QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO:
Como Obispo, tengo la responsabilidad de reunirme con sobrevivientes de abuso sexual por parte de un miembro del clero. Algo que está entre mis más dolorosos y desafiantes ministerios, pero que es también un privilegio. Por un lado, escuchar sus historias de abuso implica entrar en contacto con la pura maldad. Por otra parte, también soy testigo de cómo opera la gracia de Dios en la vida de los sobrevivientes. El daño que algunos de mis hermanos han hecho sacude mi fe, pero el coraje y el testimonio de quienes sobreviven confirma que el mal no tiene la última palabra.
Ese mal volvió a ser evidente en los horrorosos detalles publicados en el informe del Gran Jurado de Pensilvania, que cubrió el abuso sexual en la Iglesia en un lapso de 70 años. Este informe condujo a la solicitud del Procurador General del Estado de Nueva York, recibida aquí el pasado 6 de septiembre, de que cada diócesis en el Estado presente un recuento de 70 años de abuso sexual, no solo contra un menor sino también contra un adulto por un sacerdote , diácono, obispo o empleado de la Iglesia. Esta es una tarea enorme, que debe completarse antes del 9 de octubre de 2018. Sin duda, debemos solicitar una extensión de tiempo, ya que es casi imposible trasladar toda esa información al formato electrónico en el que se debe presentar dentro de un mes.
Es significativo que a ninguna otra religión o juntas educativas locales se les haya pedido esta misma investigación a pesar de que los estudios muestran que el abuso sexual contra menores y jóvenes es frecuente. Un estudio de 2004 del Departamento de Educación de EE.UU. estimó que 1 de cada 10 estudiantes (10%) será abusado sexualmente por un maestro durante su vida escolar [haga clic para descargar reporte]. Otro estudio de 2007 de Associated Press (ver enlace de Washington Post al estudio de AP) obtuvo hallazgos similares.
La realidad es que todas las acusaciones conocidas contra menores que nos fueron informadas antes de 2002 y desde 2002 han sido remitidas directamente al Fiscal de Distrito de cada municipio comprendido en la diócesis. Y desde el año 2002, las llamadas recibidas en la línea de denuncia gratuita 1-888-634-4499 se entregan al Fiscal del Distrito con la información de cualquier acusación de abuso sexual de un menor por un sacerdote, diácono u obispo.
Los horribles detalles del informe de Pensilvania de estos casos de abuso sexual que se produjeron en un lapso de 50 años, han causado gran alarma entre los fieles y también parecen haber despertado un gran interés en nuestro país y el mundo. Los detalles de los actos perversos, inmorales, desviados y criminales en el informe de Pensilvania han provocado la reapertura de heridas en muchos y causado importantes recaídas a quienes se estaban recuperando. Parece que este informe no tuvo otro propósito que incitar a las personas en contra de la Iglesia y en cambio hace muy poco para promover la curación o la prevención.
A uno solo le queda esperar que al menos un resultado positivo sea un mayor desarrollo de los programas ya existentes para la protección de los niños y la prevención del abuso. Sin embargo, se puede advertir la motivación política detrás de la iniciativa para hacer retroceder el estatuto de limitaciones. Dada la condición actual de nuestro sistema judicial, se le haría muy poca justicia, lo cual es pertinente en estos casos, si llegaran a un tribunal para su resolución como casos penales y civiles. En el estado de Nueva York, cada diócesis ha iniciado un Programa de Reconciliación y Compensación Independiente (IRCP), que ha resuelto numerosos casos en un esfuerzo por lograr el cierre y la reconciliación con las víctimas. Las reclamaciones fueron manejadas por un Administrador Independiente externo, Kenneth Feinberg, quien también manejó la compensación por los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Mientras estaba en Roma, tuve el privilegio de ser el celebrante principal en la misa de la mañana para los seminaristas en el Colegio Norteamericano. Coincidentemente, era el 11 de septiembre. Las lecturas del día, y la recordación de esta fecha, motivaron mi sermón de ese día, que resumiré en la comparación entre la sensación de vulnerabilidad de la seguridad nacional después del 11 de septiembre, probablemente tan grande como el luto por la pérdida de las inocentes víctimas y rescatistas. La respuesta de nuestra Nación fue mejorar nuestros esfuerzos antiterroristas, los que vemos que, gracias a Dios, han funcionado eficientemente hasta el presente. Al mismo tiempo, creo que nosotros como Iglesia estamos en un estado de vulnerabilidad moral en este momento. ¿En quién confías? ¿Estamos recibiendo todos los detalles? ¿Hubo encubrimiento en el pasado? De verdad, es difícil responder brevemente a todas estas preguntas juntas. Sin embargo, tengo la intención de responderlas lo mejor que pueda a medida que terminemos el IRCP para hacer un recuento completo de lo que sucedió y cómo se manejó el programa.
Hasta este momento, al menos puedo decir esto. Cuando en 2002 los Obispos de los Estados Unidos firmamos la Carta de Dallas —”Estatuto para la protección de niños y jóvenes“—, se estableció un programa de tolerancia cero, en el que todos los casos se reporta directamente a la policía, acompañado por un riguroso programa de prevención. Desde ese momento, los casos nuevos han sido mínimos. Pero déjenme ser claro, basta un caso para que sea demasiado. Como he dicho en el pasado, esta fue una especie de epidemia, que tuvo un comienzo, un punto culminante y un final.
Es posible que haya leído recientemente que la diócesis resolvió un caso dentro de la ley de prescripción por $ 27.5 millones, que fue pagado por su seguro. En realidad, otro demandado pagó aproximadamente $10 millones de la cifra total de este acuerdo. Este caso particular no involucra a un miembro del clero, sino a un laico voluntario. Desafortunadamente no se detectaron señales de que se estuviera abusando de los niños. Esto pone de relieve que todos debemos permanecer atentos y compartir la responsabilidad de la seguridad de los niños.
En cuanto a la cuestión del encubrimiento, que sin duda es perturbadora, puedo decirles que nunca he encubierto nada. Antes de 2002, solo el 14 por ciento de los casos que se resolvieron recientemente en el IRCP nos eran conocidos. Un 43 por ciento de las víctimas se presentaron después de 2002 para informar que un miembro del clero había abusado de ellas. Y ahora, al lanzar el programa de compensación IRCP, se ha presentado otro 43 por ciento de las solicitudes de reconciliación. Es difícil entender cómo alguien puede ocultar lo desconocido. Por eso es tan importante que entendamos los hechos, porque de lo contrario, nos llevan a suponer que hubo algún crimen moral grave, lo que no creo haya sido el caso en la Diócesis de Brooklyn. No todos los casos de abuso en el pasado se manejaron de la misma manera porque no había un acuerdo general en la Iglesia sobre cómo un sacerdote podría perder el ministerio. Como resultado, algunos casos se manejaron de forma incorrecta. Pero desde la Carta de Dallas de 2002, hemos resuelto casi todas las dificultades, en el caso de que hay surgido alguna, en el manejo de cualquier caso que se nos haya presentado. Tenemos una junta de revisión externa laica que me ayuda a tomar decisiones sobre cada caso que se ha informado después de que se reporta al Fiscal de Distrito correspondiente.
Mientras la Iglesia Universal se adentra por estos días en las aguas profundas de la autocrítica, es sin duda un momento para profundizar nuestra fe, para orar por la reconciliación, y muy especialmente por aquellos que han sido lastimados y heridos de gravedad por el abuso sexual clerical. Es tan triste saber que dentro del seno de la Iglesia hayan ocurrido cosas tan horribles como el abuso sexual contra menores y jóvenes. Ahora que somos plenamente conscientes de la profundidad de la situación, debemos responder aún más urgentemente a lo que no se ha hecho en el pasado y que deba hacerse en el futuro. No le tememos a una rigurosa rendición de cuentas, pero esta desde luego debe ponerse en contexto.
La Iglesia se ha lanzado recientemente a las aguas profundas de la transparencia con respecto a la historia de las revelaciones de abuso sexual. La Iglesia universal y local trabajará para aclarar y rectificar este desafió a nuestra autoridad moral, que solo puede fortalecerse mediante programas de prevención más efectivos.