BOGOTÁ, Colombia (Por Barbara J. Fraser/CNS)—. Los líderes de la Iglesia Católica en Colombia han pedido al gobierno que protejan a los líderes comunitarios colombianos bajo peligro de ser asesinados.
Unos 300 líderes locales han sido asesinados desde fines de 2016, cuando el gobierno firmó acuerdos de paz para terminar un conflicto de medio siglo con el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Representantes de la iglesia han pedido que el presidente Iván Duque, quien juramentó el 7 de agosto, tome medidas para detener los asesinatos.
“Estas violaciones al derecho a la vida significan un abominable y repudiable quebrantamiento de las leyes sagradas del Creador único dueño de la vida”, le dijo a Duque monseñor Fabio Henao, quien dirige la oficina de la pastoral social de los obispos colombianos, en una reunión el 24 de agosto en Apartado, en el norte de Colombia.
“Hacemos un llamado a quienes de manera equivocada creen que imponiendo acciones violentas pueden alcanzar objetivos nobles”, él dijo, según la oficina de comunicaciones de los obispos. “Estos hechos no contribuyen a una auténtica reconciliación entre los colombianos”.
Las amenazas y los asesinatos han aumentado “justo cuando se asume que estamos en paz”, dijo a Catholic News Service Frank Varelas, de la oficina del ministerio social de los obispos.
Hay varias razones, él dijo. En algunos lugares, el fin del conflicto armado podría haber revelado conflictos locales que habían sido atribuidos a la guerra, pero que en realidad tenían otras raíces.
En otros lugares que estuvieron bajo el control de las FARC durante décadas, el desarme dejó un vacío de poder que bandas criminales han llenado rápidamente, luchando por el control del terreno y de la industria ilegal de la droga, dijo Varela.
Hasta que el gobierno gane de nuevo el control de esas zonas, las organizaciones locales son importantes para reconstruir las comunidades abatidas por la guerra, dijo monseñor Henao, quien también dirige el comité del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia de Colombia.
Al obligar a los líderes de base a renunciar o huir, los grupos criminales debilitan las organizaciones que mantienen las comunidades unidas, él dijo.
Las amenazas vienen a través de una nota, o llamadas de teléfono móvil, mensajes de texto o un mensajero en motocicleta. Monseñor Henao dijo a CNS que demasiado a menudo no hay advertencia, solamente una bala.
María Alis Ramírez, del equipo de ministerio social en la diócesis sureña de Florencia, intentó seguir adelante después de recibir una amenaza de muerte de parte de mineros de oro que trabajaban ilegalmente en la corriente de agua más arriba de su finca. Ella había protestado cuando ellos dañaron la corriente que llevaba agua para sus vacas.
Para protegerse, ella cambió su rutina y evitó viajar sola a talleres y liturgias en las comunidades donde trabajaba. Pero cuando su hija recibió una amenaza anónima de muerte contra su madre, Ramírez, de 50 años de edad, decidió que el riesgo era demasiado grande. Ella abandonó el campo y se mudó a la ciudad de Florencia por un tiempo.
Cuando los líderes comunitarios son obligados a huir, reubicarse trae nuevos problemas. Para Ramírez eso significó el gasto añadido de pagar alquiler y preocupación por su finca. Ella regresó a casa después de unos meses a pesar de que el peligro continuaba.
Florencia, ciudad de unos 165,000 habitantes en la región tropical Caqueta, fue impactada fuertemente por la violencia. Esta es también una fuente de coca, la materia prima para la cocaína. Ramírez y líderes comunitarios dijeron que los conflictos allí resultan principalmente por territorio y las drogas.
En los vecindarios urbanos las amenazas contra los líderes vienen generalmente de pandillas involucradas en la venta ilícita de drogas. En las zonas rurales en muchos casos las amenazas tienen origen en grupos criminales que se pelean por el control de zonas donde se cultivan las cosechas narcóticas, especialmente la coca, dijo Rosemary Betancourt Claros, de 48 años, quien dirige una federación de organizaciones comunitarias.
Los grupos criminales consideran a los líderes de esas organizaciones como obstáculos a las actividades ilegales, dijo Diana Cabras, especialista en protección que trabaja con el programa del ministerio social para fortalecer los grupos de la sociedad civil en una región del sur de Colombia que incluye la Diócesis de Florencia.
Cabras dijo que cuando los líderes amenazados recurren a su parroquia u oficinas diocesanas locales pidiendo ayuda, la iglesia les ofrece consejo y acompañamiento, pero protegerlos es responsabilidad del gobierno.
El Ministerio del Interior ha creado una unidad especial que provee guardaespaldas, pero el número de solicitudes le ha excedido la capacidad de responder.
Las agencias del gobierno tienen que “tomar las medidas adecuadas para garantizar no solamente las investigaciones después de que los hechos ocurren, sino también la prevención”, dijo monseñor Henao. “Es muy importante la coordinación interinstitucional en los territorios, el asegurar que no exista ningún vínculo entre las autoridades locales y grupos armados al margen de la ley, y que exista también un seguimiento muy eficiente a las alertas tempranas que vienen desde los territorios”.
Betancourt y otros líderes comunitarios en los alrededores de Florencia tienen la esperanza de una acción más rápida de parte de Duque. El nuevo presidente ha prometido medidas fuertes contra grupos armados, bandas criminales y narcotraficantes, pero también han dicho que hará “ajustes al acuerdo de paz”.
Betancourt dijo que después de más de medio siglo de violencia “nosotros queremos andar de verdad en paz”.