POR SÉPTIMA VEZ consecutiva, Nicolás Maduro extendió el llamado “estado de excepción y de emergencia económica”, que le confiere poderes exclusivos para tomar decisiones sin la aprobación de la Asamblea Nacional, según reportes de Prensa Asociada.
El mandato permite adoptar “medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos y servicios”, de acuerdo al comunicado del gobierno.
Asimismo, Venezuela entregó el mes pasado una misiva que propulsa su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la sede de la organización panamericana en Washington.
“La presente nota constituye nuestro indeclinable manifiesto de denuncia de la Carta de la OEA para que cesen sus efectos internacionales, en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, por los que en su condición de Depositario deberá comunicar, de manera inmediata, a los Estados miembros la presente decisión”, escribió el presidente Nicolás Maduro en una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Los hechos se producen en medio de una sangrienta ola de protestas contra el gobierno de Maduro, cuya represión ya ha costado la vida de 43 personas, según datos de la fiscalía del país.
La crisis ha resonado hasta el Viejo Continente donde los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han exigido a Venezuela “investigar todos los incidentes violentos”, así como liberar a los opositores políticos y respetar los derechos constitucionales, según reportes de la agencia noticiosa Reuters.
“La violencia y el uso de la fuerza no resolverán la crisis del país. Deben respetarse los derechos fundamentales del pueblo venezolano, incluido el derecho a manifestarse pacíficamente”, señalaron los ministros de la UE, en unas conclusiones que aprobaron en un Consejo en Bruselas, de acuerdo al comunicado oficial del organismo internacional.
En el documento pidieron a “todos los agentes políticos y las instituciones del país trabajar de forma constructiva en pro de una solución que respete plenamente el Estado de derecho y los derechos humanos”.
