GUADALUPE, México (Por David Agren/CNS)—. El migrante hondureño Selvin Meza García no quería trabajar colectando “impuestos de guerra”, como lo llaman las pandillas en Centroamérica. La frase se refiere a la extorsión de personas. Las pandillas obligan a los jóvenes como él a colectar estos “impuestos”, en muchos casos a punta de pistola y con amenazas de violencia si no pagan.

“Si alguien no acepta la oferta de trabajar para ellos tiene que huir”, dijo el caficultor Meza desde el albergue católico Casanicolás en los suburbios de Monterrey. Él dijo que excompañeros de la escuela le dijeron que si no aceptaba “seguiremos siguiéndote” y rechazarlos significaba que “tienes que pagar el impuesto de la guerra”.

Las autoridades estadounidenses han reforzado la seguridad en la frontera, han intentado hacer más difícil obtener asilo, y han separado a los niños de sus familias cuando entran al país.

Sin embargo, aunque las desgarradoras escenas de familias siendo separadas en la frontera capturan los titulares — una política que fue suspendida por el gobierno estadounidense — los migrantes continúan saliendo de América Central huyendo de la violencia, la pobreza y cada día más de granjas afectadas por las consecuencias del cambio climático.

Mientras viajan cruzando México, los migrantes arriesgan extorsión, robo y violación sexual. El albergue en Monterrey ofrece a los migrantes una última parada antes de su impulso final hacia la frontera con Texas — a unas 150 millas de Laredo — cruzando el violento estado de Tamaulipas, donde los carteles narcos en muchos casos los secuestran para exigir rescate.

Las políticas estadounidenses más agresivas y las declaraciones bruscas del presidente Trump no logran desanimar a muchos jóvenes. Sin embargo, el personal de albergues en Guadalupe y Saltillo, a 65 millas al oeste, sospechan que las familias — que en muchos casos no se alojan en sus instalaciones porque pueden reunir dinero para pagarle a un traficante o pueden obtener una visa humanitaria para transitar por México — no están dispuestas a arriesgarse a ser separadas en la frontera.

“Los migrantes vienen, arriesgan sus vidas sabiendo que no todos lo logran”, dijo Nelly Morales, directora del albergue Casanicolás, administrado por la parroquia San Francisco Xavier.

“La gente sabe de que es como un precio que tiene que pagar y está dispuesto pagar está precio”, ella añadió. “Ya arriesgaron la vida en su país. Ya arriesgaron la vida en México. Ya están aquí, dos, tres horas del sueño. Lo arriesgan”.

A lo largo de la frontera sureña han surgido el número de detenciones: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 40,300 personas en la frontera suroeste en mayo, un aumento de 160 por ciento comparado con mayo de 2017.

El número de familias detenidas también ha aumentado a casi 9,500 detenciones en mayo, casi el doble de la cifra registrada en octubre.

“Si una persona en la familia es extorsionada o marcada y esa persona se va, entonces ellos (los criminales) persiguen a otras personas de la familia”, dijo Rick Jones, quien trabaja con Servicios Católicos de Socorro en El Salvador. “La gente está intentando salvar a sus niños pequeños y toda la familia tiene que irse”.

México regularmente detiene y deporta a miles de centroamericanos que transitan por el país intentando llegar a Estados Unidos. Los oficiales de inmigración mexicanos no separan a las familias, pero la postura agresiva del país hacia los centroamericanos no les agrada a algunos líderes católicos.

“Lo primero que (tenemos) que arreglar es seguir siendo tapaderas para que la migración no continúe hacía México”, dijo el obispo Raúl Vera López de Saltillo.
“En eso somos cómplices”, dijo, porque el maltrato a los migrantes empezó en México.

“Desde la frontera sur (con Guatemala) para allá (la frontera estadounidense)” empieza la seguridad nacional de los Estados Unidos, él añadió.

México reforzó sus medidas agresivas contra migrantes centroamericanos en 2014 después de que vio una corriente de menores no acompañados de América Central. El gobierno estableció puntos de seguridad de inmigración a lo largo de los países sureños, mejoró la infraestructura fronteriza e intentó eliminar que los migrantes se subieran a trenes — algo que muchos migrantes en albergues en Guadalupe y Monterrey hicieron aunque a veces fueron obligados a bajarse por policías o guardias de seguridad y asaltados.

“Eso hizo que agarraran nuevas rutas” y los llevaron a enfrentar más riesgos, dijo la hermana Guadalupe Argüello, que es parte del personal del albergue diocesano en Saltillo. “Eso da oportunidad que el crimen organizado se aproveche más de ellos”.

Las políticas mexicanas, junto con el continuo fortalecimiento de la frontera estadounidense, han permitido que “los traficantes les cobren mucho más”, dijo la hermana Argüello. “Ahora (cuesta) entre $8,000 y $10,000” contratar a un traficante para viajar desde América Central hasta Estados Unidos, ella dijo.

Muchos de los huéspedes de los albergues en Guadalupe y Saltillo esperan el apoyo de parientes para pagarle a algún traficante para que los lleve hasta la frontera con Estados Unidos y más allá. Algunos trabajan informalmente para ahorrar dinero para pagar el costo de los traficantes.

El migrante guatemalteco Miguel Ángel Cordon, de 42 años, viajó hasta la frontera con la expectativa de que un pariente en Houston le enviara dinero, pero el dinero nunca llegó. Cordon dijo que ganaba bastante dinero instalando equipo de computadoras y teléfonos en su país, pero huyó de Guatemala cuando su hijo y su hermano fueron asesinados en 2015 y él recibió amenazas de muerte que él atribuye a una disputa por una propiedad con un funcionario público poderoso.

Muchos otros migrantes están buscando asilo en México, pero Cordon no parecía entusiasmado con la idea de quedarse. “Con la economía mexicana como está no puedo ayudar a mi hermana. En Estados Unidos sí podría”.