WASHINGTON (Por Rhina Guidos/CNS)—. La oficina de derechos humanos del arzobispado de San Salvador pide justicia por parte de las autoridades del país para procesar pronto al asesino y otros responsables del asesinato de San Óscar Arnulfo Romero y también pide que paren de ofrecer excusas “creativas” que autoridades ofrecen para no hacerlo.
En un comunicado emitido el 28 de noviembre, la Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, dijo que sobran excusas y barreras para no procesar y “no hacer justicia” no solo en el asesinato del santo, sino en el asesinato de miles de salvadoreños, incluso muchos católicos que fueron asesinados, torturados y desaparecidos durante el conflicto del país de 1980 hasta 1992.
El 23 de octubre, días después de que la Iglesia Católica declarara santo al arzobispo salvadoreño, un juez de El Salvador emitió una orden de captura para Álvaro Rafael Saravia, un ex capitán de ejército a quien se le sospecha de matar al líder religioso en 1980 cuando el arzobispo celebraba Misa. Pero hay frustración porque nada pasa para llevar a Saravia y otros a que enfrenten la justicia, dijo el padre Estefan Turcios Carpaño, director de la Tutela Legal de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, en una entrevista telefónica el 29 de noviembre con Catholic News Service.
Saravia, el sospechoso principal del asesinato, sigue libre y se cree que está prófugo en los Estados Unidos. La carta de la oficina de derechos humanos dijo que Saravia, así como otros agentes del gobierno y de la guerrilla, pero principalmente el ex militar derechista Roberto D’Aubisson; el chófer de Saravia, Armando Garay; Mario Molina, el sospechoso de haber contratado a los asesinos de San Romero, deben enfrentar la justicia por su rol en el asesinato. Todos fueron nombrados en un informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas que investigó el asesinato del arzobispo.
La Fiscalía General de la República de El Salvador ha manejado el caso de una manera “lenta e inefectiva”, decía el informe de la oficina de derechos humanos. Es hora de hacer justicia para San Romero y para otras víctimas de la “derecha y de la izquierda” quienes fueron asesinadas durante el conflicto, dijo el padre Turcios a CNS.
“¿Qué barreras ahora puede utilizarse como excusas para no establecer la verdad jurídica y enjuiciar a todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado?” pregunta la carta. “¿Una ley de amnistía expulsada del ordenamiento jurídico? ¿Una nueva ley de amnistía disfrazada de reconciliación por la paz? … ¿Falta de recursos? ¿Desinterés por hacer la justicia? ¿Seguir minimizando lo atroz de la opresión que sufrió y sufre el pueblo salvadoreño? ¿No reabrir heridas que ni si quiera han sanado?”
Por años, el proceso de llevar a la justicia una gran cantidad de casos relacionados con crímenes que ocurrieron en El Salvador durante la guerra civil no dio resultado debido a una ley de amnistía de 1993 que impidió el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos relacionadas con la guerra. Sin embargo, en 2016, la ley de 1993 fue rechazada por la corte más alta del país, y el caso del asesinato de San Romero se reabrió al año siguiente. Pero el caso no ha avanzado, incluso cuando los tribunales siguen emitiendo órdenes de arresto que no se cumplen. Es difícil decir si es esa su verdadera intención, buscar la justicia, pero “esperaría que sea cierto”, dijo el padre Turcios.
La carta, también publicada el 25 de noviembre en Orientación, el periódico semanal del arzobispado, dice que el pueblo salvadoreño está “sediento de verdad, justicia y paz”, y lograr justicia significa transparencia y documentación que identifique quién dio las órdenes, cuales eran, en la masacres del país, en las torturas y “desapariciones forzadas” que ocurrieron en El Salvador.