengan acceso a servicios médicos importantes y a servicios sociales vitales para la salud y el bienestar público”.
Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal, fue más directa en su evaluación de la medida propuesta por el gobierno: “La administración se ha hundido a un nuevo nivel de crueldad con esta propuesta de castigar a los inmigrantes que usan ayuda pública para alimentar a sus familias, proveer servicios médicos y albergarlas”.
En un comunicado del 24 de septiembre ella dijo que la regla era una “táctica cínica intencionada para promover hostilidad contra los inmigrantes antes de las elecciones de noviembre”.
También dijo que la regla está “basada en suposiciones imprecisas”.
La propuesta está dirigida a familias inmigrantes “que no presentan más probabilidad” de usar servicios pagados por el público que ciudadanos estadounidenses, ella dijo. “Sin embargo, esto obligará a las personas a escoger” una tarjeta de residencia o recibir para sus familias ayuda “permitida legalmente”.
“Hacer que las familias decidan entre el estado permanente de inmigración o asegurar que sus familias tengan suficiente para comer es un ataque sorprendentemente cínico y cruel contra familias por razones políticas”, dijo Atkinson.
El Departamento de Seguridad Nacional permitirá un periodo de 60 días para comentarios una vez que la regla propuesta sea publicada en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno de Estados Unidos. Después de eso, la administración tomará en consideración los comentarios recibidos al emitir su decreto final.