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NUEVA YORK – En una entrevista reciente con el cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston-Houston y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), se le preguntó sobre la promesa de que las diócesis de Texas divulgarían los nombres de los sacerdotes con acusaciones creíbles de abuso sexual.

Nuestros abogados trabajan en el marco legal de lo que puede ser considerado “acusación creíble” en estos mismos instantes”, dijo DiNardo, agregando que los auditores independientes también revisan los archivos de la arquidiócesis.

En la medida en que la Iglesia Católica de los Estados Unidos intenta enfrentar una creciente crisis de abuso sexual clerical, las diócesis de todo el país han comenzado a revelar los nombres de los sacerdotes acusados.

Si bien las primeras listas de sacerdotes acusados se publicaron en 2002, la publicación de un informe del gran jurado de Pensilvania el pasado mes de agosto ha provocado que otras diócesis sigan su ejemplo, algo que ya han hecho más de 70 diócesis y numerosas órdenes religiosas en todo el país.

Sin embargo, a pesar de la creciente tendencia por revelar nombres, una iniciativa ampliamente exigida por los sobrevivientes de abuso sexual y elogiada por los activistas, la práctica también plantea nuevas preguntas, en particular, lo que realmente significa una “acusación creíble” y quién lo decide.

Acusaciones creíbles vs. Acusaciones justificadas

Cuando los obispos de los Estados Unidos concluyeron su reunión en Baltimore el mes pasado, Mons. DiNardo, en su resumen final, dijo que a medida que la conferencia avanza en sus esfuerzos para responder a la crisis de abuso, entre los próximos pasos se encuentra el “estudio de las directrices nacionales para la publicación de listas de nombres de aquellos clérigos que enfrentan demandas justificadas de abuso”.

Si bien la USCCB carece de protocolos uniformes para divulgar nombres, dejando a la discreción de cada diócesis el establecimiento de sus propios parámetros, muchos obispos en Baltimore expresaron el deseo de una política más integral.

El lenguaje mismo usado en las declaraciones del cardenal DiNardo es quizás una muestra de lo que podrían ofrecer esas directrices, ya que optó por el uso del término “justificadas” en lugar del de acusaciones “creíbles”.

Según Kathleen McChesney, ex directora ejecutiva de la Oficina de Protección Infantil de la USCCB y ahora directora ejecutiva de Kinsale Consulting, “generalmente creíble significa que la acusación podría haber tenido lugar considerando las personas involucradas, la ubicación, fecha y su admisión”.

“Otras diócesis usan incluso ‘plausible’ como definición, que significa lo mismo. Algunas diócesis consideran que las acusaciones creíbles son aquellas que es ‘más probable que sean ciertas que falsas’, mientras que otras buscan más certezas, en otras palabras, que los hechos presentados están ‘más allá de una duda razonable’, que se pueda establecer la culpabilidad mediante pruebas o admisión”, explicó a Crux.

“Además, algunas diócesis no considerarán creíble una acusación si el el acusado falleció antes de que se hiciera la reclamación”, agregó, reconociendo que en las listas que se publican actualmente, algunas diócesis optan por no incluir los nombres de aquellos sacerdotes que ya han fallecido.

Reflexionando sobre la variedad de estándares a la hora de elaborar las listas de sacerdotes acusados, Jerry Topczewski, jefe de personal de la archidiócesis de Milwaukee, consideró que “lo más aconsejable para los obispos estadounidenses sería ponerse de acuerdo sobre una terminología común”.

Topczewski, quien comenzó a trabajar en la arquidiócesis en 1997, recuerda la creación de un comité independiente, compuesto por abogados externos, expertos en psicología y defensores de víctimas, que desarrollaron normas para evaluar las denuncias de abuso y posteriormente revelar los nombres de los depredadores, cuando estaban abordando las denuncias de abuso sexual de la arquidiócesis.

En los documentos elaborados por la comisión y revisados por Crux, la arquidiócesis se basó en un diagrama de flujo que indicaba las autoridades apropiadas que debían consultarse al recibir nuevas reclamaciones y utilizaban el estándar de pruebas para determinar si se debían revelar los nombres de los acusados.

“Me estremezco cuando escucho que una diócesis simplemente dice: ‘Vamos a divulgar los nombres de los acusados de manera creíble'”, dijo Topczewski a Crux, argumentando que no basta con divulgar nombres sino que esto debe respaldarse por un proceso que refuerce su integridad.

Dos décadas de listas en evolución

Cuando la Santa Sede solicitó a los obispos estadounidenses que suspendieran los planes para promulgar nuevos estándares y protocolos de rendición de cuentas en la reunión del mes pasado hasta después de una cumbre mundial sobre el abuso sexual que se llevará a cabo en febrero, en el Vaticano, Bishop Accountability, un grupo que rastrea los casos de abuso del clero, aprovechó la ocasión para pedirles a los obispos que publicaran la lista de nombres de los sacerdotes acusados antes de la reunión de Roma, como una señal de avance para responder a la crisis.

Terry McKiernan, presidente y codirector de la organización, dijo a Crux que la razón por la que tales listas llegaron a existir en primer lugar se debe a los esfuerzos de los sobrevivientes de abuso del clero que se conectan entre sí.

“Se requiere que los sobrevivientes se comuniquen entre sí antes de que las personas comiencen a darse cuenta”, observó McKiernan, agregando que una vez que los nombres de los sacerdotes acusados aparecían en una lista pública, a menudo provocaban que otras víctimas se presentaran y contaran sus historias.

Al recordar la historia de las listas, McKiernan dijo que, de muchas maneras, el libro de Jason Berry Lead Us Not Into Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children (No nos dejes caer en la tentación: los sacerdotes católicos y el abuso sexual de niños), de 1992, ofreció un índice que les sirvió como una primera lista informal de clero acusado.

Al entrar en la década de 1990, “The Linkup” se estableció como la primera base de datos y su boletín informativo, “The Missing Link” (El eslabón perdido) incluía una columna sobre “Black Collar Crimes” (Crímenes de cuello negro), que reproducía informes de abuso sexual clerical.

Cuando Mons. Gerald Kicanas, obispo de Tucson, Arizona, se convirtió en el primer obispo en dar a conocer públicamente los nombres de los sacerdotes que enfrentaban acusaciones creíbles, seguido poco después por el cardenal William Keeler de Baltimore, encontraron una fuerte resistencia por parte de aquellos que argumentaron que tal decisión ponía a la luz pública innecesariamente asuntos internos de la Iglesia, exponía a las víctimas de abuso sexual a nuevos traumas, y en los casos de sacerdotes que fueran inocentes, les negaba el debido proceso.

McKiernan dijo que el informe del gran jurado de Pensilvania en agosto, que relató siete décadas de abuso de más de 1,000 víctimas a manos de 300 sacerdotes, jugó un papel importante en la “evolución” en la manera en que los líderes de la Iglesia pensaban acerca de las listas.

El hecho de que investigaciones similares se ciernen sobre una docena de estados y de que existen rumores de una investigación federal, ha cambiado el cálculo para aquellos obispos que han aceptado que eventualmente se verán obligados a divulgar dicha información.

Incluso como ha demostrado el informe de Pennsylvania, cuando la Corte Suprema de ese estado dictaminó el mes pasado que los nombres de 11 clérigos deben permanecer en el documento a pesar de que los sacerdotes argumentaron que se les negó el debido proceso, la divulgación de nombres no está exenta de complicaciones.

Por esa razón, McKiernan sostiene que no es suficiente que las diócesis simplemente den a conocer sus nombres, sino que también liberen listas sólidas que contienen información importante y las circunstancias del supuesto abuso.

“Cuando los nombres son publicados por las diócesis, sin ningún comentario o contexto, dificulta las cosas”, dijo a Crux. “Creíble en el lenguaje de la Iglesia es la barra más baja. Con ‘evidencias’ es un estándar diferente más alto”.

Aun así, McKiernan cree que la rápida publicación de las listas en los últimos meses es un progreso, y señala que “una vez que sale, se puede actualizar y mejorar”.

Preguntas abiertas

Mientras las diócesis de todo el país intentan salir adelante, la profesora Cathleen Kaveny, catedrática en la facultad de derecho y del departamento de teología del Boston College, dijo a Crux que las tensiones cuando se trata de evaluar estándares de evidencia no son exclusivas de la Iglesia Católica.

“Es un problema que existe en todo el sistema legal”, dice Kaveny, señalando el criterio de “más allá de una duda razonable” que es necesario para las condenas penales. “¿Qué es una duda razonable?”, se pregunta, argumentando que puede ser un estándar bastante subjetivo.

Cuando se trata de abuso sexual clerical, señaló que es particularmente complicado porque “nos vemos obligados a preguntar ‘¿necesitamos algo más que el mero testimonio de la víctima?’ Y si es así, ¿qué más?”

“Esto es especialmente difícil ya que muchos de estos crímenes tienen lugar en secreto”, agregó. “Y se complica aún más porque sabemos que muchas víctimas traumatizadas no necesariamente tienen el nivel requerido de consistencia narrativa”.

Para que la Iglesia evalúe adecuadamente estos reclamos y cómo avanzar, recomienda una consulta amplia con los fiscales de casos de violación y expertos en trauma, junto con abogados canónicos que pueden representar los derechos legítimos de los sacerdotes acusados, y la confianza en la experiencia colectiva en lugar de establecer conclusiones precipitadas.

Por su parte, Topczewski también recomienda seguir el consejo de la presidenta de la junta de revisión diocesana de Milwaukee, Margaret Farrow: “No legislar en crisis”.

Mons. Stephen Rossetti, ex presidente y director ejecutivo de Saint Luke’s Institute, un centro de tratamiento psicológico y espiritual para sacerdotes, dijo a Crux que lo que le preocupa es que la Iglesia esté siendo presionada para divulgar los nombres de personas acusadas de una manera que no se espera que lo hagan otras instituciones.

“Si esto es tan importante para proteger a los menores, ¿por qué no estamos viendo esta misma presión en nuestros sistemas de escuelas públicas?”, preguntó.

“La publicación de esas listas es lo único que se puede hacer en este momento”, concluyó Kaveny, “pero estas preguntas solo sirven para demostrar que todavía hay muchos problemas por resolver”.

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Christopher White es corresponsal nacional de Crux y The Tablet. Tiene una Maestría en Ética y Sociedad de la Universidad de Fordham y un B.A. en Política, Filosofía y Economía de The King’s College. Es exdirector de Catholic Voices USA y sus artículos han aparecido en The Wall Street Journal, USA Today, Washington Post, Philadelphia Inquirer, Forbes, New York Daily News, International Business Times, The American Interest, First Things y Human Life Review, entre muchas otras publicaciones impresas y en línea. Síguelo en Twitter en @ CWWhite212