WASHINGTON (CNS) — Los Obispos dirigieron una nueva llamada de atención al gobierno de Venezuela a través de una carta titulada “Dios quiere para Venezuela un futuro de esperanza” emitida por la Conferencia Episcopal de aquel país, al terminar la Asamblea Ordinaria Plenaria celebrada en julio pasado.

Gran parte de la declaración enumera una cascada de problemas resumidos en un reporte de las Naciones Unidas sobre la situación de esa nación: graves violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía –incluyendo la falta de acceso a alimentos, cuidado de salud, medicinas–, el atropello a la democracia, el debilitamiento de instituciones públicas, el daño físico que en ciertas ocasiones ha resultado en la muerte de ciudadanos cuya voz se alza contra el gobierno.

Los obispos del país, junto con el resto de la Iglesia Católica y la ciudadanía de Venezuela, han vivido en el caos constante que ha llevado a por lo menos 3 millones de personas a huir del país–según cifras de la agencia de refugiados de la O.N.U., la cual difundió en junio estadísticas actuales y proyecciones de un éxodo mayor que ocurrirá a finales del año si la situación no cambia.

El obispo José Trinidad Fernández ha observado de cerca la situación desesperante de su país de origen.

La ciudad capital de Caracas, donde ha trabajado durante las últimas dos décadas, ha sido testigo en los últimos años de ataques con gas lacrimógeno, agresiones físicas a la ciudadanía por parte de las fuerzas gubernamentales y de multitudes con hambre y desnutrición pidiendo ayuda en calles donde en otros tiempos caminaba una de las poblaciones más prósperas de toda Latinoamérica.

Como otros venezolanos, algunos familiares del obispo que estaban estudiando en el exterior han decidido no regresar debido a la incertidumbre que hay para conseguir trabajo, mucho menos alimentos o medicina en el país que cada día se acerca a un colapso político y económico. Y no son los únicos venezolanos que sienten de esa manera.

En una entrevista a finales de julio con Radio Vaticana, el cardenal de ese país, Baltazar Enrique Porras Cardozo calificó a Venezuela como “un estado fallido”.

Millones de venezolanos, como los familiares del obispo Fernández, se han ido.

“La situación en Venezuela se ha vuelto cada vez más aguda, más crítica”, dijo el obispo Fernández, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, quien dio una entrevista a Catholic News Service (CNS) el 18 de julio en Washington, cuando estaba participando en una conferencia.

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Para finales del 2019, el número de venezolanos que ha salido del país podría superar los 4 millones –según la agencia– lo que significa que Venezuela perderá aproximadamente el 10 por ciento de su población en el curso de los últimos cuatro años. El único país con una tasa superior de desplazamiento de personas, debido a una crisis humanitaria, es Siria. El obispo Fernández dijo que el país “se ha ido deteriorando de una manera tan vertiginosa” que es difícil saber por dónde empezar a hablar sobre los problemas que enfrenta Venezuela.

Venezuela, que hace algún tiempo era el país más rico de Sudamérica por su abastecimiento de petróleo, vio cambiar drásticamente su suerte en la última década por la mala administración de recursos y el descenso del valor del petróleo, el cual se desplomó aún más después de que la crisis política ahuyentara a los inversionistas.

Salarios bajaron. Trabajos desaparecieron. La inflación se disparó y nació el éxodo.

Muchos padres de familia venezolanos abandonaron su país para trabajar en los países vecinos de Colombia, Perú o Brasil, los cuales han venido absorbiendo las multitudes que están huyendo. Demócratas solidarios en el Congreso de Estados Unidos hicieron esfuerzos en julio para que se aprobara un proyecto de ley que habría otorgado el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos que viven en Estados Unidos, pero la medida fue bloqueada en julio. El TPS da un permiso de trabajo y protección contra la deportación a ciertas personas cuyos países de origen han experimentado desastres naturales, conflictos armados o situaciones excepcionales, para permanecer temporalmente en Estados Unidos.

La administración Trump, la cual no ha ocultado su deseo de poner fin al programa de TPS para ciudadanos de países como El Salvador y Haití, sin embargo, ha dicho estar considerando alguna forma de protección migratoria para los aproximadamente 200,000 venezolanos en Estados Unidos. Eso es por que la Casa Blanca quiere ver el fin del actual gobierno socialista de ese país, liderado por Nicolás Maduro –una estrategia que parece ser respaldada por los obispos venezolanos.

En medio del caos político, el país no está preparado para manejar la escasez que existe allí, dijo el obispo Fernández. La disminución del abastecimiento de alimentos y medicina, ha producido una desenfrenada ola de enfermedades y malnutrición –dijo– y es por eso que los obispos se sintieron obligados a abordar el deterioro en su carta y pedir por un nuevo comienzo político.

“Ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República”, dice la carta de los obispos.

A la iglesia le preocupa situación –dijo el obispo Fernández– porque la crisis ha afectado a los pobres, su salud y acceso a alimentos; también ha llevado a la desintegración de la familia y ha limitado las libertades individuales de aquellos que permanecen en el país, pero están en desacuerdo con sus dirigentes.

No hay mucha oposición por parte de la feligresía en relación con lo que los obispos le han dicho al gobierno –dijo–. La iglesia ha sido protagonista y aboga por el bien común, “el bien de nuestro pueblo”, dijo. El trabajo de organizaciones como Cáritas, la rama humanitaria de la Iglesia Católica, ayuda a que los venezolanos comprendan que “la iglesia camina con ellos” incluso en la dificultad –dijo el obispo Fernández.

Los venezolanos ven una iglesia que clama para que sus derechos sean respetados, la que camina con los débiles y los más vulnerables, la que no se quedará callada ante el maltrato de sus ciudadanos, dijo. Y detrás de esas palabras, ellos cuentan con un poderoso colaborador: el papa.

“El papa está muy cercano a nosotros”

El obispo Fernández dijo que Francisco “está al tanto de la situación”. Agregó que durante la visita “ad limina” del 2018, la cual los obispos están obligados a hacer con regularidad al papa, el pontífice le dijo al grupo que ellos representan “la voz del papa” en el país.

El Vaticano ha estado involucrado diplomáticamente –dijo– urgiendo a las partes envueltas en el conflicto en Venezuela a que encuentren una solución pacífica a la crisis que está extendiéndose rápidamente en la región y que se está convirtiendo en “una cuestión geopolítica”.

La agencia de noticias Bloomberg, informó el 7 de agosto que un empresario contratista chino ha acordado ayudar a la red de refinería petrolera del país y aliviar la escasez de combustible en Venezuela. China, al igual que Rusia, critica el involucramiento de Estados Unidos, argumentando que las sanciones empeoran la situación de Venezuela y su pueblo. China apoya al gobierno de Maduro y ese apoyo puede ayudar a mantenerlo en el poder –lo que implica que la crisis no terminará pronto.

Pase lo que pase, los obispos dicen que no van a dejar de pedir una solución ante la miseria que se encuentra en Venezuela. Algunos han acusado a los obispos de tener motivaciones políticas, “nos han dicho que dejemos la sotana y formemos un partido político más”, dijo el obispo Fernández.

“No es que estemos haciendo política … estamos buscando el bien de nuestro pueblo. Buscamos sacar a la luz los problemas que están ocurriendo en el país por las malas políticas gubernamentales que se han implementado en Venezuela y están causando un sufrimiento”.

“En Venezuela, la situación es compleja, una situación dramática la que estamos viviendo y somos responsables de decir que hay que generar cambios, que si las cosas no están bien, hay que mejorarlas”, agregó. “Eso es nuestra preocupación”.