El pasado 7 de diciembre, dos arzobispos estadounidenses pidieron a la administración Trump que detuviera las ejecuciones federales programadas entre esa fecha y el final de su mandato presidencial.

A fines de la primera semana de diciembre, la administración Trump había llevado a cabo dos de esas cinco ejecuciones programadas: las novena y décima ejecuciones federales del año, y las primeras ejecuciones durante el periodo presidencial llamado lame-duck (pato cojo) en 130 años.

“Todos somos pecadores. Algunos han hecho cosas terribles. La justicia es necesaria para la paz. Pero las ejecuciones no resuelven nada”, dijeron los arzobispos Paul Coakley de Oklahoma City y Joseph Naumann de Kansas City en un comunicado conjunto.

“Este Adviento, el Señor viene a amarnos aunque no lo merezcamos. Arrepintámonos y abracemos su regalo. Pedimos clemencia al presidente Trump y al fiscal general Barr, reconociendo el inmerecido regalo de Dios de ofrecer su vida por amor a nosotros: Detengan estas ejecuciones”.

Brandon Bernard, texano de 40 años, fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de diciembre por el asesinato de dos jóvenes religiosos en 1999. Según el Departamento de Justicia, Bernard y sus cómplices encerraron a las víctimas en el maletero de un auto. Finalmente, uno de los criminales les disparó y luego Bernard fue el encargado de prender en llamas el automóvil rociado con gasolina.

El otro condenado fue Alfred Bourgeois, de 56 años, de Louisiana, que fue ejecutado por inyección letal el 11 de diciembre. Fue condenado a muerte en 2004 tras asesinar a su hija de dos años.

Según el Departamento de Justicia, Bourgeois golpeó repetidamente la parte posterior de su cabeza contra la ventanilla y el salpicadero de su camioneta después de que a ella se le derramara su orinal de entrenamiento. El informe del Departamento de Justicia también cita abusos y torturas anteriores.

Trump reanudó las ejecuciones federales en julio luego de un hiato de 17 años. El número total de ejecuciones para 2020 ahora se sitúa en 17 entre el gobierno federal y cinco estados: Texas, Missouri, Tennessee, Alabama y Georgia. En una entrevista con Nuestra Voz, Mons. Mark Spalding, obispo de Nashville, puso en la mira al gobierno federal y a los estados que respaldan la pena capital como un medio de justicia.

“Me decepciona que el gobierno, tanto federal como estatal, siga amparándose en las ejecuciones”, dijo. “No creo que sirva a la causa de la justicia. Simplemente no es necesario para protegernos en la sociedad. Hay otros medios que podemos usar como castigo para quienes cometen esos crímenes atroces”.

En la última mitad de la década, en Tennessee ha aumentado la pena de muerte a pesar de que Mons. Spalding y otros obispos del estado abogan habitualmente en su contra. El estado ha ejecutado a siete personas en los últimos tres años, más que su total combinado entre 2010-2017.

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“El gobernador (Bill Lee) sabe dónde estamos, y rezo para que abra su mente a las enseñanzas de la iglesia”, declaró Mons. Spalding. A nivel nacional, la pena capital no se considera solo una cuestión política. Muchos en el episcopado estadounidense lo ven como un problema cultural.

Después de la ejecución de Bernard el jueves, Mons. Daniel Flores, obispo de Brownsville, publicó en las redes sociales que “hoy la pena de muerte es una sed de sangre en la sociedad y ningún recubrimiento legal puede ocultarlo”.

Mons. Michael Olson, obispo de Fort Worth, dijo a Nuestra Voz que él cree que es una cuestión cultural y moral, no partidista. Por esa razón, reconoce la necesidad de defender y predicar sobre el tema a los laicos, no solo a los políticos.

“Lamentablemente, creo que las opiniones de los políticos sobre el tema no son tan diferentes a las de muchos fieles. Predomina cierta cultura en los Estados Unidos porque nos hemos alejado de la razón correcta y hemos adoptado un enfoque motivista para todo”, declaró Mons. Olson.

“Como obispos, no se trata solo de dirigirse a los políticos y pedirles que actúen. También debemos formar el corazón y la conciencia de tantos fieles que son insensibles o están enojados por el criminal que ha cometido el crimen”, dijo.

Mons. Olson continuó diciendo que la pena capital es la cuestión de la vida que está más críticamente amenazada en Texas. Con 123 ejecuciones, el estado ha protagonizado la mayor cantidad de ejecuciones de la nación en la última década. Los otros 28 estados que usan la pena de muerte suman 208 en el mismo período.

Mons. Spalding no pondría la pena capital por encima de otras cuestiones como el aborto; pero dijo que es un tema preeminente bajo el título de provida. Lo llamó una “enseñanza desafiante para las personas en los bancos”.

“Creo que cada católico tiene que luchar con su fe y enseñanza en la iglesia y llegar a asumir su plenitud y ese es un proceso de por vida”, dijo. “Esta predicación y enseñanza de la iglesia en este momento es que a veces nos sentimos como si estuviéramos en un desierto secular, en una situación donde nuestros valores, nuestros ideales no son aceptados en un marco más amplio. Sin embargo, en medio de ese desierto, comenzamos a predicar el evangelio de la vida”.

Mons. Olson también dejó claro que los obispos que abogan contra la pena de muerte no significa que quieran una política penitenciaria benevolente.

“Todo lo contrario”, dijo. “Refuerza el aprecio por la dignidad de la vida humana y llama a aquellos que han cometido injusticias a que retribuyan en la medida de sus capacidades por sus crímenes y pecados”.