Cuando esta edición llegue a las parroquias habrán pasado ya 45 días desde que el ciclón María asoló Puerto Rico. Para muchos en Estados Unidos, esas seis semanas y media habrán sido suficientes para olvidar el huracán. Para los puertorriqueños que viven en la Isla, han sido 45 días de purgatorio. Un purgatorio al que nadie le ve final.
El 85% de la población de la Isla sigue sin electricidad, el 30% carece de agua potable. Tras un mes con las escuelas cerradas, el gobierno anunció que los centros de estudio volverían a abrir sus puertas el 23 de octubre: en realidad, solo el 9% de las escuelas pudieron recomenzar las clases ese día.
La mayoría de los hoteles y restaurantes están cerrados. La industria turística se ha paralizado, al igual que la mayoría de los negocios. Hallar un cajero automático donde se pueda sacar dinero es un verdadero milagro. Muchos hospitales están cerrados. Ya se habla de pacientes que mueren por no hallar un hospital donde puedan atenderlos. La mayoría de los semáforos siguen apagados. Cientos de postes eléctricos siguen derribados a la orilla de todas las carreteras.
La gente en Puerto Rico ha exhibido una paciencia y una generosidad heroicas en estos días posteriores al huracán. Pero, ¿hasta cuándo se le puede pedir a todo un pueblo que exhiba esa paciencia? ¿Qué va a pasar en Puerto Rico en los próximos meses? ¿Qué consecuencias tendrá para el futuro de la Isla?
¿El huracán María fue sólo una catástrofe natural transitoria o un desastre que determinará el futuro de Puerto Rico?
El gobierno local ha prometido que para finales de año el 95% de la población tendrá electricidad nuevamente. La Autoridad de Energía Eléctrica, conocida por sus siglas en inglés, PREPA) es el organismo encargado de las extensas y urgentes reparaciones que necesita el sistema eléctrico de la Isla.
La opinión más frecuente que uno escucha sobre PREPA en estos días en Puerto Rico es que se trata de un monopolio corrupto y abismalmente inepto. Las noticias que se leen en la prensa no desmienten ese veredicto.
PREPA, que está en bancarrota y en medio de un pleito legal con los inversionistas, por alguna razón no pidió ayuda a otros estados a través de la American Public Power Association, como sí hizo Florida, por ejemplo, para reparar su red eléctrica.
Hace unos días apareció la noticia de que PREPA había otorgado un contrato por $300 millones para la reparación del sistema eléctrico de la Isla a una compañía que el día del huracán contaba con dos empleados.
Son solo dos indicios de cómo las sospechas de corrupción e ignorancia se reafirman. Pero sobre todo son muestras fehacientes de cómo se añaden penurias y sufrimiento inútilmente a un pueblo que está viviendo en el caos.
La prolongación de esta situación tendrá consecuencias costosas en poco tiempo. A veces uno tiene la impresión de que ni la prensa, ni las autoridades federales de los Estados Unidos se han dado cuenta de que la situación en Puerto Rico es explosiva. La peor parte del huracán María está por llegar.
En primer lugar, ya se habla de enfermedades, emergencias médicas y hasta muertes debidas a la situación actual. Los próximos meses podrían traer epidemias y otros problemas de salud pública si la red hospitalaria del país no cuenta con electricidad y agua corriente en la mayoría de sus instalaciones. Y si los habitantes de la Isla no cuentan con los elementos mínimos necesarios para garantizar la higiene y la conservación de los alimentos.
En segundo lugar, el sistema hotelero, la mayoría de los restaurantes y la industria turística den general están paralizados. Muchos negocios de otros sectores lo están también. Los pequeños negocios no podrán resistir mucho tiempo la situación sin irse en bancarrota. Las personas más capaces y emprendedoras han comenzado a abandonar la Isla.
Ya antes del paso de los huracanes Irma y María, Puerto Rico enfrentaba una difícil situación económica, y una deuda pública de $74000 millones. El efecto de un prolongado período de paralización general podría ser simplemente catastrófico para la maltrecha economía puertorriqueña.
En tercer lugar, y como consecuencia de los peligros mencionados anteriormente, muy pronto Puerto Rico podría enfrentar niveles inusitados de violencia social y delincuencia. Un pueblo desesperado, sin una idea clara del final de su actual situación, y un gobierno colapsado e incapaz de garantizar el orden social pueden ser la mezcla perfecta para llevar el caos a Puerto Rico. Las autoridades locales de Puerto Rico y el gobierno federal de los Estados Unidos tienen en sus manos una bomba de tiempo. Y no parecen haber tomado consciencia de la gravedad de la situación.
Nuestros hermanos puertorriqueños necesitan ayuda de emergencia y la han estado recibiendo. Manos solidarias se han extendido para sostenerlos en estos momentos de crisis. Los católicos de la Ciudad de Nueva York, por cierto, están haciendo su parte. En ambas diócesis se han hecho colectas y misas de solidaridad con Puerto Rico. El pasado lunes 30 de octubre el Cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y monseñor Nicholas DiMarzio, obispo de Brooklyn, viajaron a San Juan llevando $700,000 y $115,000 respectivamente en ayuda.
Pero nada será suficiente si Puerto Rico no logra levantarse y echar a andar de nuevo. Cada uno de nosotros puede hacer donaciones para Puerto Rico, y muchos lo hemos hecho. Es un gesto solidario e importante. Ahora toca también presionar a las autoridades para que tomen consciencia de la catástrofe que se podría estar avecinando en la Isla del Encanto… y que hagan lo necesario para evitarla.
