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Los peligros del nacionalismo populista

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BROOKLYN, New York—. A fines de septiembre de este año los dicasterios de la Santa Sede —los ministerios del Vaticano— patrocinaron una conferencia titulada “Xenofobia, racismo y nacionalismo populista en el contexto de la migración mundial”. Un problema que sin dudas afecta también a los Estados Unidos. Quizás el mejor término para explicarlo sea partiendo del concepto mismo de ‘nacionalismo populista’. La conferencia lo definió de esta manera: “El nacionalismo populista es una estrategia política que se basa en promover el miedo de individuos y grupos para justificar la necesidad de establecer un poder político autoritario que proteja los intereses del grupo social o étnico dominante establecido en un territorio en particular. Es en el nombre de esta ‘protección’ que los líderes populistas justifican la negativa a ofrecer refugio, recibir e integrar a individuos o grupos provenientes de otros países o de diferentes contextos culturales o religiosos”.

Estamos siendo testigos de esta recurrencia a la exclusión como política de estado. En las últimas seis semanas, hemos visto esta situación llegar a un punto crítico. Primero, el tema de las llamadas “caravanas” que vienen de América Central a los Estados Unidos y que han sido apodadas como “la invasión”. El hecho es que son grupos heterogéneos de personas que vienen por diferentes razones. Con la Ley de Refugiados de 1980, el Congreso hizo que los estatutos federales de inmigración de los Estados Unidos se ajustaran a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que fue adoptada cuando los Estados Unidos firmaron el Protocolo de 1967 sobre este tema. Los Estados Unidos están obligados por las leyes federales e internacionales a no expulsar o devolver a un refugiado cuya vida o libertad pudieran estar en peligro por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.

Grupos nacionalistas se enfrentan a manifestantes en Charlottesville, Virginia, el 12 de agosto de 2017, durante “Unite the Right”. Ese día una persona fue asesinada y 19 fueron heridas cuando un automóvil a toda velocidad chocó contra la multitud.(CNS/Joshua Roberts, Reuters)

Desafortunadamente, el movimiento de personas en grupos más o menos organizados no habla bien de sus países de origen, ni de los países a través de los cuales pasan para llegar a los Estados Unidos. El asilo, por ley internacional, debe ser otorgado en el primer país al que la persona llega tras salir del suyo. México ha estado dispuesto a procesar algunas solicitudes de asilo; sin embargo, la mayoría de estas personas desean venir a los Estados Unidos.

En el pasado, Estados Unidos ha sido un faro de libertad y esperanza para muchas generaciones de refugiados, personas en busca de asilo e inmigrantes. Si perdemos ese concepto de lo que nuestra gran nación es, nos convertiremos en un país muy diferente. Nos convertiremos en una plaza cerrada en la que no admitiremos a nadie que necesite ayuda, bajo ninguna circunstancia. Ya hemos visto la disminución del programa de reasentamiento de refugiados a través del cual en los últimos años estábamos admitiendo a 100,000 personas. Este número se había reducido a 30,000 recomendados, y tal vez ni siquiera alcancemos esa cantidad durante este año fiscal. Es importante entender que las personas a las que se otorga estatus de refugiado han sido entrevistados por múltiples agencias federales, y se les ha realizado una verificación de antecedentes penales. Este es un proceso que toma muchísimo tiempo para garantizar que la persona cumpla realmente los requisitos para recibir el estatus de refugiado en virtud del derecho estadounidense e internacional.

La admisión de refugiados por parte de los Estados Unidos ha servido de barómetro para el resto del mundo civilizado a la hora de recibir refugiados de diferentes países donde “su vida y su integridad” corren un grave riesgo. Cuando cerramos nuestras puertas, otros países siguen nuestro ejemplo. Como hemos dicho, este es uno de los problemas que enfrentamos en el mundo de hoy.

En la conferencia del Vaticano mencionada anteriormente, se trató el tema de la “xenofobia” o miedo a los extranjeros, así como el “racismo”, que es una manifestación de la xenofobia. La situación se vuelve más compleja cuando combinamos estos factores y no seguimos la “regla de oro”, que nos recuerda que debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Los derechos humanos fundamentales no pueden ser anulados debido a un juego de percepciones en nuestro sistema de inmigración.

Un hombre, parte de la caravana de migrantes de América Central que se dirige a los Estados Unidos, atraviesa con una niña en brazos el río Suchiate para pasar a México desde Guatemala. (CNS / Adrees Latif, Reuters)

Una solución simple para el problema de las “caravanas” sería el procesamiento “en el país”, mediante el cual las personas podrían presentarse sus casos en las Embajadas de los Estados Unidos en Honduras, El Salvador y Guatemala, y tomar una decisión allí, sin que tengan que arriesgar sus vidas viajando a los Estados Unidos o dar una falsa señal de que están invadiendo nuestro país. Nuestra generosidad como país ha disminuido enormemente. Las personas que realmente merecen asilo no deben ser agrupadas con las que parecen venir a los Estados Unidos por razones menos serias.

Ciudadanía por derecho de nacimiento

Otro tema que ocupa titulares hoy es el tema de la “ciudadanía por derecho de nacimiento”. Este es un tema que igualmente tiene grandes implicaciones constitucionales. La Sección 1 de la Enmienda 14 establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Ningún estado deberá crear o hacer cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección legal equitativa”. Una orden ejecutiva que pronto será emitida por nuestro presidente pudiera poner un límite a la ciudadanía de los Estados Unidos por nacimiento. Si este fuera el caso, esa Orden Ejecutiva tendría que incuestionablemente ser revisada en los tribunales.

Algunos consideran razonable negar la ciudadanía a los hijos de quienes vienen a los Estados Unidos solo para dar a luz. En nuestra propia diócesis hace varias semanas, fuimos testigos del desafortunado ataque a varios bebés chinos en Flushing, cuyas madres viajaron para que sus hijos nacieran en los Estados Unidos en las llamadas “casas de parto”.

Este es un asunto que merece ser enfrentado, sin embargo, quizás no de esta manera radical. Porque una vez que eliminemos esa Enmienda de nuestra Constitución, el hecho es que a cualquier persona, incluso a los hijos de inmigrantes legales, se les pudiera negar el derecho de ciudadanía por nacimiento.

Una carga pública

Otro argumento antiinmigrante que ha puesto en curso nuestro gobierno es la propuesta de norma sobre la carga pública. El término “carga pública” aparece por primera vez en la Ley de Inmigración de 1882, refiriéndose específicamente a cualquier “persona que no pueda cuidarse a sí misma sin convertirse en una carga pública”. Desafortunadamente, esta nueva interpretación de la determinación de “carga pública” va bastante más allá de su intención original porque ahora cualquier inmigrante legal en los Estados Unidos que acepte asistencia pública en dinero efectivo, o que sea institucionalizado a expensas del gobierno, no podrá solicitar la ciudadanía. Esto también es válido para los hijos de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos legalmente.

Parece que acceder al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), los programas de vales de subsidio para la Vivienda de la Sección 8 y el Medicaid que no es de emergencia, así como la asistencia de alquiler basada en proyectos habitacionales del departamento de Vivienda, serían motivo para negar la ciudadanía a residentes permanentes. También se está discutiendo agregar el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) dentro de esta lista. Es fundamental recordar que en la reforma de la asistencia social de 1996, el Congreso definió específicamente las categorías de inmigrantes que eran elegibles para cada uno de los beneficios financiados por el gobierno federal.

Un manifestante lleva un cartel pro inmigración durante una marcha en Washington, cerca de Lafayette Square. (CNS/Tyler Orsburn)

No voy a opinar sobre la motivación que inspira esta reglamentación. Claramente, debemos entender que las familias inmigrantes vienen a nuestro país a trabajar, no a recolectar beneficios sociales. Algunos, desafortunadamente, tienen que acceder a estos beneficios en momentos de necesidad, al igual que nuestros ciudadanos. Como trabajadores, especialmente los trabajadores documentados, deben recibir los mismos beneficios de la red de seguridad proporcionada para los trabajadores de bajos ingresos.

En este momento, es casi imposible para las personas indocumentadas recibir cualquiera de estos beneficios. Lamentablemente, estamos yendo demasiado lejos en ese esfuerzo por excluir de la ciudadanía estadounidense a quienes contribuyen al bienestar de nuestro país con su trabajo.

Nuestra sociedad es multiétnica y multirracial. Esto no se puede cambiar reinventando el sistema de inmigración. Parecería que esta motivación es parte integral de las críticas que se han lanzado recientemente contra la inmigración, así como contra los programas de rescate de asilo y reasentamiento de refugiados.

Como cristianos y católicos, debemos apoyar los derechos humanos fundamentales y rechazar las iniciativas populistas que son incompatibles con los valores del Evangelio. Esto debería inspirar nuestra participación en la vida y el discurso político. Necesitamos entender nuestras opciones fundamentales cuando elegimos a nuestros funcionarios públicos, quienes deberían defender la vida en todas las etapas de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural. No podemos escoger a nuestro antojo qué asuntos vitales vamos a apoyar. Todos son importantes, pero obviamente, el derecho a la vida en sí es el más fundamental e importante. No podemos negociar uno por otro.

Mientras remamos mar adentro en las profundidades de este nuevo período electoral, debemos tener en cuenta nuestras responsabilidades como cristianos católicos. Debemos entender mejor los problemas y no ser arrastrados por las aguas del nacionalismo populista. A simple vista, parece estar protegiendo a los ciudadanos de nuestra nación, pero en realidad nos aísla a unos de otros y del resto mundo.