NUEVA YORK – En lo que es el movimiento más reciente para reprimir a la Iglesia Católica, el gobierno de Nicaragua rescindió el estatus legal y confiscó los activos de las sucursales de Caritas en la nación y de dos universidades católicas cerrándolas.

Un acuerdo ministerial publicado en la edición del 7 de marzo en el diario oficial del gobierno de Nicaraguallamado “La Gaceta”, establece que se cancela la personería jurídica de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua “por incumplimiento de las leyes que las regulan. ”

Acuerdos ministeriales separados publicados en la edición de La Gaceta del 7 de marzo, establecen que tanto Caritas en la Diócesis de Jinotega (Caritas Jinotega), como Caritas Nicaragua, “acordaron la Disolución Voluntaria y la liquidación… por decisión unánime de sus miembros”.

Sin embargo, a pesar de que los acuerdos ministeriales publicados enumeran las decisiones como voluntarias, los medios de comunicación locales informan que las organizaciones no tenían otra opción debido a los obstáculos insuperables que les impuso la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega. Eso incluye una ley de 2022 que restringe en gran medida las capacidades de las organizaciones no gubernamentales.

Según los acuerdos ministeriales, el cierre de la sede de Caritas Jinotega fue aprobado el 22 de diciembre de 2022 y el cierre de la sede de Caritas Nicaragua el 31 de enero. Cada acuerdo ministerial fue firmado por María Amelia Coronel Kinloch, Ministra del Interior.

Ni la organización Caritas ni Caritas Internationalis pudieron ser contactadas para hacer comentarios.

Las recientes acciones contra las dos universidades y Caritas siguen al encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, quien después de negarse a exiliarse, el pasado 10 de febrero fue sentenciado a 26 años de prisión por el gobierno, despojándolo de su ciudadanía y multando al obispo con una cuantiosa suma de dinero por cargos de traición, socavamiento de la integridad nacional y difusión denoticias falsas.

El día anterior a la sentencia de Mons. Álvarez llegaron a suelo estadounidense 222 nicaragüenses exiliados. Entre ellos estaba el padre Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II.

La represión de Ortega contra la fe católica en los últimos años también ha incluido el arresto de varios sacerdotes, la expulsión de misioneros, el cierre de estaciones de radio católicas, el cierre de otra universidad católica e incluso la prohibición de una procesión y peregrinación católica en la capital, Managua, el pasado mes de agosto. Muchas personas asociadas con la iglesia, incluido el clero, han sido forzadas a huir.

Los cargos contra la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua en el acuerdo ministerial incluyen no reportar sus estados financieros por más de dos años. Los cargos específicosenumeran “no estar acreditado en los indicadores de calidad; no informar sus estados financieros y consejos de administración; no presentar aclaraciones sobre patrimonio, activo fijo, ingresos, gastos, ejecución de fondos; aumentos y disminuciones de cuentas sin justificación, como lo exige la ley.”

El acuerdo ministerial afirma que a las universidades se les dio una prórroga para ponerse al día a partir del 13 de enero de 2022, pero que no habrían cumplido con dicho plazo. Estas acciones, afirma el comunicado, habrían “obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación de Nicaragua.

El decreto también obliga a los funcionarios universitarios a entregar sus registros académicos (información de estudiantes, profesores, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones) al Consejo Nacional de Universidades (CNU). El CNU procederá a reubicar a todos los estudiantes que estaban matriculados en las universidades en diferentes instituciones. En un comunicado del 8 de marzo, funcionarios de la Universidad Juan Pablo II dijeron estar sorprendidos y entristecidos por la cancelación de su personería jurídica y agregaron que la universidad “se mantiene atenta a los lineamientos para la transición a las instancias gubernamentales correspondientes e inicia los procesos según lo establecido.”

“Estaremos en comunicación permanente con nuestra comunidad educativa, informando a las autoridades los procedimientos a seguir en el traslado ordenado de nuestra casa de estudio”, señalaron los funcionarios.