NUEVA YORK – Destacados líderes católicos se han unido a organizaciones de base de América Central, México y Estados Unidos para lanzar un plan de acción de cinco puntos con la voluntad de proteger a inmigrantes y refugiados durante la pandemia global del COVID-19.
Lanzado el pasado 15 de abril, en un esfuerzo encabezado por el Instituto fronterizo de esperanza (Hope Border Institute) y Fe en acción (Faith in Action), la declaración conjunta declara que tiene como objetivo promover estrategias preventivas y de protección.
“Esta pandemia es una crisis de salud pública que nos hace reflexionar sobre lo interconectadas que están nuestras vidas, por lo tanto es tarea de todos y todas actuar de manera rápida y solidaria”, reza la declaración.
El plan de cinco puntos exige la liberación “inmediata, segura y organizada” de la mayor cantidad de solicitantes de asilo y migrantes detenidos en la actualidad; nuevas medidas significativas para detener la propagación del coronavirus en campamentos de refugiados, refugios para migrantes y centros de detención; acceso equitativo a la prevención, pruebas, tratamiento y apoyo médico y de subsistencia durante la emergencia; un derecho garantizado de asilo, y un llamado a inversiones inmediatas y de gran escala en los sistemas de salud pública, el desarrollo de oportunidades de acceso a empleos y apoyos para la alimentación y educación de las familias más vulnerables.
Los firmantes católicos de la declaración incluyen a la hermana Norma Pimentel, Directora Ejecutiva de Caridades Católicas, del Valle del Río Grande; el cardenal Álvaro Ramazzini Imeri, de Huehuetenango, Guatemala; el cardenal Joseph Tobin, de Newark, New Jersey; el obispo Mark Seitz, de El Paso; el arzobispo John Wester, de Santa Fe; el arzobispo Charles Thompson, de Indianápolis; el obispo Edward Weisenburger, de Tucson; el obispo John Stowe, de Lexington, Kentucky; el obispo Oscar Cantú, de San José y el obispo emérito Gerald Kicanas.
Otras organizaciones católicas que se han inscrito son Catholic Relief Services, Catholic Labor Network, Faith in Public Life, Ignatian Solidarity Network, NETWORK Lobby for Catholic Social Justice y Pax Christi. A ellos se unieron varios líderes interreligiosos, en representación de casi 50 organizaciones.
“Hacemos un llamado a la solidaridad internacional, para que promueva la recuperación económica de los países de la región, facilitando el desarrollo humano e integral de las familias y comunidades más vulnerables”, escriben los firmantes, haciendo hincapié en las causas fundamentales de la pobreza, violencia y corrupción que obligan a las personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otro lugar.
Esta declaración conjunta llega en un momento en que la salud y la seguridad de los migrantes y refugiados enfrentan riesgos extremos, y los funcionarios de salud pública advierten que los centros de detención podrían convertirse en un caldo de cultivo para la propagación del virus.
A principios de esta semana, el ministro de salud de Guatemala dijo que Estados Unidos ha deportado al país a “muchos” migrantes que han dado positivo al COVID-19, lo que aumenta los temores de que tales prácticas puedan continuar la propagación del virus durante un momento crítico en el que los países de todo el mundo están tomando medidas radicales para detener su propagación.
“Incluso antes de la pandemia, los inmigrantes detenidos se vieron obligados a soportar condiciones inseguras; ahora esta crisis requiere una respuesta humanitaria urgente”, dijo John Gehring, director del programa católico Faith in Public Life, que firmó la declaración.
“Los católicos y personas de otras religiones están alzando su voz por el bien común y la salud pública. El objetivo es responsabilizar por esta injusticia a los que están en el poder y exigir cambios en las políticas que protejan la salud y la dignidad humana de los migrantes y sus familias”, declaró a The Tablet.
El mes pasado, Dylan Corbett, del Instituto fronterizo de esperanza (Hope Border Institute), criticó la decisión de la administración Trump de cerrar la frontera sur a los solicitantes de asilo, argumentando que la administración ha armado el pánico creado por la propagación del coronavirus para hacer retroceder a los solicitantes de asilo que intentan entrar a Estados Unidos.
“Están utilizando la pandemia como excusa para hacer cumplir los controles que siempre han querido implementar, que es el fin del asilo”, expresó a The Tablet.
Jennifer Poidatz, vicepresidenta del departamento de respuesta humanitaria de Catholic Relief Services, que también firmó la declaración, dijo que sus equipos están trabajando para diseñar centros de selección para instalaciones de salud y centros temporales para el aislamiento.
“Dadas las condiciones en las que se encuentran tantos hombres, mujeres y niños después de ser desplazados de sus hogares, podría significar que este virus se propague como un incendio forestal entre los refugios y en los campamentos, cobrando muchas más vidas y poniendo en riesgo a muchas más personas”, dijo Jennifer en un comunicado. También destacando que en lugares como México y El Salvador, algunos refugios para migrantes han cerrado, forzando a los recién llegados a quedarse sin hogar e incluso agudizando sus vulnerabilidades.
“Para los refugiados que viven en un campamento, el ambiente congestionado y el acceso limitado a productos de higiene como agua limpia y jabón, pueden dificultar el cumplimiento de las medidas para prevenir la propagación del COVID-19”, continuó. “Los suministros de higiene, la información clara y las prácticas de distanciamiento social son fundamentales en los entornos de campamento. La posibilidad de aislar y cuidar a los enfermos también es esencial durante esta crisis”.
“Las personas que viven en situaciones precarias tienen un mayor riesgo de enfermedad en tiempos normales y necesitan aún más protección en estos momentos”, advirtió Jennifer Poidatz.
