*Por Monseñor Nicholas DiMarzio

En septiembre celebramos el Día del Trabajo, que nos recuerda las luchas que los trabajadores y el movimiento obrero han atravesado a lo largo de la historia de los Estados Unidos.

El Día del Trabajo fue instituido para reconocer las contribuciones y las luchas del movimiento obrero por mejorar las condiciones laborales, los salarios, los beneficios y todo aquello que sostiene a las familias que hacen grande a Estados Unidos. Lamentablemente, la historia a veces se repite, como vemos hoy en la situación de los inmigrantes autorizados e indocumentados que trabajan en los distintos sectores de nuestra economía, y en cómo la amenaza de la deportación masiva está socavando su contribución a nuestra economía.

El trabajo es trabajo, sea quien sea quien lo realice, y constituye una contribución a nuestra economía y a nuestro bienestar. La pregunta es a quién se le puede imputar mayor ilegalidad: ¿a los empleadores o a los trabajadores?

Los empleadores están obligados a completar un Formulario I-9 tras una simple revisión de una tarjeta de Seguro Social o de una autorización de empleo, la cual no están obligados a verificar. El trabajador presenta los documentos, verdaderos o falsificados, a un empleador dispuesto que necesita su mano de obra. Sin embargo, cuando el gobierno revoca la autorización de empleo, la mayoría da por terminada la relación laboral.

Recientemente se ha formado una coalición llamada «The Mass Deportation Coalition» (Coalición para la Deportación Masiva). Esta coalición es una alianza de grupos antiinmigración, entre ellos la Federación Estadounidense para la Reforma Migratoria (FAIR), la Heritage Foundation, y antiguos funcionarios federales que presionan a la administración Trump para que cumpla sus promesas de campaña en materia de aplicación de las leyes migratorias, especialmente la deportación masiva tanto de los indocumentados como de quienes llegaron con visas temporales que desde entonces han sido revocadas.

La coalición ofrece muchas razones para insistir en deportar al mayor número posible de migrantes, entre ellas afirmaciones cuestionables de que estos migrantes quitan empleos a los estadounidenses o reducen los salarios de otros. Estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente. Pareciera no haber límite a sus exigencias de vaciar a Estados Unidos de las nuevas poblaciones inmigrantes.

Su agenda incluye la fiscalización en los lugares de trabajo, sistemas de verificación obligatorios, sanciones económicas y la expansión de los centros de detención, para que más personas puedan ser deportadas de manera rápida y eficiente.

Como contrapeso, sería maravilloso que se formara una coalición para defender a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, sean autorizados o indocumentados, ya que el trabajo que realizan es sin duda valioso y necesario. Esta coalición alternativa bien podría incluir a líderes del ámbito laboral, religioso, de los derechos civiles y empresarial, especialmente en aquellos sectores que más dependen de la mano de obra inmigrante, como la atención médica, la agricultura, la hospitalidad y muchos otros. Es importante que los líderes hablen con una sola voz en defensa de los trabajadores inmigrantes que viven entre nosotros.

No es fácil imaginar una fuerza laboral de trabajadores inmigrantes que presente tan pocas dificultades y tantos beneficios para la nación. Lamentablemente, nuestro mercado laboral es muy diverso según la región y el estado, y cuenta con poca supervisión por parte del gobierno federal. De hecho, la recién formada coalición de gobernadores sobre migración ha sugerido que los estados deberían tener mayor voz en decidir quién puede migrar hacia ellos con fines laborales. Los gobernadores creen que conocen mejor que el gobierno federal las necesidades laborales de sus propios estados.

Ellos también sin duda darían la bienvenida a esta coalición. Un buen ejemplo es el plan del gobernador Mike DeWine, de Ohio, diseñado para atender las necesidades laborales de su estado.

Otro ejemplo de un área que necesita la atención de esta nueva coalición es el nuevo Programa de Trabajadores Temporales H-2A para la agricultura, que ha sido codificado en un proyecto de ley que se encuentra ante el Congreso. Lamentablemente, la legislación propuesta no representa una mejora para este programa, tan necesario. Reduce los salarios y hace que la vivienda, la atención médica e incluso las asignaciones básicas de alimentos para los trabajadores temporales sean mucho menores de lo que son actualmente.

Es un paso hacia atrás, no hacia adelante, en el respeto de los derechos de los trabajadores.

No todos los miembros de una coalición estarán de acuerdo entre sí en temas específicos; sin embargo, en general, todos comparten la preocupación por los trabajadores inmigrantes, sus familias y el efecto de la deportación masiva sobre la fuerza laboral.

Una coalición podría aportar cierto equilibrio a los esfuerzos actuales de la administración Trump por utilizar las deportaciones masivas como solución al desafío migratorio.

Es necesaria una pausa en la deportación masiva de trabajadores, quizás con excepciones para verdaderos delincuentes violentos. Una coalición equilibrada, cuyos intereses no sean egoístas sino que estén formados en favor del bien de los trabajadores inmigrantes y sus familias, podría marcar una diferencia en el actual período de disrupción social.