QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO:
Uno de los problemas más graves que enfrenta la futura administración del país es la reforma migratoria. En sus discursos y debates durante la campaña, el presidente electo Donald Trump no se limitó a hacer declaraciones radicales sobre los inmigrantes, especialmente los mexicanos: también propuso construir un muro de 2.000 millas para proteger a EE.UU. de una invasión de inmigrantes, y deportar a 11 millones de indocumentados. Es una idea que parece haber atenuado, pues ahora se refiere sólo a indocumentados con condenas penales. Este es un desafío nacional que no puede ser resuelto sólo por la nueva administración, sino que requiere una reflexión nacional sobre nuestra historia como nación de inmigrantes y nuestra Iglesia, que es cada vez más una Iglesia de inmigrantes.
He trabajado con inmigrantes durante todo mi sacerdocio y episcopado. Esto fue lo que me motivó a hacer una maestría en asistencia social para servirlos mejor. Continué mis estudios con un doctorado en política y asistencia social. Mi tesis fue sobre la “Caracterización de extranjeros indocumentados en el área metropolitana de Nueva York”. Estudié a los indocumentados en Nueva Jersey y Nueva York, y la veracidad de mi investigación fue demostrada por los resultados del programa de legalización de 1986.
Durante aquel debate jurídico, representé a los obispos de Estados Unidos. Los resultados mostraron que los indocumentados estaban muy integrados en la sociedad, trabajando codo a codo con los ciudadanos y residentes legales. El mito de los inmigrantes que abusan de la beneficencia social —como no pagar impuestos o no pagar la Ley de Contribución al Seguro Federal (FICA, por sus siglas en inglés)— fueron refutados, no sólo por mi limitada investigación, sino también por el análisis de este programa de legalización. En muchos sentidos, las generalizaciones, y no la información específica, han teñido el debate durante muchos años.
Cabe decir que la enseñanza de la Iglesia es que las naciones tienen la responsabilidad de salvaguardar sus fronteras, pero que la dignidad humana y los derechos humanos de los inmigrantes siempre deben ser respetados y protegidos por el bien común. También hay que considerar que las personas tienen derecho a encontrar oportunidades políticas, económicas y sociales, en primer lugar en su patria, y de no hallarlas, a emigrar en busca de su bienestar y el de sus familias; en especial los refugiados que huyen de la persecución en ciertos países y merecen ser protegidos.
Muchos estadounidenses se han centrado en el problema de la entrada ilegal al país y en que los emigrantes indocumentados han violado la ley. La entrada ilegal ha sido históricamente considerada una violación de la ley civil, un delito menor. El incentivo para emigrar ilegalmente tiene su origen en un sistema de inmigración en quiebra que no permite una rápida unificación familiar y que no satisface las necesidades laborales de nuestro país. De hecho, durante la recesión económica del 2008, nuestro país acogió un número significativamente menor de indocumentados. Los empleos son los que atraen a los inmigrantes.
Precisamente en esta área es donde el sistema de inmigración necesita una solución. Podemos construir una “Gran Muralla de China” en nuestra frontera, pero eso no detendrá a las personas cuando puedan encontrar empleo. La mayoría de los empleadores son ciudadanos respetuosos de la ley y no deberían contratar a nadie que no tenga un número de Seguro Social. Ahora existe un sistema llamado E-Verify con el cual los empleadores pueden verificar si un número de Seguro Social es válido. Si bien tiene fallos, este sistema probablemente será ampliado por la administración entrante.
De ser así, los trabajadores indocumentados que respetan la ley también deberían tener el alivio de gozar de un estatus en este país que se ha beneficiado de su trabajo. De hecho, el programa E-Verify no puede ser efectivo si estos trabajadores no tienen un estatus migratorio. Ésta es la única forma en que podemos detener la inmigración indocumentada: eliminando los empleos ilegales en lugar de preocuparnos tanto por la frontera.
Aunque poner en práctica una legislación fronteriza es importante, es más necesario detener el transporte de drogas hacia Estados Unidos y detener las ventas ilícitas de armas y drogas en el país. Las drogas llegan hasta aquí por la demanda, de la misma manera que la demanda de mano de obra ha atraído a las personas.
Recientemente, por orden ejecutiva, el presidente Obama dio un respiro temporal de deportación y autorización de empleo a personas indocumentadas que fueron traídas de niños a este país. El programa se llama DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Otro programa para 3.8 millones de padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes ha sido bloqueado en la corte. Muchas familias de inmigrantes están compuestas de indocumentados y ciudadanos nacidos en Estados Unidos. El principio de unidad familiar es importante para nuestra Iglesia.
Admitimos que algo tiene que cambiar. Nuestras leyes deben reflejar mejor nuestra necesidad de inmigrantes, y al mismo tiempo deben reconocer las limitaciones de capacidad de nuestro país para acogerlos. Sobre todo en el caso de los refugiados.
Una vez más, una de las promesas de campaña del presidente electo, Trump, es investigar rigurosamente a los refugiados que llegan a Estados Unidos. No estoy seguro de lo que significa investigación rigurosa; no obstante, la investigación que se les hace actualmente —que sé muy bien cómo es porque durante seis años fui director ejecutivo del programa de reasentamiento de refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos— es lo más estricta posible.
La posibilidad de que algún terrorista extranjero use el programa de refugiados para ingresar a los Estados Unidos es remota. El ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 nos ha enseñado que los terroristas utilizan medios mucho más sencillos para acceder a nuestro país. Si consideramos la situación actual en Europa, donde apenas se investiga a los refugiados y solicitantes de asilo, podemos estar orgullosos de nuestra capacidad de detectar a quienes intentan causar daño a nuestra nación.
Parte de la solución a nuestro problema sería utilizar las leyes vigentes para regularizar la situación de los indocumentados extranjeros que han estado en el país durante un período prolongado. El instrumento específico de la ley se llama “registro”, y ha sido parte de la ley de inmigración desde la década de 1920. El registro tiene como objetivo normalizar a inmigrantes indocumentados con residencia continua y profundas raíces en nuestro país.
El solicitante “debe haber estado ilegalmente en Estados Unidos desde antes de la fecha de corte más reciente (1 de enero de 1972), ser de buen carácter moral, ser elegible para la ciudadanía estadounidense y no estar sujeto a deportación por terrorismo o afiliación nazi”. Si esa fecha de registro se adelantara, por ejemplo, a diez años a partir de la fecha actual, dos tercios de los indocumentados podrían ser legalizados. En otras palabras, habríamos resuelto el problema de las personas indocumentadas y las habríamos examinado contra bases de datos criminales y de seguridad. Por el contrario, la deportación masiva no sería una solución humanitaria a un problema que podemos solucionar de otra manera.
Cuando hablamos del tema de la inmigración, estamos tocando el corazón mismo de nuestra nación, que ha sido construida por inmigrantes, muchos de los cuales nuncatuvieronquepreocuparsepor la entrada legal, entre ellos nuestros abuelos y bisabuelos que llegaron antes de 1920. Nuestra nación tiene el icónico símbolo de la Estatua de la Libertad. Si hoy no podemos aceptar inmigrantes y refugiados, nuestro futuro no reflejará el pasado glorioso de Estados Unidos y nos convertiremos en una nación muy diferente, lo cual iría en detrimento de nuestro país y del mundo.