Catholic News Service
JACKSON, Mississippi (CNS) — UN PROYECTO LEGISLATIVO que impediría que ciudades y universidades de Mississippi le ofrezcan refugio a inmigrantes no autorizados no mantendría las comunidades seguras y va en contra del principio cristiano de atender a los que están en necesidad, dijo el obispo Joseph R. Kopacz de Jackson.
Él emitió un comunicado el 15 de febrero oponiéndose al S.B 2710, también conocido como el proyecto legislativo “ciudades santuario”, el cual fue aprobado en el senado estatal el 9 de febrero. El proyecto legislativo va en camino a la cámara estatal para consideración.
La medida prohibiría que ciudades e instituciones de educación superior se declaren entidades santuario. Actualmente no hay entidades santuario en el estado, aunque la ciudad de Jackson propuso tal declaración el año pasado.
“Como cristianos estamos llamados a acoger al extranjero y cuidar de los que estén en necesidad. Como ciudadanos estamos llamados a mantener nuestras ciudades fuertes y seguras. Creemos que el supuesto proyecto legislativo ‘ciudades santuario’ que se está debatiendo ahora mismo en la Legislatura de Mississippi perjudica ambos esfuerzos”, escribió el obispo Kopacz.
En una ciudad santuario los oficiales del orden público no tienen obligación de actuar como agentes federales de inmigración, en contraste a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). De hecho, se les prohibiría preguntarle a una persona detenida sobre su estado migratorio. El S.B. 2710 prohibiría que las ciudades promulguen normas de santuario.
La declaración de apertura del proyecto legislativo dice que este aplicaría a entidades tales como “un agencia estatal, departamento, subdivisión política de este estado, condado, municipio, universidad, colegio, colegio comunitario o colegio universitario, o cualquier agente, empleado u oficial del mismo”.
Algunos defensores de los inmigrantes dijeron que el proyecto legislativo presenta varias preocupaciones.
Amelia McGowan, abogada de inmigración para el Centro de Recursos para Migrantes de Caridades Católicas en Jackson, dijo que el lenguaje impreciso, especialmente relacionado con las escuelas, presenta varios problemas potenciales.
La primera cláusula puede ser “extremadamente peligrosa,” dijo, ya que podría permitir que cualquier funcionario estatal o cualquier persona que trabaje para el gobierno estatal denuncie a cualquier individuo a las autoridades federales de inmigración. En otras palabras, previene que las agencias estatales y locales les prohíban a sus empleados denunciar un individuo al ICE”, dijo McGowan en un mensaje de correo electrónico al Mississippi Catholic, periódico de la Diócesis de Jackson.
Eso significa que individuos indocumentados o sospechados de ser indocumentados que soliciten servicios en cualquier agencia estatal o local —tribunales, protección policiaca, educación, hospitales o agencias estatales— podrían ser denunciados al ICE por un empleado, explicó McGowan. También significa que una agencia no podría prohibir a sus empleados que lo hagan, ella continuó.
“Ahora se presume que esa persona podría estar protegida en algunos casos por las leyes de privacidad, pero temo que esta cláusula prevendría que los individuos soliciten servicios estatales, lo cual incluye denunciar a la policía delitos violentos”.
Según Christy Williams, abogada de la Red Católica de Inmigración Legal, también conocida como CLINIC, en Silver Spring, Maryland, la cláusula también expone a los municipios a responsabilidad potencial. Un empleado escolar que revele la información migratoria de un estudiante podría estar violando las leyes federales de privacidad y la escuela podría ser responsable.
Si cualquier funcionario reporta a una persona sospechada de estar en el país sin permiso pero que resulte que esa persona tiene el estatus legal válido, la agencia local puede ser demandada. CLINIC destacó un ejemplo de Allentown, Pennsylvania, cuando oficiales arrestaron a un ciudadano estadounidense alegando delitos de drogas.
“El tenía consigo su licencia de conducir y su tarjeta del Seguro Social al momento del arresto y luego fue encontrado inocente”, según un documento de CLINIC sobre ciudades santuario. “Durante su tiempo bajo custodia, la policía llamó al ICE basándose en la presunción de que, debido a su raza, él era indocumentado”.
“A pesar de ser documentado, el ciudadano fue detenido por tres días después de depositar fianza basado en una orden de detención de ICE. Él fue liberado después que un agente lo interrogó y confirmó su ciudadanía. El ciudadano estadounidense demandó a los oficiales locales y del condado en la Corte Federal del Tercer Distrito, llevando a veredictos a su favor y costos del acuerdo totalizando casi $150,000”, dice el documento.
Cuando una agencia local denuncia alguien al ICE, agentes federales pueden pedir a la agencia local que detenga al sospechoso. La agencia local tiene que cubrir los costos de vivienda, alimentación y cuidado de la persona hasta que ICE pueda procesar el caso. Ese dinero raramente es reembolsado a las agencias estatales y locales.
Los críticos del proyecto legislativo de Mississippi dicen que debido a que es impreciso, este también podría erosionar la relación que gobiernos locales tienen con sus comunidades. Si los inmigrantes, aun aquellos que están legalmente en el país, creen que los policías, el personal médico o los bomberos los denunciarán a los oficiales de inmigración, ellos podrían no llamar o vacilar en llamar a las autoridades cuando necesiten ayuda.
McGowan dijo que si el proyecto legislativo se convierte en ley, este “tendría un efecto escalofriante en los individuos que buscan servicios estatales” como atención médica, atención de salud mental y protección policiaca” y afectaría negativamente las oportunidades educativas de los inmigrantes. Ella también cree que este sometería a “mayor peligro” a las víctimas de delitos o abusos violentos. El presidente Donald Trump ha prometido despojar de fondos federales a las jurisdicciones que se declaren “ciudades santuario”.
“Pedimos a los legisladores y proponentes que se opongan al S.B. 2710”, dijo el obispo Kopacz en su comunicado. “Nosotros, como comunidad católica, continuaremos trabajando con los inmigrantes y refugiados, acogiendo sus contribuciones en nuestras comunidades y nuestra cultura, aun mientras oramos por una solución justa a los retos de la inmigración y la seguridad”.