En la Diócesis de Brooklyn, muchos respiran un poco más aliviados por estos días. Un fallo emitido por un juez federal de Brooklyn que ordena al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que cese sus esfuerzos para socavar un programa popular de la administración de Obama —que protege de la deportación a los adultos jóvenes que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños—, está siendo aplaudida por defensores de los derechos de los inmigrantes.
“Esto es una tremenda noticia. Estamos muy emocionados”, dijo el padre Ruskin Piedra, director ejecutivo del Centro Juan Neumann. El centro, ubicado en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Sunset Park, ofrece una amplia variedad de servicios a la comunidad de inmigrantes, incluida la asistencia legal en su batalla contra la deportación.
En una decisión emitida el 4 de diciembre, el juez Nicholas Garaufis, del distrito este de Nueva York, anuló un memorando emitido en julio por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Chad Wolf.
Wolf había ordenado a la agencia que dejara de aceptar nuevas solicitudes para el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
El programa, conocido como DACA, se puso en marcha en el año 2012 a través de una orden ejecutiva del presidente Barack Obama y permitió a los adultos jóvenes — que ingresaron ilegalmente al país con sus padres y tutores cuando eran niños— solicitar el estatus de protección ante el gobierno de los Estados Unidos.
Esos jóvenes que entraron ilegalmente al país cuando eran niños se conocen comúnmente como Soñadores (Dreamers). En 2018, la Oficina del Alcalde para Asuntos de los Inmigrantes estimó que en Queens residían 55.000 soñadores y en Brooklyn 46.000.
Si bien DACA no otorga la ciudadanía, permite que los jóvenes adultos inmigrantes vivan y trabajen en los EE. UU., obtengan un seguro médico y asistan a la universidad sin temor a ser deportados. Según el Center for American Progress, en el año 2019 había aproximadamente 661.000 beneficiarios de DACA en los EE. UU.
“En el fondo de sus corazones, son estadounidenses”, dijo Carlos Apestegui, feligrés de la parroquia Reina de los Ángeles, en Sunnyside.
Carlos, natural de Perú, no es beneficiario de DACA pero dijo que siente simpatía por los adultos jóvenes que se encuentran en esa situación. “Este es el único país que conocen. Llegaron aquí tan jóvenes. No tenían otra opción”, declaró a The Tablet.
El juez Garaufis también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional restituir todos los aspectos de DACA que habían estado vigentes antes de septiembre de 2017, cuando la administración Trump comenzó a tomar medidas para desmantelar el programa. La decisión del juez entró en vigor el 7 de diciembre.
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Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Worker’s Justice Project, una organización de derechos de los inmigrantes con sede en Brooklyn, dijo que estaba satisfecha con el fallo. “Esta victoria es muy simbólica y significativa. Es una victoria que pertenece a todos los jóvenes que lucharon por quedarse aquí”, dijo a Nuestra Voz.
Los soñadores han demostrado que merecen permanecer en Estados Unidos, añadió Ligia.
“Se criaron en nuestra nación y han contribuido económicamente”, dijo. “Muchos beneficiarios de DACA están haciendo un trabajo esencial durante la pandemia”.
Según la Oficina del Alcalde para Asuntos de los Inmigrantes, en el año 2018 los dreamers contribuyeron con 4.7 mil millones de dólares al producto interno bruto de la ciudad de Nueva York.
El teléfono del padre Piedra no ha dejado de sonar desde este último fallo. “La gente llama en busca de información sobre DACA. Se va corriendo la voz”, confesó.
Los teléfonos también suenan en el Centro de servicios de inmigración de Santa Brígida, en Bushwick, donde Mons. James Kelly, su director ejecutivo, está ocupado ayudando a los adultos jóvenes a buscar y completar el papeleo de DACA.
“Estamos recibiendo muchas llamadas”, dijo a The Tablet. “Le hemos estado diciendo a la gente que llene la solicitud”.
Mons. Kelly, que es también abogado, ha estado revisando los requisitos de elegibilidad poniendo atención a las “trampas” que puedan contener para los solicitantes de DACA. Para calificar, los solicitantes deben demostrar que han vivido continuamente en los EE. UU. desde el 15 de junio de 2007. También deben probar que eran menores de 31 años el 15 de junio de 2012, fecha en que DACA entró en vigor por primera vez.
Mons. Kelly dijo que los solicitantes deben presentar un diploma de escuela secundaria o estar inscritos actualmente en un programa de Diploma de Educación General. Un arresto por un delito menor no descarrilará una solicitud de DACA. “Pero si tiene muchos delitos menores en su historial o si es condenado por un delito grave, su solicitud probablemente será rechazada”, aclaró.
El fallo del juez Garaufis se produjo seis meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el intento de la Administración Trump de eliminar DACA. En una decisión de 5-4 emitida el 18 de junio, los jueces dictaminaron que la administración no proporcionó un razonamiento adecuado para eliminar el programa.
Si bien los defensores de los derechos de los inmigrantes aplaudieron la última victoria judicial, confesaron que su alegría se opaca un poco. “DACA no es suficiente. Se introdujo solo como una solución a corto plazo. Es hora de darles a los Dreamers una solución permanente”, dijo Ligia Guallpa.
Para Mons. Kelly la legislación es necesaria ya que protege a los soñadores, pero “DACA no es la ley. Fue puesta por orden ejecutiva. Todavía no es el medio que conduce a la ciudadanía”, dijo.
El padre Piedra también pidió una legislación federal para resolver el tema de una vez por todas. “Aún no es el final del camino”, concluyó.