WASHINGTON (CNS)—. Una propuesta de la administración Trump de negarle la tarjeta verde a los inmigrantes legales que reciben ayuda pública “cambiará drásticamente el proceso de la migración legal y cada día hará más difícil que los individuos de bajos ingresos y de la clase trabajadora emigren legalmente hacia Estados Unidos”.
Esa es la opinión de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB ) y Caridades Católicas USA, según los comentarios que ellos presentaron en respuesta a las revisiones propuestas de lo que se denomina regla de “carga pública”.
Instaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a que desista de la regla propuesta y regrese a “la interpretación actual y de mucho tiempo de carga pública” y expusieron varias razones para oponerse a los cambios.
Este cambio “socavará la unión y estabilidad familiar, perjudicará a las familias de bajos ingresos y de clase trabajadora y afectará negativamente a la red de seguridad social”.
“La regla tendrá consecuencias severas para la salud pública y es perjudicial para las familias más grandes”, dijeron. “La regla propone una definición de ´carga pública´ y ´beneficio público´ que es arbitraria y hará a las personas menos autosuficientes … y propone un esquema de carga pública que creará razones para negar prácticamente toda solicitud de inmigración”.
El texto íntegro de la propuesta de 447 páginas, titulada “Causal de Inadmisibilidad por Carga Pública“, puede descargarse haciendo clic en este enlace, y está publicado en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional.
Cuando esta fue anunciada un comunicado del DHS decía que la propuesta está orientada a “definir claramente la ley de mucho tiempo a fin de asegurar que los que buscan entrar y permanecer en Estados Unidos temporal o permanentemente puedan sustentarse financieramente por sí mismos y no dependan de los beneficios públicos”.
Las leyes federales siempre han requerido que los que soliciten la tarjeta verde — permisos que permiten que los inmigrantes vivan y trabajen permanentemente en Estados Unidos —comprueben que ellos no serán una carga para el gobierno estadounidense, pero en su decisión de emitir las tarjetas este nunca ha considerado el uso de beneficios públicos, tales como las estampillas de alimentos o vales de vivienda.
La acción podría obligar a millones de inmigrantes que dependen de la ayuda pública para alimento y vivienda a escoger entre aceptar ayuda financiera en forma de Medicaid, estampillas de alimentos, vales de vivienda u otras formas de ayuda pública o solicitar una tarjeta verde para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
“Carga pública se refiere a un factor considerado en el proceso de admitir individuos a Estados Unidos o permitirle a los inmigrantes ajustar su estatus y hacerse residentes permanentes legales”, dijeron la USCCB y Caridades Católicas en un comunicado el 3 de diciembre.
“Durante muchos años el análisis de carga pública se enfocó en recibir ayuda pública en efectivo y hospitalización a largo plazo, o atención similar, lo cual hacía a un individuo dependiente financieramente del gobierno”, dijeron. “La ayuda alimentaria y de vivienda no eran consideradas”.
Cuando la propuesta fue anunciada a fines de septiembre los presidentes de dos comités de la USCCB dijeron que la acción de la administración “socava décadas de políticas y directrices administrativas sobre cómo los inmigrantes son tratados por el gobierno de Estados Unidos”.
El obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, presidente del Comité de Migración de los obispos estadounidenses, y el obispo Frank J. Dewane de Venice, Florida, presidente del Comité sobre Justicia Nacional y Desarrollo Humano de los obispos estadounidenses, dijeron que la regla “complica más las estrictas directrices de elegibilidad que ya están establecidas que previenen que muchos inmigrantes reciban ayuda federal”.
Comentaron que en un “análisis inicial” de la propuesta regla recién presentada “parece que esta será muy perjudicial para las familias, aumentando el miedo entre las familias inmigrantes que ya están luchando para lograr el sueño americano”.
También agregaron que la acción probablemente “va a prevenir que las familias tengan acceso a los servicios médicos y sociales importantes que son vitales para la salud y el bienestar público”.
Jeanne Atkinson, directora ejecutiva saliente de la Red Católica de Inmigración Legal, dijo que la administración se ha sumido “a un nuevo nivel de crueldad con esta propuesta para castigar a los inmigrantes que usan la ayuda gubernamental para alimentar, proveer atención médica y albergar a sus familias”.
La regla propuesta fue publicada el 10 de octubre en el Registro Federal con un periodo de 60 días para comentarios. Seguidamente la administración tomará en consideración los comentarios que reciba al emitir su regla final.
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Nota editorial: el texto completo y los comentarios conjuntos presentados sobre el asunto por Caridades Católicas USA y la USCCB se encuentran en https://bit.ly/2PoDcI3.
